El Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, finalmente salió a aclarar declaraciones previas suyas según las cuales su administración estaba considerando aplicar algún tipo de gravamen a la explotación energética del recurso eólico en esa provincia patagónica.
Un comunicado oficial “desmintió versiones que circularon sobre una supuesta iniciativa para aplicar un impuesto al viento”. Y señaló que “se piensa en el desarrollo productivo de la provincia, con las energías renovables en ese marco y con empresas tributando como corresponde”.
“No existe un impuesto al viento, sino que pensamos en el recurso como motor de desarrollo y generador de riquezas”, detalló Arcioni procurando tranquilizar a inversores, y también al gobierno nacional.
Pocos días antes Arcioni se había quejado de que “las inversiones en energía eólica no dejan nada” a su provincia y su ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, dijo que estudiarán el cobro de “algún impuesto que deje algo para Chubut”.
El gobierno chubutense fundamentó su idea en que el viento es un recurso natural, al igual que el agua o los hidrocarburos por lo que es factible imponer una regalía sobre el recurso.
El anuncio produjo el inmediato rechazo del sector de energías renovables y encendió la alarma entre los inversores que invocaron “inseguridad jurídica”.
En sintonía con ello, el gobernador puntualizó que “estamos más preocupados en generar inversión y desarrollo de energías limpias y garantizarlas con seguridad jurídica, que en recaudar impuestos. Alentamos las actividades productivas sustentables y generamos las herramientas para su fomento y radicación en la provincia”, agregó.
Con todo, el mandatario refirió que “la provincia que planificamos requiere de importantes inversiones en el sistema de transmisión eléctrica y una mayor interconexión, y eso se podrá lograr con una mayor rentabilidad para Chubut, en base a lo que acá se produce”.
La Cámara Eólica Argentina (CEA) que agrupa a las principales generadoras de esa fuente, la implementación de un nuevo impuesto “atentaría contra el desarrollo y fomento de la energía eólica en la Argentina”.
En un comunicado el presidente de la CEA, Alfredo Bernardi, dijo que “en el que caso de que se llegara a promulgar un tributo de estas características se vulneraría la seguridad jurídica de los contratos ya suscriptos y daría un mensaje negativo a las empresas que están considerando invertir en una actividad que recién comienza a desarrollarse en el país”.
La CEA advirtió además que una decisión como la que había sido esbozada “sería un exceso en las facultades de la provincia crear tributos sobre un régimen nacional”. La cámara representa a Aluar, GRI Calviño, Siemens Gamesa, Genneia, Grupo Frali, Nordex Acciona Windpower, Pan American Energy, Parque Eólico Arauco, PCR, Vestas e YPF Luz.
Por su parte Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) dijo a la prensa que esta propuesta “tiene más de 20 años” y aparece siempre que una provincia está en crisis. Según su visión, las regalías petroleras son correctas porque son “actividades contaminantes y no renovables, como los recursos fósiles”, pero el viento es un recurso renovable y “no se lo quita a nadie”.
En un comunicado, Cader dijo que “consideramos que una medida de esta naturaleza obstaculiza el normal desarrollo de los proyectos, aleja las inversiones futuras y finalmente afecta a los usuarios finales, dado que sufrirían las consecuencias de la aplicación de los eventuales gravámenes que se pretende crear”.
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