El ENARGAS derogó la Resolución 72 que permitía las subastas de gas natural en el Mercado Electrónico del Gas (MEGSA) y habilitó una mesa de diálogo con las licenciatarias. “Esta iniciativa surge de común acuerdo con las distribuidoras y resulta indispensable, ya que entre otras cuestiones y tareas pendientes, es necesario elaborar una nueva metodología para la comercialización del gas en la República Argentina” dijo en un comunicado el Interventor del Ente, Federico Bernal.
Por su parte las empresas licenciatarias del servicio de gas por redes, nucleadas en Adigas, consideraron “en forma muy positiva la iniciativa y aseguran su presencia en esta instancia de participación, colaboración, discusión y debate” según expresaron en un comunicado. Para la autoridad regulatoria, lo que resulte del diálogo en esa Mesa no tendrá carácter vinculante para la autor. En el mismo comunicado, las distribuidoras manifestaron también que la Mesa “se puede transformar en un espacio constructivo para la optimización de la prestación de un servicio público esencial para los casi 9 millones de usuarios de gas natural por redes en todo el país”.
El gas natural representa casi un 60% de la matriz energética argentina, por lo que su precio tiene impacto directo sobre casi todas las actividades económicas del país, y las políticas de precio aplicadas al recurso son determinantes para todos los argentinos.
Un poco de historia
Hasta la salida de la convertibilidad en 2001 el país fue un gran exportador de gas natural, fundamentalmente a Chile, a precios muy convenientes, para los trasandinos. Durante los ́90 se llegaron a exportar casi 20 millones de m3 diarios a través de 7 gasoductos, lo que produjo una enorme transferencia de rentas al exterior por esta vía.
A partir de 2002, las cosas se complicaron, se cortaron las exportaciones y durante los siguientes 15 años las tarifas se mantuvieron congeladas. Los precios no estimularon la producción y comenzó a importarse GNL.
Las medidas de estímulo impulsadas por el ministro Axel Kicilloff, en el último período de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no fueron suficientes para aumentar la producción y reducir el déficit fiscal provocado por la negativa balanza energética.
Con el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada la Argentina cambió radicalmente su política energética. Durante la campaña electoral, Macri insinuó el camino tarifario cuando llamó a los argentinos a bajar el nivel de consumo de gas natural, abrigarse y no a “andar en patas” en casa.
Tras los ajustes, llevados a cabo por el ministro de Energía Juan José Aranguren, los usuarios comenzaron a pagar precios muy altos de la energía, incluso superiores a los internacionales. El resulado fue una incontenible espiral inflacionaria: por un lado se intentó reducir el gasto público, vía recorte de las inversiones en obra pública, devaluación drástica de la moneda y contracción del consumo, mientras se alimentaba la misma inflación con permanente ajuste tarifario. Todo con el desinteresado aporte del FMI que envió toneladas de dólares para mantener la bicicleta fugadora.
Lo que quedó claro es que los problemas estructurales en materia energética no fueron resueltos y el resultado final es conocido: cayeron el PBI y los salarios y quedó una pesadísima deuda pública. Las únicas empresas argentinas con rentabilidad de normal a extraordinaria en ese período fueron las energéticas y para muestra sobra un botón: Naturgy ganó en 2018 unos $ 2.700 millones.
El fin de las subastas
Durante la gestión de Javier Iguacel, se introdujo el sistema de subastas para la compra de gas natural tanto para industrias como para usuarios residenciales. Se llevaron a cabo en agosto de 2018 y en febrero de 2019 para la compra de volúmenes en firme para las distribuidoras.
El sistema bajó el precio del recurso un 33% respecto al precio promedio 2017 y el de verano un 50%, US$ 3,53 el Mm/BTU para el gas de invierno y 2,59 para el gas de verano.
El precio es uno de los puntos más importantes para cualquier productor, la industria hidrocarburífera requiere de contratos de largo plazo que den estabilidad, para el desarrollo de los yacimientos. Vencidos los contratos en medio del aislamiento provocado por la pandemia, la Secretaria de Energía renovó los compromisos asumidos en las subastas a la espera de una resolución en materia de precios y subsidios.
Intervención anunciada
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva habilitó al PEN a intervenir los entes reguladores. Una vez en funciones, el interventor del ENARGAS decidió poner fin al sistema de subastas con los mismos argumentos esgrimidos por algunos productores como CGC e YPF: el sistema de subastas no garantiza el mínimo costo para los consumidores ni tampoco es compatible con la seguridad del abastecimiento, como manda la ley.
Según Bernal el pase a tarifa (Pass through) automático luego de las subastas determinado en la Resolución 72, constituye una limitación regulatoria autoimpuesta y un renunciamiento a los deberes y facultades inherentes al organismo. “El análisis del precio del gas que debe trasladarse a la tarifa es un elemento esencial del proceso de su determinación y de la elaboración del juicio de razonabilidad de la tarifa” dijo el ENARGAS en un comunicado.
Algunos analistas afirman que las distribuidoras no tienen estímulo para pujar en una subasta para adquirir el gas, ya que la regulación establece un “pass through” y que dicho costo debe ser “neutro”. Incluso podría pensarse que en un contexto inflacionario un mayor flujo de caja podría redundar en algún beneficio adicional para las licenciatarias desestimulando la búsqueda de precios más bajos.
La derogación del mecanismo produjo sorpresa y un sordo chisporroteo entre la intervención del Ente y el ministro de Desarrollo Productivo que tiene a Matías Kulfas a la cabeza. Pero más sorpresa causó la noticia de la convocatoria a una “mesa de trabajo” entre el ENARGAS y las distribuidoras y que el anuncio fuera recibido con beneplácito por las licenciatarias.
Cuidadoso de su competencia y de no “pisar” el sector no regulado, Bernal en un comunicado dijo que en la Mesa se tratarán temas regulatorios, pero a ningún actor del sector se le escapa que las compras de gas y su precio serán el eje central donde girarán los demás temas.
Oligopolio
El mercado gasífero no es un mercado perfecto, se trata de un oligopolio con alto grado de concentración, son cinco las empresas que producen el 80 % de la producción. YPF S.A. abastece el 32% seguido de Total Austral con un 25%, PAE con un 11% y Tecpetrol con un 9%. Más atrás vienen CGC con 3% y Pampa Energía con 2%.
De Bolivia se importa un 13% además del 8% de GNL. Los economistas más avezados en materia energética hace rato hablan de la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández constituya un monopsonio para adquirir todo el gas producido en el país, algo así como una Cammesa del gas, pero nadie quiere arriesgar qué forma tendrá.
Entre los productores las opiniones son encontradas: para algunos un precio más bajo pero con contratos relativamente largos (3/4 años) hoy podría ser el mejor de los mundos. Otros son mas reticentes, confían en una recuperación de la economía y de los precios y los compromisos de hoy podrían ser el yugo de mañana
La demanda de gas en el largo plazo
En el actual contexto de confinamiento social, con una brutal caída del consumo, estimar la demanda de gas en el largo plazo resulta fascinante para los planificadores que tienen la tarea de prever los escenarios futuros.
Uno de los principales demandantes de gas natural es la CAMMESA, que compra toda la oferta para generación eléctrica.
En condiciones normales la demanda futura de gas para generación dependerá de las posibilidades de sustitución de ese recurso (combustibles líquidos) y de las decisiones de política energética relacionadas con los proyectos de generación hidráulica, nuclear y los planes de expansión de las eólicas y otras renovables.
Entre dichos planes, la Argentina prevé construir unos 10.000 MW hidráulicos ademas de otros 3.000 MW de potencia nuclear a través de las dos centrales con participación china y una con participación rusa
Ademas la Ley No 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la Producción de Energía Eléctrica” prevé que la generación de fuente renovable alcance el 8% de la matriz, lo que significa la construcción potencia instalada de unos 10.000 MW de energía eólica y otros 5.000 MW de energía producida con biomasa, solar, mini-micro hidro y cogeneración
