ELECTRICIDAD

La ola de calor agrega tensión a la próxima Audiencia Pública sobre tarifas de electricidad

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Las muy elevadas temperaturas que padece gran parte del país, y azotan al AMBA, perdurarán por varios días.  Están poniendo en evidencia las debilidades del sistema de distribución de electricidad.  A ello, deben sumarse los casos de algunas usinas térmicas que salieron de servicio por varias horas.

En estas usinas recae, y recaerá en los próximos meses a nivel nacional, un mayor esfuerzo de generación como consecuencia del menor aporte de la centrales hidráulicas, afectadas por una persistente falta de lluvias y consecuente merma en los embalses.

El martes 11, con 41,1 grados de temperatura máxima, la demanda de electricidad superó los 27.000 MW y alrededor de 700 mil usuarios del AMBA padecieron cortes del suministro, preventivos y obligados por fallas en la red de distribución de alta y baja tensión, expuesta a una demanda creciente sobre todo a nivel residencial e industrial.

El  miércoles 12 la ola de calor hizo una breve pausa, aflojó un poco la temperatura máxima, la demanda pico fue algo menor a la del día anterior, y el sistema interconectado respondió con mucho menos usuarios afectados por cortes.

Esta situación perdurará, y agrega tensión a la próxima Audiencia Pública que debatirá el incremento de las tarifas del año en curso. El gobierno, las empresas concesionarias del servicio, y las organizaciones sociales diversas expondrán sus posiciones, virtualmente por el Coronavirus.

Parecería haber una coincidencia entre estos actores y es el reconocimiento de que el sistema de distribución registró inversiones insuficientes, particularmente en el AMBA. Pero no coinciden a la hora de explicar a que se debe esta situación.

Las tarifas y los niveles de subsidios estatales en las facturas al usuario, la segmentación de tales subsidios, los planes de obras de mantenimiento de la red diseñados por las concesionarias, la disponibilidad de recursos estatales para su completa realización, y los requerimientos tarifarios, estarán en el trasfondo de los argumentos que se expondrán en la Audiencia.

Con la mira puesta en la inflación de precios, la política tarifaria del gobierno para con Edenor y Edesur es la de autorizar una suba promedio anual del 20 por ciento, similar a la del transporte y distribución de gas natural por redes. En 2021 se autorizó una suba de 9 por ciento. Y antes de fin de año debería concluir y definirse una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).  

En la Audiencia (que no tiene carácter resolutivo) también habrá planteos cuestionando la calidad del servicio, también para reclamar la rescisión de los contratos con las empresas privadas, y volver a la administración estatal del servicio eléctrico, concesionado por 95 años de los cuales en 2022 se cumplen 30. En principio, no parece ser este un objetivo inmediato del gobierno nacional.

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