Martínez propuso en Diputados consensuar un nuevo régimen legal para los biocombustibles

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El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, consideró que todas las partes que intervienen en la producción de biocombustibles en el país “se encuentran, nuevamente, ante la posibilidad de contar con un régimen que esté en consonancia con una situación, tanto local como global, que responde a un nuevo contexto”, y agregó que  “el objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”. 

Ante el vencimiento del actual marco normativo, en mayo próximo, Martínez sostuvo que el régimen de promoción vigente (Ley 26.093/06) “funcionó bien de acuerdo con el contexto nacional e internacional en el que se elaboró”.
El Secretario expuso la postura del gobierno en una reunión (virtual) con miembros de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados,

Un proyecto para la prórroga de dicho régimen por cuatro años cuenta desde mediados de 2020 con la aprobación del Senado, pero su tratamiento en Diputados estuvo demorado y en las últimas semanas se planteó desde el oficialismo la alternativa de actualizar y adecuar el régimen legal para esta industria, que tiene por actores a productores del agro,  plantas procesadoras, y exportadores.

Al respecto, trascendió la existencia de un borrador de proyecto de ley cuyos principales aspectos estarían siendo conversados por Energía con diversas cámaras empresarias. Pero no todas están al tanto de sus contenidos, y tampoco varios legisladores de la oposición, de acuerdo con lo afirmado por algunos de ellos en la reunión.  

Incluso, varios de ellos insistieron en la necesidad de avanzar rápido con la prórroga del régimen actual para dar previsibilidad al desarrollo de las actividades del sector, cosechas incluídas.

Martínez remarcó que “la transición energética es fundamental para nuestra política en esta materia, el mundo va en ese camino”, y sostuvo que  “las decisiones que toma la Secretaría de Energía, dentro de nuestro proyecto político, priorizan el cuidado de las pymes, la generación de empleo, el impulso a la producción y la incorporación de valor agregado”.

El Secretario se refirió al contexto en el que se elaboró y sancionó la norma actualmente vigente, diferenciándolo de la actual situación, nacional e internacional.

“El comienzo de la década del 2000 nos encontraba ante el horizonte de la transición energética y con nuestros yacimientos de hidrocarburos en un alto grado de madurez”, describió Martínez.   Y agregó que la ley finalmente sancionada en 2006 fue un instrumento acorde al contexto de ese momento, para incentivar las oportunidades de inversión y exportación ante la demanda creciente por parte de otros países. Fue en ese marco en el que, recordó Martínez, se produjo “la decisión óptima del presidente Néstor Kirchner de avanzar con la Ley 26.093”.  

A continuación, el Secretario consideró necesario evaluar la situación de los biocombustibles teniendo en cuenta los datos en la fluctuación de precios y costos, las realidades diferenciadas al interior del sector, el contexto local ligado al gas como combustible de transición, en el marco de una situación internacional marcada también por ese horizonte de transición y la necesidad de reducir las emisiones de Co2. 

Especialmente, remarcó la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación.  Además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities, “encontrando algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida de nuestra población”, señaló. 

  Martínez hizo referencia a que la ley vigente alentó la construcción de 55 plantas elaboradoras de bios. 16 de bioetanol a base de caña de azúcar, 6 a base de maíz y el resto de biodiesel producido con aceite de soja.   Al respecto señaló que en el proyecto que se está conversando resulta que 47 de las 55 plantas quedan incorporadas al nuevo régimen. Tendría vigencia hasta 2030, habría una baja en las proporciones actuales de corte a las naftas con bioetanol en base a  maíz, se mantendría para el caso del bioetanol de caña (12%) y también cambios a la baja para los productores de biodiesel en base a aceite de soja.  

En el marco de la necesidad de hallar nuevos consensos que impulsen la actividad y tengan en cuenta la situación específica de los diversos integrantes de la cadena de producción, Martínez abogó por la creación de “una Comisión multisectorial en la que participen todos los actores involucrados”.   Habrá que ver si resulta posible contar con una nueva ley en el corto plazo que resta hasta mediados de mayo o si se plantea una prórroga al menos hasta fin de año de la 26.093 como lo sugirieron algunos legisladores opositores.  

   Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, Omar Felix (FDT) opinó que “debemos animarnos a generar el debate a pesar de que todos sabemos que es un año electoral”.

“No estamos hablando de prorrogar una ley que hoy esta judicializada” (por algunos sectores) y estamos escuchando a todos porque hay distintas realidades para considerar y tratar de llegar a consensos “, agregó.

En tanto, diversas bancadas de la oposición intentarán el jueves 25 sesionar para tratar la prórroga al régimen actual.

Acerca de las proporciones de corte con bios a los combustibles en el mercado local, señaló que “no se trata de defender sectores (petrolero o de biocombustibles) sino a todos los consumidores”.

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