La Argentina rechazó ante la Corte de los EE.UU. planteos por el caso YPF

 

La Argentina expresó en un escrito, que los argumentos presentados por el procurador general de los Estados Unidos “no resultan en absoluto convincentes” en cuanto a la procedencia de la jurisdicción de los EE.UU. para hacer lugar a la demanda interpuesta contra el país reclamando una indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

El recurso interpuesto, fue el último recurso disponible para los intereses del país previo a que el máximo tribunal decida sobre la petición de mantener en los Estados Unidos el juicio iniciado por el fondo de inversión Burford, de lo contrario, deberá continuar en los estrados de la justicia argentina.

De perder el juicio, la Argentina tendrá que pagar otra indemnización de entre U$ 3.000 y US$ 5.000 millones y sería un durísimo golpe a las finanzas, luego del rescate del FMI.

YPF cotiza en Wall Street y el caso se tramita en Nueva York, en el mismo juzgado del fallecido juez Griesa, ahora a cargo de la jueza Loretta Preska.

Mientras tanto, en las cortes

En febrero pasado, los representantes del país e YPF interpusieron dos demandas similares en los tribunales de Madrid, en España contra Burford Capital, con la intención de probar que le compró al liquidador o síndico de la quiebra de las empresas Petersen, el derecho a litigar.

No creen que Buford Capital esté financiando a las empresas para llevar adelante las demandas, sino más bien que Burford hizo una “cesión de créditos litigiosos” encubierta que no reconocen abiertamente.

“Dicen que están financiando y para nosotros están escondiendo el real negocio, que es que compraron el juicio. Por eso las carátulas de las demandas en EE.UU. dicen el nombre de las empresas y no el de Burford. Si probamos que los compró quedará establecido que el juicio está mal instruido”, detallaron fuentes de la causa.

Más al sur

En la Argentina, mientras tanto, el juez Ariel Lijo dirige un proceso que se inicia con una denuncia por vaciamiento de YPF. Se dice que Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma (no tenían ni activos ni actividad) fueron creadas en España por Enrique Eskenazi y sus hijos para adquirir el 25% de YPF sin desembolsar capital alguno, en una maniobra bautizada “argentinización de YPF” lo que habría implicado su vaciamiento.

Lijo estudia el detalle de toda la operación, incluso con los números de cuentas bancarias, de cómo Repsol y los Eskenazi se repartieron unos US$ 2.400 millones en dividendos entre 2008 y 2011.

Sin fondos para reinvertir y sobreendeudada, la producción de gas y petróleo de YPF cayó, al tiempo que la Argentina perdió el autoabastecimiento de gas natural.

Billions

Después de la estatización, las empresas Petersen se declararon en quiebra y el estudio de abogados londinense Burford Capital -mezcla de banco y estudio jurídico- compró el 70% de los derechos para litigar en contra de la Argentina.

Es por eso que el procurador del Tesoro nacional y los letrados de YPF reclaman que el pleito se traslade a la jurisdicción argentina. Aunque ya se perdió en primera y segunda instancia, aún tienen esperanza de que la Corte Suprema falle a favor.

El presidente Trump juega en ese partido, pero como Massa, no se sabe en qué cuadro, algunos creen que a favor, otros no dudan de que es en contra.

Otros analistas piensan que con el antecedente de los holdouts, el Estado argentino perderá este juicio. Se preguntan: ¿por qué hasta ahora no se denunció ante la Justicia norteamericana que la adquisición del 25% de YPF por el grupo Eskenazi fue un gran acto de corrupción que no merece indemnización alguna y está siendo investigado por la Justicia Federal argentina?

Sebastián Maril, especialista en deuda soberana, afirma que el mercado financiero internacional apuesta a que Burford Capital ganará el pleito. “Sus acciones, que cotizan en la Bolsa de Londres, explotaron desde 2016 cuando compró estos activos. Burford adquirió los derechos para litigar en US$15 millones y revendió este año el 28% en US$ 128 millones. Hay mucha expectativa”.

Expropiación

Los Eskenazi habían compraron el 25% del paquete accionario de YPF a través de dos empresas constituidas y domiciliadas entre 2008 y 2011 en Madrid, España: Petersen Energía Inversora, S.A.U. y Petersen Energía, S.A.U.

Estas compañías recibieron créditos por unos US$ 2.500 millones para pagar las acciones a Repsol que fueron caucionadas en un banco suizo.

El pago del crédito, se realizaría mediante una especie de “anticresis”, es decir se pagaría con el producto —dividendos devengados— de las propias acciones caucionadas.

Unos 1.800 millones fueron prestados por la propia petrolera española, es decir, la española cobró —y desfinanció— a YPF.

Tras la expropición, las dos Petersen españolas entregaron a sus acreedores las acciones caucionadas. Y luego se concursaron. En aquella oportunidad, el tribunal español a cargo, permitió la cesión de los derechos sobre las acciones prendadas a una subsidiaria de Burford Capital Limited y con ellas el derecho de accionar contra la Argentina e YPF.

Pero quienes en realidad iniciaron las acciones, fueron las españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por King & Spalding y Kellogg Huber Hansen Todd Evans & Figel. Según su propia definición, Burford es “un proveedor de capital pionero en industria legal global y el líder en financiamiento de litigios”.

La familia Eskenazi enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. “El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior”, señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Nadie sabe a ciencia cierta quiénes están comprando a Burford los pedazos del juicio contra la Argentina.  Burford compró el 70% de las empresas del Grupo Petersen por US$ 17 millones y vendió el 25% por 106 millones de dólares en mercados secundarios.

Burford acusa al gobierno de la Argentina de violar las leyes de los Estados Unidos, al expropiar las acciones de YPF sin presentar una Oferta Pública de Acciones (OPA) para la compra de las acciones que estaban en manos de los Eskenazi.

El Estado argentino argumentó que la expropiación era una actividad propia del estado soberano y que no estaba subordinada a las leyes de los Estados Unidos además de invocar los alcances de esta inmunidad por la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), Ley de Inmunidad Soberana.

La defensa de la Argentina finca en tres puntos relevantes: la expropiación como acto soberano no obliga a efectuar una OPA, la existencia de un acuerdo celebrado entre expropiado y expropiante y la exclusión de Buford por ser un tercero sin interés en la cuestión porque no ha participado ni en la expropiación ni en el acuerdo de ésta.

La OPA es una operación propia de las actividades mercantiles y que generalmente están reguladas por estatutos empresarios para llevar a cabo las actividades específicas.

Consiste en que una o varias sociedades realizan una oferta pública de compra de acciones a todos los accionistas de una determinada sociedad que cotiza en bolsa para alcanzar una participación en el capital que permita ejercer derechos societarios.

Por su parte, la expropiación es una facultad propia del Estado, prevista en el orden normativo (Constitución Argentina, Constitución de los EE.UU., de España ,Francia etc.) y que tiene por objeto transferir coactivamente una propiedad —o un derecho— desde su titular al Estado por motivos de interés público, mediando una indemnización. En este proceso interviene el Poder Ejecutivo declarando el bien “de interés publico” y una ley del Congreso ratifica y reglamenta.

Vale la pena señalar que en EE.UU. existen no sólo fondos especuladores sino grandes estudios jurídicos asociados a éstos y con gran poder de lobby que adquieren derechos litigiosos obteniendo beneficios siderales.