La política energética argentina: un camino que se bifurca

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Mauricio Macri prometió pobreza cero, bajar la inflación, crear empleos y mejorar la vida de la gente. Pero lo que logró fue duplicar la inflación, disparar la desocupación y llevar el el salario promedio por debajo de la mayoría de los países de la región.  

La inversión en infraestructura y obra pública —que tiene un fuerte impacto en el nivel de empleo— redujo su presupuesto a la mitad. Nadie esperaba que esto sucediese con un presidente cuyo “core business” familiar es, justamente, la construcción y la obra pública. 

Se cerraron miles de empresas, se reimplantaron las retenciones —que se extendieron hasta las manufacturas— y la gestión concluyó peor que como empezó: con un cepo al dólar que el linaje liberal considera ignominioso. 

El riesgo país voló a más de 2.000 puntos y las tasas de interés llegaron a guarismos inimaginables. El endeudamiento externo terminó por descalabrar totalmente la macroeconomía y nuevamente se incurrió en un virtual default. 

Se retrajo el consumo y cayó el PBI, en definitiva, se achicó el país.  No es la primera vez en la historia argentina que las políticas financieras desacopladas de la economía real dejan al país en estado calamitoso.

Cuando Macri asumió, pidió que evaluaran su gestión por el índice de pobreza: “Quiero que me juzguen por si pude o no reducir la pobreza”. Aun así, pese a que todos los indices son negativos, tras su salida declaró: “Sentamos las bases de cambios profundos y duraderos”.

Tarifas vs.  salarios

Una de las pocas promesas de campaña que fueron cumplidas fue el “sinceramiento tarifario”, pero paradójicamente, mientras se tomaban medidas antiinflacionarias se ajustaban tarifas, motor principal del nivel de precios. 

Lo mismo sucedió con los hidrocarburos, se acoplaron con los precios internacionales al tiempo que se reducían los ingresos reales de los usuarios. También se redujeron los susbsidios a la demanda pero se mantuvieron a la oferta, en particular a los productores de no convencionales.

El modo como implementó el ajuste tarifario Aranguren le dio muy mala imagen al gobierno. ¿Pudo ser diferente? sin dudas, pero para ciertas acciones políticas se requiere “cintura”, característica ausente en el ex ministro. Si bien las tarifas de gas natural se mantuvieron por debajo de las de la región, la evolución del salario fue negativa: en 2017 retrocedió 6,8% en dólares con respecto al inicio del gobierno de Cambiemos. Es decir que un trabajador que destinó 30 dólares en 2017 para pagar 200 m3 mensuales significa que pagó 161% más que en 2015 y destinó un 6,2% del salario, mientras que en 2015 ese porcentaje fue  de  2,2%. Los ajustes al alza del servicio público de distribución de gas natural desde diciembre de 2015 hasta ahora fue del 660%, y a lo largo de 2018, para los usuarios, las subas en gas rondaron el 77,6% (32% en abril y 34,5%  en  octubre).

El precio del gas en boca de pozo también impactó en la generación eléctrica donde el aumento fue 46,3% (18% en enero y 24,4%  en  agosto). Estos dos ajustes potenciaron otro aumento: el servicio de agua que aumentó un 26% durante abril del año pasado para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Dale gas a la balanza

La balanza exterior en materia energética está saneada y no representa una pesada herencia para Alberto Fernández, sino más bien, una oportunidad para desarrollar una fuente de ingresos en moneda dura, tan necesaria para el país.

Las razones de este equilibrio se explican, en primer lugar, por el incremento de la producción de gas natural que disminuyó la necesidad de importar.  El aumento en el desarrollo de los recursos no convencionales redundó en una recuperación del saldo comercial del sector que pasó de un superávit de US$ 6,1 mil millones en 2006 a un fuerte déficit, alcanzando un saldo negativo de US$ 6,9 mil millones en el 2013. Este déficit se explica por las importaciones de gas de Bolivia, GNL, electricidad, petróleos crudos, livianos y gasoil.

En 2018 el déficit se redujo hasta US$ 2,3 mil millones y continuó disminuyendo durante 2019. Los indicios hacen pensar que 2019 terminará con un saldo negativo de US$ 200 millones, un número que es prácticamente de equilibrio.

En segundo lugar, la disminución de la demanda también contribuyó a mejorar la balanza. Hubo caída del consumo residencial, comercial e industrial y también disminuyeron las necesidades de gas natural para usinas. 

Hay que tener en cuenta la renegociación del contrato con Bolivia, que “forzaba” un volumen alto de inyección en los meses de verano en los que no existía demanda, por lo que se terminaba forzando en usinas.

Pero a este “equilibrio” no fue gratuito. Según la Asociación de Argentina de Administración Financiera Pública (ASAP), el total de subsidios destinado a la producción no convencional de gas natural (los ítems “Resolución 46” e “incentivos a la producción”) suman $ 11.102 millones, incrementándose 664% respecto del año anterior y representando el 13,3% del total de subsidios energéticos.

Por su parte, los subsidios en el sector presentaron un aumento del 70% en el acumulado del primer semestre de 2019 respecto a igual periodo del año anterior y esto implica mayores subsidios por la suma nominal de $ 34.429 millones hasta junio respecto a igual semestre de 2018. Los subsidios más importantes acumulados a junio de 2019 fueron para CAMMESA ($ 36.899 millones) con un incremento de 16,3%, IEASA (Ex ENARSA) con $ 24.900 millones, es decir 255,7% más que igual periodo del año anterior, el Plan Gas (Resolución 46 MINEM) con $ 9.800 millones y el ente Binacional Yacyretá con $ 3.317 millones.

Algunos técnicos sostienen que hubo una mayor penetración de renovables, pero la menor demanda y la prioridad de despacho por contraste, pusieron a las renovables —en particular a la eólica— en un rol más relevante. Debe sumarse el regreso al sistema de la central Embalse luego de haber salido del sistema en 2016 y de la instalación de 2.800 MW térmicos de ciclo abierto, para cubrir los picos de demanda. La madre del borrego:

El precio del gas en boca de pozo

El MINEM estableció un sendero de precios para el incremento del gas natural en PIST, que lo llevaría de US$ 1,29 por millón de BTU (MMbtu) en diciembre de 2015 a los US$ 6,80 el MMbtu por millón de BTU a 2019 lo que implicaba un 426% de aumento. 

El precio se estimó en función de la paridad de importación en 2016 del precio de importación del GNL y en las zonas donde se aplican tarifas diferenciales, la eliminación de subsidios y la aplicación del nuevo “costo de oportunidad” también sería escalonado con una finalización prevista para octubre de 2022. El 28 de diciembre de 2016, el MINEM aprobó la Resolución Nº 312/2016, que buscó morigerar los efectos negativos que las medidas judiciales habían tenido sobre los ingresos de las empresas. Fue un leve freno a la política energética que se venía aplicando, con el foco en la reducción de los subsidios, el PEN dispuso una nueva asistencia económica a las distribuidoras por $ 3.450 millones, muy parecida a la de 2015, procurando financiar las inversiones comprometidas y la cancelación de deudas con los productores.

Durante los primeros 24 meses, el precio del gas en boca de pozo se incrementó en un 78,3 % mientras que las tarifas finales para usuarios residenciales lo hicieron en un promedio de136%. 

El nuevo esquema tarifario no resultó equitativo. Los usuarios de menor consumo pasaron a pagar más, mientras que para los usuarios de mayor consumo el valor final de la tarifa sufrió un aumento del 50,7% para los usuarios de consumo medio la suba resultó 161% y para los de consumo bajo resultó 196,7%. Si el objetivo fue buscar una sola tarifa por subzona tarifaria para los usuarios residenciales de cada distribuidora —como el modelo marginalista del 90—, lo que se logró fue una regresión distributiva. En 2015 el valor en dólares del MMbtu para los usuarios de alto consumo era 248% superior a la de un usuario de bajo consumo y en 2017 esa diferencia pasó a ser de 77%. Pese al resultado electoral de octubre de 2017, el humor social ya comenzaba a resentirse.

Tarifas y elecciones

En abril de 2019 el Enargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios para transportistas y distribuidoras, según la última Revisión Tarifaria Integral. Los nuevos cuadros tarifarios implicaron incrementos del 26% en los componentes de transporte y distribución, en línea con la inflación mayorista experimentada entre agosto de 2018 y febrero de 2019.

Esos cuadros reflejaron también los nuevos precios resultantes de la subasta para la provisión de gas natural que implementó la Secretaría de Energía en febrero. Si bien los precios estaban denominados en dólares, fueron pesificados a un valor de 41 pesos por dólar hasta el fin del semestre, o sea, hasta el 1 de octubre de 2019.

Para los usuarios residenciales, este nuevo precio se aplicó de manera gradual. Más precisamente, en abril y mayo de 2019 se aplicaron descuentos del 27% y del 12% en el precio del gas, de manera que la totalidad del aumento recién se vio reflejada en las facturas correspondientes a los consumos de junio. Estos descuentos en las facturas fueron cubiertos por el Estado nacional mediante subsidios, canalizados directamente hacia los productores.

Se aplicó un diferimiento del 22% en las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2019.  

Esto implicó un alivio financiero para el usuario, ya que el saldo generado se pagaría con las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre de 2019, por 5 períodos mensuales iguales y consecutivos.

En teoría, los usuarios sentirían una menor fluctuación en las facturas a lo largo del año, mientras que los intereses generados por la postergación de dichos pagos son cubiertos por el Estado nacional mediante subsidios.

Las mediciones electorales seguían dando señales inequívocas de que, a lo sumo, Macri podría ganar ajustadamente en la segunda vuelta, lo que reforzó las medidas económicas de caráter electoral.

El aumento semestral en las tarifas de transporte y distribución que debía comenzar a regir el 1 de octubre de 2019, reflejando la inflación ocurrida entre febrero y agosto de 2019, fue suspendido hasta el 1 de febrero de 2020, otorgándole el PEN una compensación a las distribuidoras a través de menores inversiones obligatorias de las prestadoras para no alterar lo establecido en la RTI.  El monto por esa sub ejecución, no está aún debidamente determinado.

En cuanto al precio del gas propiamente dicho, se mantuvo el valor que fuera pesificado a razón de 41 pesos por dólar sin el ajuste de tipo de cambio que correspondía realizar en el ajuste de octubre.

Humor social

El largo y tortuoso camino en repecho de las tarifas, cambió la opinión política del electorado que resultó una aplanadora electoral. Pero no fueron solamente las  tarifas.  La demanda de combustibles líquidos, también sufrió una caída promedio interanual de entre un 4,5 y un 5%. 

El combustible que sufrió mas la caída fue la nafta premium, que alcanzó el 23%, si se lo compara con el 2018. Las naftas de menor calidad amortiguaron la caída de las de primer nivel, con un un incremento en las ventas del 3% interanual, si bien el porcentaje es 20 puntos menor a la caída de las naftas premium, en materia de volúmenes es casi similar. Esto se debe a que la súper es  la que lidera el mercado.

En materia de consumo eléctrico, las cifras negativas, también acompañaron. Según Fundelec el PBI cayó 2,3% en 2016, mientras que la demanda de energía ascendió apenas 0,2%; 2017, el PBI creció 2,9% pero el consumo eléctrico descendió un -0,8%; en 2018 existió un descenso del PBI del -2,6%, pero la demanda sólo subió un 0,2%.

Alta inflación, disparada de la divisa, caída de las ventas, altas tasas de interés, aumento de la desocupación y desatención de los sectores más vulnerables formaron una silenciosa, contundente y negativa opinión. 

El gobierno la percibió tarde y no pudo revertir la inercia cuando decidió postergar la aplicación de los ajustes hasta después de las elecciones. 

Las provincias productoras hicieron rápido los números y más que rápido retiraron el apoyo al  Gobierno  nacional.

Las políticas de Alberto

En el pasado se “pisaron tarifas” lo que produjo un fenomenal desequilibrio de la balanza energética por la necesidad de importar miles de millones de dólares en GNL. “No vamos a cometer los mismos errores” señalan los asesores de Alberto Fernández. “Comprendemos perfectamente la cuestión y tenemos presente los hechos del pasado”. 

Los asesores de Alberto Fernandez pergeñaron ocho puntos básicos para un plan de estabilización y normalización tarifaria para el servicio público de transporte y distribución de gas natural por redes que sentaron bases de los tres escuetos pero potentes artículos del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y Emergencia Pública.

Entre los puntos básicos se estableció el congelamiento por 180 días de las tarifas y del precio del gas en boca de pozo. Ese plazo -dicen- será suficiente para encarar una revisión tarifaria y no voltear el sistema y que las empresas productoras se avengan a convenir un precio del gas de emergencia.  De este modo se evitaría evitar el estrangulamiento de la oferta de gas natural por la caída de la producción y expansión de la demanda.

Hay una corriente interna que presiona al novel presidente para convertir a YPF en el motor de la industria pyme a través de un mecanismo sencillo: compre nacional con compras programadas.

El equipo de Alberto sabe que cualquier política de abastecimiento energético debe —necesariamente— contener una señal de precios para no incurrir nuevamente en un consumo indolente que quiebre la balanza comercial energética y menos en un contexto de fuerte restricción externa. Los usuarios y la industria gasífera necesita previsibilidad, por lo que resulta imprescindible estabilizar los factores macroeconómicos que dominan al sector.

Durante un eventual congelamiento de emergencia, circunstancial y provisorio, hasta lograr un equilibrio macroeconómico, se buscará un acuerdo con los cuatro grandes productores, porque entienden que el sector deberá ser una fuente de recursos en un momento de fuerte restricción externa.

Off the récord, los funcionarios de la nueva gestión reconocen que para lograr ese equilibrio, requieren precios previsibles por lo que es necesario celebrar contratos de largo plazo.

El precio del gas podría ubicarse entre 2.8/3.0 dólares, apalancados con un seguro de cambio de la banca pública. Una buena opción es que YPF se hedchee con títulos públicos, propuesta que la petrolera de bandera no ve con malos ojos, según filtraron fuentes confiables.

Si bien el Enargas será intervenido —al cierre de esta edición no había sucedido— y revisada las tarifas, los equipos técnicos manifestaron que buscarán promover incentivos para la compra de gas. Hoy las distribuidoras participan de las subastas pero no tiene incentivos para obtener mejores precios. Y si tenemos en cuenta que Metro es controlada por YPF la idea de competencia desaparece. Es por eso que buscan estabilizar la macro para volver a la subastas con los interrumpibles.

Algo se habló también de un “fondo anticíclico” pero la renegociación de la deuda, la alta inflación, la incertidumbre cambiaria y otras urgencias obligaron a cajonera la carpeta.

Precios

“El precio que los argentinos paguen por el gas deben responder a “costos económicos reales y razonables que permitan no sólo el abastecimiento, sino la reposición de reservas” Dijo un asesor de AF. Y agregó: “el congelamiento tiene mas que ver con el freno a la inflación que con la lógica de la industria” afirmó. Pero este principio está presente en el diseño de las políticas energéticas. Además del estudio de costos del precio en boca de pozo —un secreto mejor guardado que el oro de Fort Knox— serán revisadas las tarifas de transporte y distribución gasíferas y el índice de ajuste de las mismas que no podrá superar la indexación del salario de los argentinos.

Cabe recordar que el sistema “price cap” requiere necesariamente de una indice de referencia para su ajuste. Cabe recordar también, que las RTI se realizan cada cinco años.

Según aducen, la base tarifaria tomada para la determinación del precio estuvo inflada, con valores de reposición extremadamente altos y que no se pudo revisar los costos verdaderos.

Subsidios

Se prevé otorgar subsidios a la tarifa de los hogares más necesitados, evitando los errores de exclusión e inclusión. Paralelamente se lanzará una fuerte campaña, real y efectiva, de uso eficiente y racional de la energía. Se prevé abrir líneas de crédito para la compra de equipamiento termosolar que reduzca el consumo.

En esta línea también se propone una revisión del parque de artefactos a gas, la mayoría ineficientes. Se calcula que alrededor del 46% están obsoletos.  Esto movilizará muy fuertemente la industria pyme. Las exigentes normas NAG argentinas impiden el acceso al mercado de productos chinos.

Otro punto que no descuidan: se iniciará una campaña de conexión y reconexión de los hogares que en 2016 eran alrededor de 260.000 usuarios que, teniendo la red de gas natural en el frente de su casa, utilizan garrafas de GLP, porque se desconectaron o porque carecen de financiamiento para realizar la instalación interna.

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