Iguacel y la bomba de tiempo por las deudas y juicios a las distribuidoras y cooperativas eléctricas del interior

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En medio del debate por los ajustes tarifarios y la posible transferencia de Edenor y Edesur a las administraciones macristas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, un nuevo y serio problema ha comenzado a sacudir las bases del sistema eléctrico.

Por Antonio Rossi

Se trata de las millonarias y crecientes deudas que las cooperativas y distribuidoras del interior vienen acumulando con la CAMMESA –la administradora del mercado mayorista eléctrico—y que se encuentran muy cerca de ingresar en la categoría de impagables bajo las actuales condiciones económicas y financieras.

Tras remplazar a Juan José Aranguren al frente de la cartera de Energía, el nuevo ministro Javier Iguacel se topó con el último “informe de cobranzas” de la CAMMESA que encendió varias luces de alerta.

Las facturas impagas de las veinte empresas eléctricas que más le deben a la CAMMESA por la energía que reciben del sistema nacional superaron—a fines de junio—los 14.671 millones de pesos.

Ese monto equivale a casi el 75% de todas las transacciones económicas que se concretaron en junio en el mercado mayorista eléctrico.

Ante la falta de pago y la negativa de las empresas a negociar planes de cancelación a mediano y largo plazo, las autoridades de la CAMMESA –previa comunicación al ministerio de Energía—resolvieron llevar sus reclamos de cobros a la justicia.

Entre fines de febrero y mediados de junio, ocho cooperativas y distribuidoras eléctricas provinciales fueron demandadas en tribunales federales en lo civil y comercial.

Los juicios ejecutivos y pedidos de embargos en juego trepan en total a casi 9.540 millones de pesos y la que encabeza la lista de las morosas es la distribuidora estatal de la provincia de Córdoba (EPEC) con una deuda de 3.164 millones de pesos generada entre febrero y mayo de este año.

En segundo lugar y con una deuda de 2.007 millones de pesos aparece la empresa eléctrica provincial de Catamarca (EDECAT), seguida por la distribuidora –también estatal—de la provincia de Chaco (SECHEEP) que adeuda 1.560 millones de pesos.

A continuación figuran entre las demandas la distribuidora privada de Río Negro (EDERSA) con una deuda de 1.212 millones de pesos y la cooperativas chubutenses de Comodoro Rivadavia (735 millones de pesos), Trelew ( 573 millones de pesos), Sarmiento (150 millones de pesos) y Rawson (135 millones de pesos).

En las gateras y a un paso de ser denunciadas por falta de pago en la Justicia se encuentran la distribuidora provincial de Corrientes (DPEC), la eléctrica estatal de Santa Cruz (SPSE), la misionera EMSA y las cooperativas de Villa Gesell y 16 de Octubre de Chubut.

Ante la movida de los letrados de la CAMMESA, desde las empresas que quedaron en la mira advierten que, con las actuales tasas de interés por las nubes, resulta imposible estructurar algún plan de pago.

En el caso de las cooperativas de Chubut, un acuerdo de pago de 120 meses implicaría el desembolso mensual de una cuota equivalente a casi el 80% de todo lo que recaudan cada 30 días por el cobro de facturas.

En tanto, para algunas distribuidoras provinciales los únicos planes de pago que podrían afrontar en las actuales circunstancias son los que superan los 180 meses de plazo, condición que los funcionarios nacionales no pueden aceptar.

Además de ser injusto e inequitativo con las operadoras que están al día con sus obligaciones, las deudas que acumulan las empresas del interior representan un gravoso problema para las cuentas de la CAMMESA que en su rol de intermediaria entre las generadoras y las compañías que transportan y distribuyen energía eléctrica no cuenta con los recursos suficientes para cubrir todas las transacciones comerciales del sector.

Si bien en determinados casos a las distribuidoras no les queda otra alternativa que dejar de pagarle a la CAMMESA para poder mantener la prestación del servicio con tarifas que no son actualizadas en tiempo y forma por las autoridades provinciales, en otros casos la decisión de no pagar la energía recibida es una jugada que utilizan las empresas provinciales para sacar ventajas y negociar otros temas económicos pendientes con la Nación.

Hasta la crisis de 2001, los funcionarios de CAMMESA tenían a mano una herramienta que más que convincente para cobrarle a las distribuidoras morosas. A las empresas que se atrasaban y no aceptaban formalizar acuerdos de pago, las podía penalizar con un esquema de cortes de suministro que iban creciendo con el transcurso de los días. Pero esa clase de penalidad fue suspendida con la emergencia económica y ahora la única vía para cobrarle a las compañías morosas es con juicios ejecutivos.

En el caso de Córdoba, ésta es la segunda vez en los últimos tres años que aparece sobre el tapete por la falta de pago de la energía que recibe del sistema eléctrico nacional.

A fines de 2016 fue la principal beneficiada con la masiva condonación de los pasivos acumulados con la CAMMESA que dispuso el gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento, la Nación acordó perdonarles a las distribuidoras y cooperativas del interior una deuda total de 17.000 millones de pesos, de los cuales 5.400 millones de pesos correspondieron a los incumplimientos que había concentrado la cordobesa EPEC.

Desde la Casa Rosada y las provincias justificaron semejante condonación con el argumento de que se trataba de una especie de “compensación” a las distribuidoras del interior por el congelamiento tarifario que les había impuesto el gobierno kirchnerista en 2014 y 2015.

Ahora, ya son varios los que creen que, ante la magnitud de las nuevas deudas que se acumularon en los últimos 18 meses, no sería extraño que la Nación y las provincias afectadas negocien otra clase de condonación antes de que la situación se torne inmanejable para los negocios y el funcionamiento del sistema eléctrico.

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