El proceloso derrotero del precio del gas en boca de pozo

 

El ministro Aranguren arrancó su gestión con los puños llenos de verdades y declaró en diciembre la emergencia energética. Si a la verdad, sin rodeos, le sumamos la transparencia, justo es que quienes van a pagar por el servicio conozcan porqué pagarán los US$ 7,50

La nueva gestión del presidente Mauricio Macri ha decidido poner fin a las distorsiones del mercado gasífero y reencauzarlo hacia el viejo esquema de la 24.076: poner en competencia lo que pueda competir, regular los monopolios naturales y recuperar las reservas gasíferas.

El gobierno requiere de algunas decisiones técnico políticas de superlativa importancia, como lo es la determinación del precio real, justo razonable y del gas en boca de pozo que permita el desarrollo de las reservas tanto de gas convencional como de shale y tight.Tras al rezongo de la Corte por las audiencias, no se vislumbran aún los fundamentos que determinan el valor de referencia de US$ 7,50 el MMBTU para el gas en boca de pozo.

La década del 90 arrancó con la economía en crisis, hiperinflación y una pesadísima deuda externa. Antes de que el Muro de Berlín tocase el piso, Carlos Menem aplicaba los principios del Consenso de Washington pasando de los No Alineados al alineamiento automático con los EE.UU.

Con la Ley de Reforma del Estado —que en su artículo 1º declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos— se privatizaron las empresas gasíferas. Para otorgar más confianza a los inversores se sancionó la Ley 23.928 denominada de Convertibilidad, contradiciendo incluso los principios de las ideas liberales en materia de oferta y demanda.

 “Achicar el estado es agrandar la nación” fue la consigna. Los proyectos energéticos surgieron como hongos. La planificación recibió la extremaunción y la idea de que el libre mercado resultaba el mejor método de asignación de los recursos, se impuso sin restricciones. Un peso equivalía a un dólar y el presidente recibía en su casa a la farándula internacional. 

Se construyeron ocho gasoductos de exportación. La generación térmica se gasificó y por primera vez la oferta de energía superó ampliamente la demanda y creció la capacidad ociosa, incluso algunos generadores se fueron a la quiebra. La exportación de gas llegó a picos de 20 millones de m3/d sin tener en cuenta el volumen de reservas. Monetizar rápido las reservas y acortar el horizonte de para obtener mejor precio fue el norte empresario, lógico y predecible, diríase “de manual”. 

Pese a la caída en el PBI el recurso aumentó su participación en la matriz energética primaria que pasó 36,5% al 51,2%. Las reservas argentinas de gas natural cayeron alrededor del 60%. 

Por esa época, el precio del gas en boca de pozo tenía un precio único por cuenca, uniforme para todas las categorías y se pactaba libremente entre productores y compradores, todo en el marco de la Ley 24.076 y el Decreto Ley 17.319.

Cuando se agotaron los ingresos por privatizaciones, continuaron ingresando divisas pero a altas tasas y para cubrir gastos corrientes. Se aplicaron las recetas de los organismos internacionales e inexorablemente llegó el fin de la fiesta. El PBI continuaba en descenso sostenido. El final es recordado aún: un helicóptero saliendo de la Casa Rosada mientras una batalla campal se desarrollaba en la calle. 

Otra vez el péndulo

Con la salida de la convertibilidad se ordenó la pesificación de los mercados por imperio de la Ley 25.561, denominada de Emergencia Económica. Desde esa fecha hasta 2014, el Gobierno aplicó una segmentación creciente de precios en el mercado gasífero y por Resolución SE 208/2014 comenzó un período de recomposición de los valores, diferenciando al mercado regulado del no regulado.

La demanda de gas natural creció ininterrumpidamente desde el 2002, luego de un lapso de descenso entre 1999 y 2002. Los precios del mercado desregulado fueron acompañando a la demanda hasta que en 2006 quedaron disociados el que pagaba la industria —unos US$ 4,5 MMBTU en 2014— del que pagaban los generadores, cuyo valor rondaba los US$ 2,7 MMBTU.

La diferencia entre los costos y los ingresos de la generación eléctrica –como no podía ser de otra manera– lo abona el Tesoro Nacional a Cammesa, incurriendo en una inequitativa transferencia de renta tanto a ricos como a pobres.

Hasta 2014 el subsidio a ENARSA y el Plan Gas llegó a representar el 31,6% del total del sector energético y el 2,3% del PBI. Debe decirse también —en honor a la verdad y desmintiendo a Lanata— que los subsidios mundiales a la energía superan largamente ese guarismo y llegan al 6,5% del PBI mundial, según el infalible Fondo Monetario Internacional.

Hacia 2014, la caída de las reservas y los crecientes volúmenes de importación obligaron al gobierno a tomar la decisión de reducir los subsidios. Los sectores residenciales y comerciales vieron achicarse la brecha entre el sector regulado y desregulado.

Se aumentó el precio en las distintas cuencas con destino a usuarios residenciales, comerciales y GNC. Por su parte se mantuvieron los precios a la industria, a los generadores, a los usuarios del Sur argentino y a los que reciben subsidios por discapacidad y planes sociales. Los incrementos resultaron un 400% para las tarifas residenciales de R1 a R21 y del 900% a los R33. Para los comerciales P1 y P2 los aumentos fueron del 70% al 100% aproximadamente, mientras que para el Gas Natural Comprimido el aumento fue del 48%. 

Así y todo el precio de las categorías Residencial (con excepción del segmento R34) quedó con valores muy por debajo de los que precios en el sector desregulado a clientes industriales. Los valores para los usuarios residenciales se ubicaron en una banda entre US$ 0,97 el MMBTU y US$ 5,1 MMBTU, para los comerciales entre US$ 0,33 MMBTU y US$ 0,86 MMBTU, y para el GNC el precio resultó en US$ 2,3 MMBTU.

Subsidios a la oferta

Con la idea de aumentar la producción y recomponer las reservas, en 2013 el Gobierno implementó el denominado “Plan Gas” en el que fijó un precio de US$ 7,5 MMBTU para la Inyección de Gas Adicional. El plan consistió en subsidiar la diferencia entre el precio de US$ 7,5 MMBTU pagado al Productor y precio pagado por la demanda. Se creyó que podría estimularse la producción y la búsqueda de nuevas reservas. El plan no dio los resultados esperados, las reservas no aumentaron y la producción no impidió que el GNL continuara fluyendo al sistema.

Un precio a boca de jarro

La Argentina en 2014 importó el 22,1 % del gas consumido vía Escobar, Bahía Blanca y Bolivia, por lo que muchos operadores consideran que los valores del GNL resultan una referencia adecuada para fijar el precio del gas natural doméstico.

A esos precios podría agregarse el de importación eventual de gasoil para generación, y de este modo obtenerse un precio de referencia import parity más cercano a la realidad, aunque resulte más alto que el real de largo plazo. 

Aquí surgen los primeros interrogantes: ¿Sería suficiente con establecer un export parity para explorar e incorporar nuevas reservas o es necesario un importante subsidio adicional? La cifra obtenida ¿sería igual o superior a US$ 7,50? ¿Se obtendría así un óptimo de Pareto?

Por otra parte, si el precio de gas en boca de pozo en la Argentina es de US$ 7,50 mientras que en los EE.UU. ronda los US$ 2,66 el MMBTU parecería, a priori, que dicho precio debería permitir el desarrollo de nuevas reservas. Como diría Fernando Navajas “Es como si se fijara un precio local para la Soja de US$ 700 la tonelada”

Disenso

Algunos expertos opinan que se incurriría en un grave error si se tomase el valor de referencia del GNL porque entienden que no se trata de un commodity strictu sensu.

El GNL no opera en un mercado de competencia perfecta, su importación resulta un complemento para cerrar la demanda local de los importadores, se transa entre diferentes orígenes y destinos con valores que van de US$ 1,60 a 5,80 (actualmente) y la gran mayoría (alrededor del 75%) es mediante contratos a término, muy poco spot, por lo que representa un caso típico de competencia imperfecta. Además en el impredecible caso de que el crudo llegase nuevamente a los US$ 100 el barril, los usuarios locales pagarían mucho más de US$ 15 por MMBTU.

Más interrogantes

Otra de las cuestiones que se plantean —o deberían plantearse— para decidir fijar un determinado precio es ¿cuál es su costo de producción?

A propósito de tan delicado tema, el Gobierno, a través del Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, ha manifestado no conocer dichos costos. Tremendamente sincero, pese que muchos de los funcionarios de Energía provienen del sector gasífero.

Si el gas representa la mitad del sistema energético y el 75% de la producción está en manos de 3 empresas con concesiones por alrededor de 30 años y tenemos una caída vertical de las reservas ¿por qué deberíamos tener dificultades para conocer los costos de producción que resulten adecuados para remunerar a la actividad y reponer reservas? Si la miopía no lo impide, esto sería conveniente incluso para los productores.

En este tema el Gobierno debe ser claro. Si realmente va a impulsar el desarrollo de las reservas gasíferas deberá, indubitablemente, conocer el actual nivel de reservas comprobadas, conocer los costos de explotación de los recursos y determinar cuál es el nivel de reservas óptimas que permitan el autoabastecimiento con un horizonte predecible. Sólo de este modo se podrá determinar el nivel de inversiones necesario para la búsqueda y desarrollo de las nuevas reservas.

En esta línea de pensamiento resulta evidente que se impone la transparencia en los mecanismos de fijación del precio. 

No sólo porque es técnicamente imprescindible, sino porque la transparencia ha sido uno de los postulados de campaña del actual gobierno.

Doxa tribunalicia

En el fallo que obligó al Poder Ejecutivo a realizar las Audiencias públicas, el Alto Tribunal fijó su postura en relación a dos o tres temas relacionados con la industria, los que deberán ser tenidos en cuenta por el Regulador y los operadores del sistema.

En primer lugar, dejó en claro que tanto el precio del gas natural como de las tarifas de transporte y distribución, son temas económicamente estratégicos y políticamente sensibles. 

Lo más alentador del veredicto, es que reconoció que en los últimos catorce años, la evolución de la tarifa ha sido casi nula. Sin embargo, el resto de las opiniones de la Corte no resultaron ser la alegría de los operadores del mercado gasífero. 

En su sentencia, la Corte señaló que deberán realizarse audiencias públicas para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución, aún considerando que en el origen el precio del energético es pactado libremente por las partes. 

Como un elíptico aviso, el Areópago dijo que la experiencia internacional ha demostrado, que con frecuencia los servicios públicos no se financian exclusivamente con los precios y tarifas que perciben de los usuarios sino que reciben subvenciones, beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo que las tarifas de determinados servicios públicos se han utilizado en muchas ocasiones para financiar otras actividades, es decir, subsidios cruzados. 

A estas opiniones, podría agregársele otra que complementa a las anteriores y que recientemente el Ing. Raúl Bertero trajera a la mesa de debate, en ocasión del panel de expertos organizado por el IAE en el ámbito de la UCES. Bertero se refirió al fallo “Vizzoti, Carlos c/AMSA S.A.” que dice “...resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”.

Si atendemos a las razones expuestas podemos deducir que el Estado se enfrenta con una serie de dificultades por delante: determinar el precio justo que permita asegurar el abastecimiento en plazos previsibles, el desarrollo de reservas, el aumento de la producción y la expansión de las redes, todo con la mayor transparencia y sin comprometer la economía de los usuarios y consumidores. 

Por primera vez en la historia hay un Ministerio de Energía y Minería y algo que, a priori, resulta curioso: hay una Secretaría de Estado denominada “Planeamiento Energético”. 

Si el presidente Mauricio Macri consideró que la energía es una cuestión de Estado ¿Podrá Planeamiento asegurar el desarrollo de los recursos energéticos de forma segura, predecible y a precios justos y razonables?