ECONOMÍA & POLÍTICA

Juntos por el Cambio define planes y proyecta el cierre de ENARSA

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La oposición ya trabaja en las políticas públicas en materia energética que llevaría adelante en caso de ganar las elecciones 2023.

En una reunión llevada a cabo en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), equipos técnicos y referentes de la Coalición preparan un diagnóstico de la situación y los eventuales planes y propuestas para sortear los principales escollos económicos, en particular en el sector energético, de cara a las PASO y a las elecciones generales de diciembre.

Según informó Santiago Spaltro de El Cronista, los referentes de la coalición Cambiemos el PRO y su interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; la Unión Cívica Radical -UCR-; la Coalición Cívica; y Encuentro Republicano Federal, de Miguel Ángel Pichetto, vienen trabajando con ideas sobre el sistema de tarifas, subsidios, transición energética, Vaca Muerta y las centrales nucleares, que expusieron este martes en una reunión en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

De acuerdo con el informe, lo más urgente será la "focalización" de los subsidios a las tarifas de la energía para los sectores más vulnerables, "que no pueden ser el 70% de la población". En lugar de la segmentación vigente, Juntos por el Cambio apostaría a la Tarifa Social Federal y continuaría el Programa Hogar para las garrafas.

Para los referentes de la oposición el programa energético no puede estar desenganchado del programa económico general, ya que la energía es uno de los sectores claves y en 2022 los subsidios fueron del equivalente a 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

No trascendió la opinión sobre el impacto positivo que eventualmente tendrá el gasoducto Nestor Kirchner en la balanza energética, pero se descuenta que permitirá una reducción en los subsidios y significaría una baja de gran magnitud una vez concluido el segundo tramo.

Según señalaron, "los precios de la energía que paguen los consumidores deberán reflejar los costos de la producción. A su vez, los servicios públicos tendrán que ser de calidad y a costos razonables".

Entes reguladores

Según señalaron, el gobierno nombrarían nuevos interventores para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), con el objetivo de normalizar institucionalmente los organismos -como ya hicieran en 2015-- y proponer a técnicos en los directorios y que sus nombres sean aprobados por la Comisión Bicameral Especial de Reconversión de la Industria Gasífera, tal es su nombre desde 1992.

En materia tarifaria estudian una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) para electricidad y gas, que permitirá a las empresas de transporte y distribución contar con el flujo de fondos suficiente para cumplir con los marcos regulatorios y hacer frente al costo de la energía, costos operativos, carga impositiva, las deudas comerciales y financieras, con las inversiones obligatorias y con las ampliaciones y mantenimiento adecuado de las redes. La última vez que se llevó adelante una RTI fue en 2016 que entró en vigencia en 2017, pero el propio gobierno debió suspender su aplicación en 2019.

Otra propuesta que ronda es una simplificación de las estructuras tarifarias de la energía, ya que “los 270 precios distintos del gas en el país no incentivan un consumo eficiente”.

En Juntos por el Cambio quieren apostar a la competencia y al rol del sector privado para las grandes inversiones. El Plan Gas 4 y 5 les parece “razonable” y “se debe respetar”, ya que los precios del gas natural para el consumo interno son competitivos.

Pero también buscan que el petróleo crudo a nivel local tienda hacia la paridad de exportación (export parity, a precios internacionales), algo que no ocurre hoy en la Argentina, ya que las refinadoras compran a las productoras a valores que pueden trasladar a la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio.

Cadena de pagos

La consolidación de la cadena de pagos es otra de las metas que se impone la Coalición, pues en la actualidad el Estado mantiene deudas con generadoras y transportistas de electricidad así como con petroleras, mientras que las distribuidoras de energía acumularon deuda por más de $ 600.000 millones (cerca del 0,5% del PIB) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y las de gas mantienen obligaciones con las productoras.

Producción

Los técnicos opositores observan una situación de los hidrocarburos mejor que en 2015, gracias a la maduración de las inversiones en Vaca Muerta por lo que proponen impulsar las obras de infraestructura (y la exploración offshore costa afuera en el Mar Argentino.

Nuclear

En el sector nuclear, proponen es suspender y auditar la construcción de la central Atucha III, cuyo contrato técnico ya fue firmado con China en 2022 aunque todavía no se cerró el contrato financiero. El costo ascendería a unos US$ 8.000 millones de dólares y, dicen algunos técnicos, “no tiene precios competitivos, porque va a ser imposible recuperarlo con tarifas”ralentizarse, ya que la resolución de los contratos implicaba un default cruzado con China.

Cammesa también podría modificar algunas actividades que lleva adelante y dejará de “cumplir funciones no previstas” como la compra de combustibles y el pago de subsidios. Las generadoras eléctricas volverían a comprar gas directamente a los productores privados.

Lo más impactante que trascendió --aunque no hay consenso definitivo- es la posibilidad de cerrar en el mediano plazo la empresa Energía Argentina (ex Enarsa) debido a su alto déficit, luego de que termine de construir el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta y el resto de las obras complementarias, como podría ser la reversión del Gasoducto Norte con Bolivia.


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