Edesur y Edenor pidieron “tarifa o subsidio”. El ENRE anticipó nuevo esquema para obras

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Con más de 150 oradores inscriptos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad activó la audiencia pública para considerar las propuestas de Transición Tarifaria presentadas por las distribuidoras en el Area Metropolitana de Buenos Aires,  Edenor y Edesur, que solicitaron incrementos que van del 28 al 34 por ciento.

No hubo lugar para lo imprevisto:  las licenciatarias del servicio expusieron sus razones para solicitar un incremento del cargo VAD (Valor Agregado de Distribución) que forma parte de la estructura que compone la factura, y las organizaciones sociales y de usuarios y consumidores rechazaron los argumentos empresarios manifestándose  contrarios a cualquier reajuste tarifario,  en razón de la delicada situación social y económica en el país, agravada por la Pandemia del Covid19 .

Algunos legisladores nacionales y representantes de gobiernos municipales  bonaerenses consideraron inadecuado ajustar tarifas en este contexto, cuestionaron la calidad del servicio a cargo de las compañías,  y pidieron al Ente Regulador mayores controles para corroborar la ejecución de inversiones en la infraestructura del sistema eléctrico.

En la apertura de la Audiencia,  la interventora Soledad Manin,  sostuvo que como consecuencia de la Revisión Tarifaria Integral del año 2016, “las tarifas resultantes no fueron justas, ni razonables, ni transparentes, los incrementos en cuatro años promediaron 730 % y 3.222 % en términos nominales, hasta que en 2019 se congelaron por la imposibilidad de pagar para muchos usuarios“.

Manin también se refirió a la insuficiencia de inversiones ya que las que se realizaron, afirmó, “no tuvieron impacto en una mejora sustantiva de la calidad del servicio, a pesar del aumento de las tarifas”.

“La implementación de la política tarifaria para el sector por parte de Cambiemos no resultó  adecuada.  No sólo por su impacto económico, ya que queremos un servicio de electricidad para una vida digna, y  que acompañe al proceso de crecimiento de la economía del país”, señaló.

Manin agregó que “la inviabilidad de la RTI de 2016 llevó a plantear hasta el pago en 48 cuotas del VAD (post devaluación en el 2018)”. ”Los asalariados, los pasivos, los comercios e industrias pymes estuvieron cada vez más complicados para cumplir con el pago de sus facturas”, recordó.

La Interventora refirió que el objetivo que se procura es “garantizar la prestación de un servicio con calidad para todos, y que la tarifa no sea una pesada carga sobre los usuarios”.

 “Encaramos un periodo de transición por los próximos dos años y habrá nuevas reglas para las empresas transportistas y distribuidoras, con recursos económicos (Fondo Específico  administrado por el Estado) para que las empresas ejecuten obras ”.  Para ello se analizó el flujo de fondos de las compañías, agregó.

 Desde Edesur,  su presidente Juan Carlos Blanco afirmó en la audiencia respecto a la RTI 2016 que  “el incremento de la tarifa resultante fue destinado a eliminar subsidios del Estado y no significaron mayores ingresos para la compañía”.

“El problema son los aumentos de costos en un contexto de inflación, con tarifas congeladas desde marzo de 2019”, explicó.  Y describió que en el período de congelamiento la inflación mayorista fue de 121 % y la minorista 95 %.

Para preservar el servicio, “los ingresos deben mejorar vía aumento de tarifas, incrementos de subsidios, o una combinación de ambos”, opinó Blanco.

Y agregó que “hemos presentado al ENRE para la transición 2 alternativas de solución que pueden combinarse (tarifas más subsidios) con la finalidad de contar con los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad”.

Una es el recupero tarifario, a partir de abril y con una actualización en agosto,  del  34 %  para las tarifa residencial, y del 45 % promedio para las tarifas del resto de las categorías.  Se trata de una actualización del VAD más incrementos en costos de generación.  La otra alternativa, indicó Blanco, es  vía subsidios por un monto de 34.200 millones de pesos .

También “deberá ser evaluada una Tarifa Social como la propuesta por ADEERA para proteger a las personas de menores ingresos” agregó el directivo de Edesur.

Por su parte, Ricardo Torres, presidente de Edenor , rescató a la RTI de 2016 “que se hizo con 15 años de atraso, y se dejó de aplicar en agosto de 2019”, señaló. “Estas tarifas no están dolarizadas sino pesificadas”, añadió.

Acerca de la estructura tarifaria del sector, Torres puntualizó que “el 43 % corresponde al costo de la energía, 33% a la distribución y el transporte, y el resto a impuestos”.

“El incremento de la tarifa ocurrida en los últimos años no fue para Edenor, afirmó, y refirió que en 2020 los ingresos de la compañía fueron de 34.300 millones de pesos.

El directivo hizo mención a “inversiones realizadas por la compañía que redundaron en mejoras en la calidad del servicio” pero señaló que por la merma de ingresos “el déficit previsto por la compañía para este año no será menor a los 20 mil millones de pesos”. “Edenor ha tenido que volver a endeudarse con el MEM”,  señaló en relación al no pago de la energía que le entrega CAMMESA.

Frente a ello, Torres planteó que tal situación se salda vía “actualización de la tarifa o con subsidio directo del Estado” . “No somos partidarios del subsidio generalizado porque creemos que quien puede pagar debe pagar”, afirmó.

Y planteó que la propuesta tarifaria de transición para la empresa “hasta que se resuelva otra RTI”, representaría “un aumento de 28% para usuarios residenciales con un consumo de hasta 300 Kwh  por mes”,  y de 31 % promedio para el resto.

 También se propone modificar la estructura tarifaria para la categoría Residencial  “de manera que las facturas tengan un costo fijo uniforme y dos costos variables”, corrigiendo distorsiones en la facturación actual.

Así las cosas, el  ENRE combinaría desde abril una suba de tarifas menor a las que pretenden las empresas distribuidoras, (también debe resolver acerca de la tarifa para el transportador) con una actualización que sería semestral, y un fondo de asignación específica para obras en el sector, administrados por Energía.

En los días previos a esta audiencia desde el ENRE se había advertido que “de las presentaciones que formularon las empresas se desprende una propuesta de aumento de los ingresos de las concesionarias y una reducción en la inversión a realizar, lo que repercutirá en detrimento en la calidad del servicio”.

Ocurre que Edesur  reclamó $ 22.160.000.000 en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario que data de 2019, y presupuestó entonces un aumento de 253 % en el VAD (margen de ingresos de la empresa descontando la compra de energía), con respecto al 2020, siendo para el 2021 un total de $ 54.000.000.000.

Por su parte, Edenor  reclamó $ 38.477.000.000 por ingresos no percibidos.  La propuesta de aumento sobre el VAD es en este caso del 109 % respecto del vigente al 2020, alcanzando un total de $ 61.000.000.000 para el 2021.

Tales guarismos se modifican a la baja si fuera el caso de que las distribuidoras dejaran de reclamar lo que no percibieron desde los meses de pre-pandemia,  último tramo del gobierno de Cambiemos.

Asimismo,  el  ENRE indicó que esa distribuidora propone una reducción en la cantidad de categorías para las Personas Usuarias Residenciales, un cambio en la estructura tarifaria con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad sus ingresos y que, de aplicarse, generaría un incremento del  157 % en las facturas de casi 800.000 personas,  calculó el Ente.”

A pesar de solicitar aumentos, señaló el Ente, “ambas distribuidoras exigieron disminuir los indicadores de calidad, proponiendo para los semestres del  2021 los establecidos en la Revisión Tarifaria Integral (suspendida) para los dos semestres del 2019,  y para el 2022 los fijados para el año 2020”.

SM

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