La transición política condiciona definiciones para la industria energética

Por Santiago Magrone

Como a otros importantes sectores de la producción, al energético le toca atravesar el actual periodo de transición institucional del país procurando certezas acerca de la futura política sectorial, que no llegarán hasta tanto no se concrete el casi seguro cambio de Presidente y de coalición gobernante,  a partir de diciembre próximo.

No obstante,  por estos días varios empresarios del rubro han tomado contacto con referentes técnicos de Alberto Fernandez  en el  sector,  los cuales han adoptado el saludable criterio del bajo perfil  mientras elaboran documentos con diagnósticos y propuestas rubro por rubro, y tema por tema.  

Algunos de esos referentes fueron consultados por Energía&Negocios y  coincidieron en remarcar que las definiciones principales acerca de las medidas a adoptar, y del equipo de funcionarios que habrán de ejecutarlas, serán comunicadas oportunamente por AF si, como esperan, la ciudadanía ratifica el 27 de octubre el voto realizado en las PASO.

Mientras tanto, AF formuló pocas declaraciones sobre cuestiones específicas del sector pero dió algunas señales que permiten suponer cambios de criterio en materia de política tarifaria, algo que no debería sorprender considerando el descalabro que la gestión Macri produjo con esta cuestión en las economías familiares, comerciales e industriales.

La mención del  tema no es casual ya que se enmarca en un contexto social, económico y financiero grave que el futuro gobierno heredará de la Administración Cambiemos .

Quien suceda a Macri en la Casa Rosada arrancará su gestión condicionado por un horizonte de deudas por 23.400 millones de dólares en el inminente  2020. Como en otros momentos de la historia argentina el elevado endeudamiento externo se constituye en una bomba de tiempo. Igual que la deuda interna.

Tanto Alberto Fernandez  como Roberto Lavagna, el otro candidato opositor, coincidieron en señalar que el objetivo esencial de un nuevo gobierno será lograr el control de las principales variables económicas para comenzar acotar la inflación, reactivar la economía, recuperar empleos -particularmente en la Industria-, mejorar los ingresos de millones de trabajadores, y reactivar el mercado interno.

La íntima relación que existe entre el dólar y los precios de insumos energéticos como el gas y el petróleo, esenciales para producir electricidad, bienes y servicios , y  también para su exportación, constituye una de las claves a la hora de diseñar un plan de desarrollo social y económicamente viable,  sostenible en el mediano y largo plazo, como corresponde a una política de Estado.

Por su efecto en la macroeconomía del país, la producción de energía está en la consideración de todos los actores sociales:  Gobierno,  empresas,  sindicatos, y usuarios de todo tipo.

Los costos de la producción local de petróleo y gas convencional y no convencional,  su relación con los precios del gas importado (natural y GNL) ,  los costos para producir combustibles y electricidad (de fuentes renovables y no renovables) ,  la infraestructura para el transporte y distribución hasta los centros de demanda,  la ganancia de las empresas en relación a sus inversiones,  el papel del Estado,  y la política fiscal sectorial (nacional y provinciales), constituyen  factores a partir de los cuales el próximo gobierno –de otro signo político- procurará definir una estrategia que garantice autoabastecimiento a tarifas realistas pero accesibles (subsidios incluídos).

Especialistas del sector allegados al Frente de Todos trabajan desde hace varios meses, incluso en ámbitos diferentes,  en  documentos que son catalogados como “de consulta interna”, y son puestos a  consideración del candidato a la Presidencia para su evaluación técnica, económica y política.

Como concepto general se trabaja enfocando la cuestión energética “como parte de la estrategia para el desarrollo del país y no desde una concepción economisista”, indicó una fuente consultada por E&N.

Los trabajos en proceso se refieren a la cuestión tarifaria para los servicios de suministro de gas y electricidad, al desarrollo de recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta  y en reservorios convencionales, al  desarrollo de la energía nuclear,  de la energía hidroeléctrica, de renovables, y a la infraestructura de redes troncales de electricidad y gas.

En tanto,  las empresas petroleras  atraviesan el plazo de tres meses dispuesto por el gobierno para el congelamiento de precios de los combustibles y del crudo para refinar localmente. Asimismo, las transportadoras y las distribuidoras de gas analizan qué inversiones revisar a la baja a modo de compensación por la postergación de ajustes tarifarios programados al momento de la Revisión Tarifaria Integral, que la secretaría de Energía trasladó al 2020.

Ambas medidas están derivando en un aletargamiento de la actividad hidrocarburífera  en diversas cuencas, lo cual ya encendió luces de alerta en los gremios del sector .

Algunos de los referentes consultados por los empresarios, por caso Federico Bernal, Guillermo Nielsen y Sergio Lanziani,  procuraron acotar la inquietud de algunos empresarios e incluso algunos de estos llegaron a la conclusión de que “no habría que esperar locuras” en cuanto a  medidas que pudieran poner en duda inversiones que ya  están proyectadas en el sector . Pero esperarán antes de decidir otras nuevas.

Mientras tanto, varias iniciativas encaradas por las actuales autoridades de Energía, por caso la licitación para construir un gasoducto troncal Vaca Muerta-Saliquelló- San Nicolás,  parecen haber quedado en el limbo de la transición política, y habrá que ver si el proyecto resulta ratificado o rectificado por el nuevo gobierno.