“El precio sostén es inconveniente y no refleja condiciones de mercado”

El Instituto Argentino de la Energia General Mosconi (IAE) presentó un informe elaborado por su equipo de técnicos en el que analiza la situación que atraviesan los sectores de hidrocarburos y de electricidad, y realizan diversas propuestas para encauzar el desarrollo de ambas actividades con objetivos que exceden la coyuntura.Acerca de la industria del petróleo y el gas el informe parte de la base de que “existe una caída crónica en la producción convencional de hidrocarburos desde el año 1998” y que “la pandemia del Covid19 deja de manifiesto los importantes problemas estructurales del sector”.

Por Santiago Magrone

La baja productividad (por tratarse de yacimientos maduros en general) y los altos costos ocasionan una disminución de la renta petrolera, que genera tensión entre los distintos destinatarios de la misma, aludiendo al Estado Nacional, Estados Provinciales, empresas, sindicatos y consumidores .Pero al respecto el IAE considera que “la política de precio sostén al barril de petróleo (que ha aplicado durante la mayoría de los últimos ocho años) es inconveniente, costosa y no refleja condiciones de mercado”.

“La producción de crudo cubre las necesidades del mercado interno y se exportan cantidades marginales del petróleo tipo Escalante, y la producción de gas no logra cubrir las necesidades del mercado interno dado que se importa gas natural de Bolivia y GNL, siendo las exportaciones a periódicas Chile son recientes y por ahora escasas” se sostiene.Ante la situación descripta el IAE , que encabeza el ex secretario de Energía radical Jorge Lapeña, propone, para “el corto plazo, mientras duren los efectos de la pandemia, una regulación temporal del precio del crudo, diferente a un “precio sostén”, que retribuya costos de operación y mantenimiento con el compromiso de mantener el personal contratado”.

Para el IAE “las refinerías deben fijar temporalmente sus márgenes de refinación conforme a valores similares vigentes en el mundo, que son conocidos y de fácil interpretación” y las “provincias petroleras deberían canalizar sus requerimientos de equilibrio presupuestario por vía del Presupuesto Nacional” en lugar de pedir un precio sostén que redunde en mejores ingresos por las regalías que cobran.

Esta propuesta no coincide con la reciente decisión del gobierno nacional de reactivar el esquema del “barril criollo” o precio sostén, fijándolo en 45 dólares para el crudo que se comercializa a nivel local entre las productoras y las refinadoras.

Un esquema que se mantendrá hasta tanto la cotización internacional del crudo Brent no alcance ése precio y se sostenga durante al menos diez días, lo que implicaría una relativa estabilización del precio internacional.

De hecho, en las últimas jornadas el petróleo parece haber recuperado algo de terreno perdido desde enero, ubicándose ahora en torno a los 3940 dólares.El referido precio de 45 dólares fue fijado por el Ministerio de Desarrollo Productivo luego de considerar los requerimientos desencontrados de productores de crudo, y los refinadores en los casos de empresas no integradas, y es el precio que debe considerarse para la liquidación de las regalías a los estados provinciales dueños de los recursos petroleros, incluso en el caso en que la baja demanda temporaria tire para abajo el precio de referencia.

Desde el IAE se sostiene además que “el Gobierno nacional deberá exonerar a las petroleras de los derechos a la exportación de crudo”, cuestión en la cual coincidió parcialmente con el gobierno, aunque éste fijó que si el precio internacional se recupera a niveles previos a la pandemia, se aplicarán retenciones por hasta el 8 por ciento.Desde el Instituto, se proponía “en el mediano y largo plazo fijar crudo interno al valor de referencia Export Parity (real y auditado) para las transacciones entre empresas petroleras y refinadoras del mercado local” de petróleo.

Otra propuesta elaborada por el IAE, varios de cuyos integrantes ocuparon cargos durante el gobierno de Mauricio Macri, “el Estado nacional argentino debe abandonar el modo pasivo que ejerce como autoridad de aplicación”, e insta a “implementar mecanismos de compensación del tipo de fondos de compensación anticíclicos para suavizar las fluctuaciones del mercado internacional de corto plazo”.

Asimismo, señala que “el Estado Nacional debe abandonar su rol pasivo frente a la empresa YPF”, tema sobre el cual no abunda en detalles.Al respecto, cabe señalar que el actual gobierno nacional ha definido para YPF (en tanto empresa de mayoría accionaria estatal) un rol muy activo en la política de desarrollo de los hidrocarburos para garantizarse el abasto interno de crudo y gas “a precios adecuados” y exportar excedentes a nivel regional.La propuesta del IAE incluye “convocar a una Mesa de Concertación de la Industria” – de hecho el Enargas acaba de crear una Mesa de trabajo con productoras y refinadoras y el Ministerio de Desarrollo Productivo está diseñando un plan de incentivos a la producción (y al mantenimiento del empleo) de gas convencional y no convencional.

Siempre en el rubro del gas, se propone “integrar la Oferta de Gas boliviano al mercado argentino y evaluar la posibilidad de reformar el contrato de gas natural”, que el gobierno anterior modificó.Asimismo, se plantea la necesidad de “terminar el Gasoducto Troncal GNEA desde Salta hasta Santa Fe”, obra que fue paralizada durante la gestión del gobierno anterior.
Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández visitó la zona y prometió reactivar los trabajos pendientes para completar el último tramo del ducto, que debe unir Formosa, Salta y Bolivia.

Sector eléctricoCon relación a la situación del Sector Eléctrico, desde el IAE se sostiene que “existen muchos problemas funcionales en la organización del sistema eléctrico”, sosteniendo que “el MEM (mercado mayorista) es un Oligopolio con empresas integradas vertical y horizontalmente y está lejos de ser un mercado competitivo”. “CAMMESA ha distorsionado sus funciones originales, y ha intervenido en el mercado ejecutando tareas que no le competen”, agrega.

Asimismo, plantea que el Sistema de Transmisión es estratégico y sus mecanismos de expansión han fracasado sin la intervención directa del Estado.Y en cuanto a las concesiones hidroeléctricas en el informe se plantea que “el vencimiento de los plazos de tales concesiones reviste un desafío para el Estado ya que quedan las obras como activos públicos”.

Acerca del cumplimiento de los objetivos de penetración de las energías renovables (en la ecuación de producción de energía según fuentes) es dudoso , y se han detenido los mecanismos de incentivos” a su desarrollo. La referencia remite a los objetivos fijados en la ley específica del sector en cuanto al grado de participación de las renovables (eólica, solar, y otras) en la torta de generación que debía alcanzarse este año y que se ha visto postergada, ahora al 2025.

El informe no lo señala pero cabe mencionar que la postergación que evidencia la realización de proyectos en este rubro, varios de los cuales fueron adjudicados en 2018, obedecen a las dificultades de financiamiento observadas por los adjudicatarios en 2019, en un contexto de endeudamiento externo extremadamente complicado para el país desde el año pasado.De hecho, el actual gobierno prorrogó plazos para que las empresas pudieran dar con el financiamiento que necesitan, pero lo cierto es que el contexto internacional no permite abrigar esperanzas de una solución a corto plazo del tema y varios proyectos adjudicados quedarían en el camino.

El IAE señala además que “la energía nuclear es importante para descarbonizar la matriz energética”, una afirmación inundada de timidez, luego de que el gobierno anterior tomó la decisión de relegar proyectos que había heredado en este sector.Frente a esta descripción de ítems, el IAE realiza diversas propuestas que comprenden, por caso , y en cuanto al Mercado Eléctrico Mayorista, activar un “mercado de libre competencia, con libertad en la gestión de las empresas y con el sistema actual de administración del Despacho de Cargas, en base a Costo Marginal de corto plazo y sistema de remuneración con control de costos riguroso”.

Para la expansión del Sistema de Transmisión en el SADI propone crear “una Unidad de Coordinación (OED, Transportistas y Distros) para estudiar, planificar y recomendar ampliaciones”, “restablecer las funciones asignadas originalmente al Organismo Encargado del Despacho”, y “separar el rol de CAMMESA como Administrador del MEM” (manteniendo el organismo público/privado a tales efectos).Propone crear “el Operador Independiente del Sistema (OIS), como nuevo OED a cargo del Despacho, el funcionamiento del SADI y la expansión, operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión en Alta Tensión.

En el informe se propone también la “absorción de las acciones de (la transportadora en alta tensión) TRANSENER en manos privadas, por el sector público, e integración al nuevo OIS”. En este tema cabe referir que desde el IAE se resistieron intentos del gobierno anterior para incluso privatizar las acciones del Estado en esa empresa estratégica.

Se propone también “revertir al Estado las concesiones de las Centrales Hidroeléctricas que terminan en 2023”, e “incentivar las inversiones y el desarrollo de Energías Renovables y generación distribuida (productorconsumidor o prosumidor), en el nuevo escenario de transición energética y descarbonización”.
SM