Por Julián Rojo *
Pasando la primera mitad del año 2022 se acumula más del 65% del mandato del presidente Fernández que acaba de nombrar un nuevo Superministro con la intención de sortear la crisis política y económica.
El sector energético está en el centro de la escena porque explica gran parte de los desequilibrios y por lo tanto no es menor su tratamiento. Pero, para entender la situación, es necesario realizar un análisis de lo hecho hasta el momento y los desafíos más importantes que quedan por delante.
La gestión energética del presidente está signada por decisiones erráticas y poco fundamentadas a la vez que ha quedo expuesta, nuevamente, la fragilidad de toda la cadena que involucra el sector. En este sentido, el hecho de que la economía energética esté desconectada del mundo no es trivial.
Al mes de julio de 2022 se presentan seis hechos de la gestión que la describen de cuerpo entero:
No está resuelta la segmentación tarifaria anunciada los primeros meses de gobierno y tampoco hay una política clara de precios de la energía. A su vez, todo indica que el efecto de un aumento de tarifas segmentado por ingresos será inocuo para las cuentas públicas y para la eliminación efectiva del sesgo “pro-ricos” que caracteriza al esquema generalizado de subsidios existente. Hoy los subsidios a la energía suman casi USD 15.000 millones acumulados en doce meses, alcanzan el 3% del PBI y explican casi la totalidad del déficit fiscal. Aún más preocupante es la tendencia: en 2022 se gastan en promedio USD 1.200 millones por mes a pesar de aumentos parciales en las tarifas de luz y energía eléctrica.
Continúa, aunque en menor magnitud, la crisis de abastecimiento de gasoil que implicó faltante grave o escases en casi la totalidad del territorio nacional durante más de dos meses. Esto se pudo haber evitado fácilmente con las innumerables herramientas con que cuenta el Estado para arbitrar una solución. Hubo reacción tardía y mala praxis en este tema que lejos está de ser resuelto de manera robusta.
Se redujo el corte obligatorio de la mezcla de biodiesel y bioetanol sin justificación clara y razonable. El corte mínimo tuvo que ser recompuesto parcialmente por motivo de emergencia ante la crisis del gasoil. La responsabilidad aquí fue del Parlamento y la realidad indica que el futuro de este subsector es incierto.
No ha arrancado de manera efectiva la construcción del gasoducto Neuquén-Saliqueló que fue motivo de un escándalo político con la renuncia de un ministro incluida. El desinterés de las empresas productoras por construir, operar y mantener un gasoducto
en un territorio con reservas gasíferas es un lujo que pocos países pueden darse. En este sentido, la producción gasífera no tendrá la posibilidad de grandes logros hasta tanto no se resuelva es tema que, hoy en día, es el principal cuello de botella.
Se firmó un contrato de construcción de una cuarta central nuclear con financiamiento chino que podría costar más de USD 13.000 millones. Se realizó sin la presencia del Presidente, del Ministro de Economía ni del Secretario de Energía. El contrato se firmó sin conocerse estudio técnico alguno.
Se promociona el proyecto extemporáneo de Río Turbio otorgándole transferencias con fondos de Tesoro nacional. Es una central de carbón que la condena su pasado, pero aún más su futuro. Cuenta con la ausencia estelar de los estudios de factibilidad.
Del lado de los logros podría ponerse el aumento en la producción de petróleo, aunque, en este caso, el mérito es más exógeno que doméstico. En este sentido, la producción de petróleo crudo aumenta cada mes impulsada por precios internacionales altos a causa de la invasión rusa en Ucrania. Además, es destacable que un conjunto de empresas ha anunciado inversiones en expansión de la capacidad del transporte con financiamiento privado. El incentivo es exclusivamente la exportación.
Esta foto del momento no es auspiciosa para el futuro cercano y requiere de grandes esfuerzos para solucionar, en parte, la fragilidad en la que está sumido el sector. Pero sobre todo para trazar un rumbo en medio del desorden generalizado: se necesita planificación energética y coordinación macroeconómica.
En este sentido, los lineamientos de los próximos años deberían estar centrados en cuatro bases fundamentales: una recomposición institucional, una reforma del sistema de subsidios a la energía que deben estar focalizados en la demanda vulnerable, el alineamiento de precios internos con las referencias internacionales y un mecanismo de priorización claro y eficiente, en la práctica, de los proyectos de inversión en infraestructura energética apegado al Sistema Nacional de Inversión Pública o bien a las leyes que regulan al sector hidrocaburífero.
Es una tarea que queda para las plataformas de gobierno de la siguiente administración ya que, en términos de esfuerzo técnico y político, los plazos están agotados. El entrante superministro cuenta con muy poco tiempo para ordenar cuestiones de fondo ante la urgencia de tantos desequilibrios y la campaña presidencial 2023 empieza en solo meses.
* Director del depto. Técnico IAE Mosconi
