ECONOMÍA & POLÍTICA

Milei mantiene sus inflexibles objetivos pero modifica la estrategia

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El discurso de apertura de sesiones del Congreso
Nacional 2024 por parte de Javier Milei cumplió con el mandato constitucional de rendir cuentas del estado de la Nación y recomendar medidas pertinentes. Sin embargo, a 90 días de su asunción, el presidente enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo alta inflación, aumento de precios y reducción de subsidios, a pesar de que llevó a una rápida reducción del déficit fiscal, generando preocupaciones sobre su sostenibilidad. A pesar de enfrentar una derrota parlamentaria y críticas por su estrategia política, Milei mantuvo un tono duro y contradictorio, repitiendo consignas electorales mientras implementaba políticas opuestas a las prometidas.Su discurso estuvo marcado por críticas al Legislativo y a los gobernadores precedidos de amenazas de “fundirlos”-, pero incluyó promesas de alivio fiscal condicionadas a la firma de un nuevo pacto. La relación tensa con los gobernadores y el desafío de alcanzar un superávit primario en un contexto de devaluación y vencimientos de deuda complejizan aún más el panorama económico y político.

El presidente Javier Milei abrió las sesiones del Congreso Nacional 2024, cumpliendo el mandato de la Constitución Nacional, que en su artículo 99 establece que el presidente “hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

En estos escasos 90 días, la motosierra profundizó la inflación, la más alta en décadas y devaluó la moneda 120%. Se produjo una brutal suba de precios de todos los bienes y servicios, se quitaron subsidios, se redujeron los ingresos de jubilados, pensionados y discapacitados en términos reales, y a los enfermos terminales se les recortó la entrega de medicamentos.

También se redujeron los nimios gastos de café y leche en los ministerios, y se despidieron a cientos de trabajadores. Todo esto contribuyó a una vertiginosa reducción del déficit fiscal, única promesa electoral cumplida hasta el momento, aunque los expertos consultados creen que el camino elegido carece de sustentabilidad.

Contienda legislativa

La derrota parlamentaria sufrida por el presidente tras el envío del proyecto de ley que lleva el fatuo título de “Bases y principios para la libertad de los argentinos” dejó al desnudo serios errores en el planeamiento estratégico de Javier Milei y también mostró la poca capacidad legislativa de la “troupe” mileísta. El error no forzado desató la furia de Milei, quien sin sutilezas mandó a recortar los fondos coparticipables de las provincias, hecho que escaló una reyerta con los gobernadores a niveles nunca vistos en la vida democrática moderna.

Recientemente, en un reportaje al británico Financial Times, Milei había declarado que no necesitaba al Congreso para “salvar la economía” del país y que podría hacerlo mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones administrativas, pero el “nido de ratas” lo arrastró sin escalas a la realpolitik que ordena por fuerza la vida política. En el discurso de apertura de sesiones, Milei utilizó un tono más mesurado en su discurso, pero con un contenido tan duro como contradictorio.

Discurso

Desbordaron las cifras incomprobables: de referirse a los últimos cien años de fracaso, pasó a mencionar sólo los últimos 20. Repitió parte del abanico de consignas electorales a pesar de haber hecho lo contrario a lo prometido: pretende aún aumentar el piso de ganancias, aumentó retenciones a las exportaciones primarias y las retenciones a las exportaciones de manufacturas.

Desde su asunción y desde la campaña, no ha hecho una sola mención a la industria, o al aparato productivo. Lo más cercano que estuvo fueron las diatribas contra el sindicalismo. Repitió que el Estado es “una organización criminal diseñada para que en cada trámite haya una coima”. Despotricó contra el Legislativo y los gobernadores, habló del futuro para “construir lo nuevo” aunque advirtió que “si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”. Amenazó a los gobernadores de provincia con “fundirlos” y tras el revés legislativo y judicial por la inmovilización de los fondos coparticipables de la provincia de Chubut, retomó la misma estrategia pero con otro tono: prometió alivio fiscal a los gobiernos de provincia si firman un nuevo paquete de leyes que nombró “Pacto de Mayo” y le otorgó el status de “contrato social”, pomposo nombre para un acuerdo que tiene contenidos que son propios de la Constitución Nacional.

Los puntos referidos en el nonato pacto son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, reducción del gasto público al 25% del PIB, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, rediscusión de la coparticipación federal, el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral y previsional que vuelva a implantar la jubilación privada, una reforma política estructural (de contenido desconocido) y la apertura de comercio internacional para que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. La mayoría de los puntos ya están contenidos en la Constitución y otros son de carácter más retórico que político.

Milei introdujo una nueva y desmedida propuesta: penalizaría la emisión monetaria a la que consideraría “delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible”

Vigencia

La única medida de gobierno relevante que aún está vigente es el DNU 70/23, un decreto que deroga y modifica un centenar de leyes. En este sentido, todo indica que sufrirá la misma suerte que el proyecto “bases”: la Vicepresidenta Victoria Villarruel viene realizando el poroteo y las cifras muestran un panorama negativo para el mileísmo.

Es por eso que el Pacto de Mayo, podría tratarse en realidad de poner sobre la mesa nuevas opciones de discusión que dilaten la derogación parlamentaria del DNU 70/23 y eventualmente, conjuren la sanción de un paquete de leyes fiscales elaborado por la oposición.

La derogación del DNU 70/23, dejaría sin efecto la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). El FONID integra los salarios docentes, el FOFOFI los policiales y refuerza programas como el Sistema Alimentario Escolar o el Plan Mesa, que se sunarían a la eliminación del plan Potenciar Trabajo y la reducción a la mitad de las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia.

Impuestos

Los partidarios de Milei, incluyendo a sus más incondicionales, hasta ahora demostraron poca habilidad política, los aliados han sido denostados, mientras que los ex aliados ya empezaron a intercambiar ideas para imponer un consenso fiscal y -eventualmente- doblegar a la Casa Rosada.

Las medidas que se evalúan son la coparticipación del impuesto PAIS y al Cheque, pero también los subsidios al transporte y a los servicios de energía, las contribuciones a la educación, la revisión de fondos fiduciarios y el régimen de exenciones impositivas. Circulan borradores del bloque Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy (calificado por el presidente de “traidor” y “basura”) coordinados por Miguel Ángel Pichetto -un auténtico “pontífice” legislativo-, en el que se referencian los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba) y el dialoguista santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) junto con algunos partidos provinciales.

En el medio la paralización de la obra pública preocupa a los gobernadores porque impacta de lleno en los niveles de ocupación de las provincias. Los despidos y cierres de empresas tendrán fuerte impacto en la política de “pago chico”.
Por ahora falta encontrar el discurso que justifique la alianza con el bloque de Diputados de Unión por la Patria para garantizar los dos tercios en ambas Cámaras, lo necesario para rechazar un eventual veto presidencial.

Argentinos, a las cosas

Cabe recordar que tras la escalada entre federales y unitarios, el juez con competencia en la cuestión, Hugo Ricardo Sastre de Rawson, dispuso en un fallo el cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada y exhortó a las partes que se sienten a negociar la refinanciación de la deuda que la provincia mantiene con la Nación. Desde el Ejecutivo mandaron a girar los fondos a Chubut, lo que produjo una feroz discusión interna: “se apuraron, debieron esperar al fallo de la Corte” dijeron desde el entorno gubernamental.

Con el fallo en la mano, los gobernadores en tono conciliador, le pidieron a Javier Milei dar vuelta la página y convocar a una mesa de diálogo para discutir una agenda productiva para la región. El mensaje fue enviado desde el Senado de la Nación con el objetivo de acercar las partes para el beneficio del país.

Un dato de color: según el INDEC en la región pampeana, se generan 3 de cada 4 dólares del total de exportaciones nacionales. Mientras que el 12,4% del total, corresponde a la Patagonia, apoyada en el sector petrolero y petroquímico y la Provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% de las exportaciones. Le siguen Santa Fe (19%), Córdoba (12%), Neuquén (4,3%) y Chubut (3,9%). Formosa (0,03%), La Rioja (0,2%) y Corrientes (0,3%).

Lo que sorprende en la estrategia de los Milei es la cantidad de frentes abiertos, lo que pone en duda su capacidad como estratega político, teniendo en cuenta el bajo nivel general del funcionariado, de los asesores que lo rodean y de los desafíos que se presentan.

Petroleros

Ni el traspié gubernamental en el Congreso, ni la puja con los gobernadores afectaron demasiado al sector hidrocarburífero: la producción petrolera viene creciendo sostenidamente desde 2019, un potente 30% desde fines de 2019. Claro que el sector espera aún algunas medidas que otorguen un poco de tranquilidad a los inversores como el proyecto de ley denominado “Régimen de promoción del gas natural licuado”, enviado al Parlamento por el gobierno de Alberto Fernandez.

Los productores aún reclaman el alineamiento de los precios internos con los internacionales, pero existen ciertas limitaciones para lograr ese objetivo: en primer lugar, porque las actuales condiciones del país podrían no resistir ese alineamiento: una nueva devaluación o la disparada del precio del barril podría tener un muy fuerte impacto inflacionario y consecuencias políticas imprevisibles. Cierto es que existe un retraso en el precio del surtidor de por lo menos un 15%.

Además, la liberalización de los precios y del comercio de los combustibles líquidos, podría también afectar la posición de los refinadores locales, hay una gran abundancia de refinerías con capacidad ociosa y deep pockets que pondrían en jaque al mercado local, a pesar de las barreras físicas para la importación.

Al atraso en el precio, resta sumar el valor al impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono según Índice de Precios al Consumidor de todo el 2023.
Otro valor con atraso es el del biocombustibles, bioetanol y biodiésel que componen en un 12% las naftas y el gasoil. Al respecto trascendió que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, mantiene una ronda de conversaciones con los grandes productores integrados, para definir el contenido de un futuro DNU que establecería un nuevo régimen para los biocombustibles.

La negociación la lleva adelante el flamante subsecretario de Hidrocarburos, Luis de Ridder, ex gerente de Tecpetrol y uno de sus funcionarios de mayor confianza. De Ridder ya se reunió con ejecutivos y empresarios cercanos al Gobierno para revisar el texto del DNU que debería firmar el presidente Milei. La iniciativa cedería a Eduardo Eurnekián una parte importante de la producción de biodiesel en la Argentina a través de Unitec Bio, empresa de biocombustibles del holding Corporación América. Por su parte De Ridder tiene estrecha relación con Hilarión del Olmo, CEO de Explora, empresa integrada de biodiésel en Santa Fe.

Tarifas

El objetivo central de la Secretaría de Energía es el ajuste de las tarifas de luz y gas eliminando los subsidios. Hasta ahora, el ajuste mediante el shock tiene antecedentes en la política del ex presidente Mauricio Macri, con resultados que cabe recordar: en 2019 debieron congelarse las tarifas e implantar nuevamente un corralito.
A pesar de la experiencia pasada, todo indica que el esquema de corrección tarifaria requiere de gradualismo, la gestión de Mauricio Macri intentó aplicar una actualización tarifaria en seis cuotas, pero el fracaso fue estrepitoso y como consecuencia pagó el más alto costo político.

¿El gobierno de Javier Milei podrá hacerlo en solo tres tramos? Nada indica que los usuarios puedan afrontar la medida sin una reacción de la representación política.
Dicho sea de paso: la dirigencia libertaria exhibe una baja calidad en la gestión, carecen de formación técnica y de conocimientos sobre el manejo de la administración de la cosa pública. La segmentación tarifaria sigue siendo un enigma a resolver, para cualquier gobierno.

El sector de mayores ingresos (N1) el de más fácil verificación, sufrió un fuerte aumento de casi 400 % lo que paga por las tarifas de algunos servicios públicos, mientras que el 65% de la población sigue recibiendo importantes subsidios, todo indica que la segmentación es un verdadero intríngulis.

Se insiste con buscar medios de identificación por nivel de ingresos y se aplicaría la quita de subsidios a quienes hayan comprado dólares o viajado al exterior, que abonen medicina prepaga o sean dueños de un auto de menos de cinco años de antigüedad. Independientemente de la necesidad de lograr una reducción sustancial del esquema de subsidios, aún pervive inmanente el fallo CEPIS. Dicho fallo marcó un punto de inflexión en la regulación de tarifas de servicios públicos. En este dictamen, se declaró la inconstitucionalidad de los aumentos tarifarios de gas implementados en 2016, argumentando la falta de consultas públicas y el incumplimiento del principio de tarifas justas y razonables.

Este fallo sentó un precedente importante en la protección de los derechos de los consumidores y subrayó la necesidad de garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales, enfatizando la obligación del Estado de proteger los derechos de los ciudadanos en el acceso a servicios básicos.

Además, resaltó la responsabilidad gubernamental de garantizar tarifas que sean justas y razonables, promoviendo así un equilibrio entre los intereses económicos y los derechos fundamentales de la población, por lo que habrá que estar atentos, porque los ajustes tarifarios podrían terminar judicializados.

Verde que te quiero verde

A pesar de haber vociferado en contra del comunismo chino, el gobierno de Javier Milei le pidió al gobierno de ese país y por carta, que por favor renueve la política de intercambio de monedas a través del swap: la necesidad tiene cara de hereje, dicen. En paralelo el ministro Luis Caputo y el ex ministro Domingo Cavallo mantienen un debate público para definir si hay devaluación o no, previo a la liquidación de la cosecha.
“Traigan dólares” habría sido la orden del ministro Caputo a su equipo y que pidió a sus secretarios que se ocupen exclusivamente de buscar divisas. La presión devaluatoria y una supuesta apertura del cepo traba la liquidación de exportaciones y pone en riesgo la dolarización y el programa, habría dicho.

El objetivo fiscal es el propuesto en la VII revisión del acuerdo firmado en junio de 2018 con el FMI, que fija un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero equivale a unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja del 2,9% del PIB. Para llegar a ello deberían incrementar los ingresos con respecto al año 2023 en esa magnitud y, a la vez, reducir el gasto público en 2% del PIB.

Como contrapartida, ante la devaluación del peso -todo indica que va a ser una constante en el gobierno de Milei- se va a incrementar el pago de los servicios de la deuda (se tiene que recaudar más pesos por cada dólar que se paga de deuda), a lo que se suma que, desde el segundo semestre de 2024, comienza a vencer el capital adeudado con los ‘bonistas’ (tenedores de títulos de deuda externa argentinos), del acuerdo realizado el 31 de agosto de 2020 por el entonces ministro Martín Guzmán. Por ende, el ajuste fiscal sobre los gastos en pesos debe ser mayor aún, en una economía que el FMI en forma conservadora estima que se cae en 2,8% del PIB (es en pesos, pero equivale a 13.500 millones de dólares).

FMI

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, estuvo de gira por la Argentina. Dicen que la calcutense podría ocupar el lugar de Kristalina Georgieva. De paso en Buenos Aires, se reunió a solas con Javier Milei, al que conoció en Davos y que había reiterado su apoyo a las medidas de ajuste.
En aquella oportunidad la delegación argentina con Caputo a la cabeza, firmó un Staff Level Agreement con la delegación del FMI, preparatoria para el inicio de las discusiones técnicas sobre la renegociación del acuerdo por la deuda, que vence en septiembre, y cuyo replanteo podría incluir, nuevos desembolsos.

El nuevo programa aún se desconoce, pero los antecedentes son los modelos Stand By, aplicados en 2018, que consistieron en desembolsos y devoluciones en el corto plazo destinados a minimizar las consecuencias de los desequilibrios en la balanza de pagos; y el Extended Fund Facility (EFF), que se utilizó desde 2022 para financiar los vencimientos del SBA con plazos más largos (el repago termina en 2032), pero con la exigencia de una serie de reformas estructurales como correlato.

La CGT con Gita

Gita Gopinath también se reunió con el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien le expresó su preocupación por la situación económica y social. Tras la visita a la central obrera, sorprendieron las declaraciones de la número dos del FMI: “Dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”, dijo.

Dolarización

Gopinath puso reparos a la dolarización que impulsa Milei, al evaluar y analizar el programa económico argentino y si bien reconoció el “coraje y convicción” de Milei le recomendó proteger a los más pobres. El mensaje contiene en el subtexto una seria advertencia sobre la propuesta, mileísta de “barajar y dar de nuevo”, mensaje contenido en el “reseteo del capitalismo”: Gita dijo que podría romperse el “contrato social” si se tira mucho de la piola. Mientras tanto, para solucionar los problemas de la economía argentina, como el déficit fiscal, frenar el proceso inflacionario y alcanzar un crecimiento sustentable, se plantean medidas contradictorias sin medir sus consecuencias.


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