Opinión

Los subsidios generan más inflación que el ajuste tarifario

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Por Daniel Gustavo Montamat *

El populismo energético tiene que ajustar las tarifas de gas y electricidad que tuvo congeladas en medio de un proceso de creciente inflación. El ajuste es inevitable porque los costos de la energía se pagan en las facturas o con subsidios que han aumentado exponencialmente y que se financian con emisión inflacionaria, además de beneficiar más a los ricos que a los pobres. El primer gran engaño de los populistas es hacerle creer a los argentinos que los subsidios son un regalo del cielo a través del ungido de turno. 

Bajo esa premisa, aumentar las tarifas castiga el bolsillo e incide en el  próximo índice de inflación. Se omite señalar que si no se aumentan las tarifas para que estas recuperen sus costos económicos, deben aumentarse los subsidios y emitir papel pintado (pesos) para financiarlos, lo que cronifica la inflación. Prueba al canto, con tarifas casi congeladas en estos dos años y medio de gobierno, la inflación  siguió aumentando.

¿No habrá tenido algo que ver en esa suba  la emisión para financiar subsidios energéticos que este año treparán a los 15.000 millones de dólares? Los subsidios acumulados desde el 2002 al 2022 van a alcanzar los 160.000 millones de dólares.

Un interesante estudio que la asociación de distribuidores eléctricos encargó a economistas especializados, publicado como “Tarifas e Inflación” da cuenta  que atrasar 10% las tarifas en el corto plazo reduce la  inflación en un 4%, siempre que esa baja, y los subsidios que genera, sea financiada con impuestos.  En cambio, si la baja  (congelamiento o retraso) tiene el correlato de un contexto inflacionario, y los consecuentes subsidios para cubrir los costos económicos del suministro, son financiados con emisión inflacionaria, la  inflación no se reduce con la baja o el congelamiento, sino que, por el contrario, aumenta. 

La baja inicial por impacto del congelamiento estimada en un 4% es superada por una suba posterior (en los próximos meses) del 5.7% por el impacto de la emisión de pesos para financiar subsidios en el alza generalizada del resto de los precios de la economía. Si el  deterioro se sostiene el problema se agrava.

El trabajo citado corrobora la afirmación con números concretos: desde marzo del 2019 a junio de 2022 las tarifas eléctricas promedio cayeron un 56%, mientras que la inflación acumulada fue del  300%. Si en cambio de financiar subsidios de 15.000 millones de dólares con papel pintado, una política realista hubiera aumentado las tarifas de gas y electricidad que a comienzos del año tenían un retraso de 110 y 142% respectivamente, el impacto inflacionario de esa suba hubiese sido de un 5% en el índice de precios (por cierto traumático, pero con impacto puntual que luego contribuye a bajar la inflación); pero al haberse optado por el camino de más subsidios con más impuesto inflacionario para financiarlos, terminamos duplicando y cronificando la inflación.  

Pasamos del 45% anual al 90% ¡Eureka!, la política tiene que entender, de una vez por todas, que los congelamientos tarifarios, además de destruir las señales de precios, distorsionar la asignación de recursos, deteriorar la calidad de los servicios e impactar sobre las cuentas públicas y externas, tampoco dan rédito político porque exacerban la inflación que destruye los salarios. 

Sin embargo, la anunciada y demorada segmentación tarifaria, con sus idas y vueltas, y con los nuevos límites a los volúmenes consumidos para quienes sigan recibiendo el subsidio, es otro eufemismo para evitar el  estigma del  “tarifazo”. Los populistas siguen sin terminar de entender el meollo del desbarajuste tarifario en el que reincidieron, y, disimulan el ajuste, porque tampoco quieren aceptar la relación causal entre el déficit público y la emisión inflacionaria para financiarlo.

Por eso,  como hay que “militar” el ajuste tarifario, nada mejor que instalar otro embuste, la consigna “no vamos a dejar que salarios en pesos tengan que enfrentar costos de tarifas energéticas en dólares”. Lo dijo el Presidente hace un tiempo y lo repiten los voceros oficialistas. 

Primero hay que aclararles que el dilema lo han generado ellos mismos con sus políticas macroeconómicas que destruyen la moneda nacional e institucionalizan la inflación como impuesto sobre los pasivos monetarios no remunerados (o mal remunerados). Impuesto que, a su vez, no es coparticipable. 

Si el peso fuera una moneda de curso legal y mantuviera sus propiedades de unidad de cuenta y de reserva de valor la disyuntiva salarios en pesos-tarifas en dólares devendría una cuestión abstracta. Se hablaría de tarifas en pesos y de salarios en pesos. Ahora bien, si queremos que las tarifas de gas y electricidad recuperen costos con pesos que se devalúan, pagados por  salarios en pesos que también se devalúan porque el gobierno evita un plan de estabilización, entonces  los servicios energéticos se van a seguir degradando; faltará gasoil en tiempos de siembra y cosecha, crecerán los cortes eléctricos y su duración en verano, el racionamiento de gas en invierno, importaremos más energía y crecerán los subsidios. Pero hay que indagar la microeconomía sectorial para terminar de desentrañar el dilema.

La canasta energética está compuesta por bienes y servicios. El petróleo y sus productos son bienes transables internacionalmente que cotizan en dólares. Tenemos precios internos divorciados de los internacionales (el petróleo y los principales derivados- nafta y gasoil- se alinean a un precio de barril doméstico promedio administrado en alrededor de 69 dólares, cuando el Brent de referencia  cotiza alrededor de los 90 dólares).

Las distorsiones se trasladan a los combustibles que también cotizan alrededor de un 30% por debajo de sus referencias de importación. Por eso, cuando falta gasoil, nadie quiere importar a perdida. Es decir, le cerramos la puerta a las referencias internacionales, pero estas se meten por la ventana vía crecientes importaciones. 

Como el negocio petrolero es un negocio de apropiación y distribución de renta (precios menos costos), cuando los precios internos se desalinean con los internacionales afectan los mecanismos de distribución de renta que decidieron la inversión, y, aunque siga habiendo renta a distribuir, cae la inversión afectando la producción y las reservas, como lo hemos demostrado basados en evidencia empírica en el libro La Renta del Petróleo en la Argentina (EUDEBA-2021). Para atenuar las variaciones de los precios internacionales está disponible el uso del componente impositivo (Biden y Bolsonaro lo utilizaron este año para bajar precios finales en el surtidor que subieron por las consecuencias de la guerra en Europa), y también se puede recurrir a la constitución de fondos de estabilización como lo hizo Chile tiempo atrás. 

El gas natural es menos transable que el petróleo, pero sus precios también están dolarizados. O se relacionan con el precio del petróleo o, en el caso del gas por barco, surgen de transacciones spot, o contractuales, también expresadas en dólares. Alguien debería explicarle al Gobierno que el Plan Gas AR que aseguró parte del suministro para la demanda prioritaria y usinas hasta el 2024 (y que buscan prorrogar por otros 4 años) se basó en subastas promovidas por su administración donde el gas de producción doméstica cotizó en dólares (promedio de 4 dólares el MMBTU). Precios  que resultaron mucho más convenientes que los de importar gas de Bolivia (12.28 dólares promedio abril- julio) o por barco (a un promedio de más de 30 dólares). 

Las tarifas de gas y electricidad tienes dos segmentos regulados (transporte y distribución)  que también deben recuperar costos y remunerar la base de inversión con una utilidad razonable. Estas tarifas deben regularse con criterios técnicos y están en pesos, pero cuidado si queremos atarlas a pesos que se deprecian por la inflación (se funden las licenciatarias de los servicios y dejan de invertir). 

Las facturas finales incluyen el precio mayorista del gas o de la electricidad (que en su mayor parte proviene de usinas térmicas que lo generan con gas o combustibles líquidos que también se transan en dólares). Pagamos las facturas finales en pesos y los componentes dolarizados se trasladan al tipo de cambio oficial que también regula el gobierno. El dilema no es salarios en pesos-tarifas en dólares, sino bajar los costos económicos a recuperar en las tarifas promoviendo el desarrollo y la inversión en energía, y mejorar la tarifa social focalizada en los que la necesitan.

* (Ex Presidente de YPF-Ex Secretario de Energía)

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