En el CEDyAT destacamos la figura del Estado como motor del desarrollo tecnológico para lograr una promoción real de la economía verde. Asistimos a un proceso de globalización, signado por un aumento de la demanda de commodities, diferenciación de productos y cambio tecnológico creciente.
En este contexto, tanto las empresas como los países están expuestos cada vez más a una mayor competencia tanto nacional como internacional ante los desafíos del Cambio Climático. La creciente conciencia sobre “el calentamiento global” demanda a los actores involucrados -empresas, países- una mayor capacidad innovadora a la hora de competir. De este modo, la visión aportada por la economía verde se posiciona en un lugar destacado dentro de los temas de la agenda pública y privada.
El rol del Estado es decisivo para el impulso de la economía verde. Su acción contempla al menos tres claros componentes. El primero, el Estado como “market maker“: es decir, facilita que las empresas y los centros de estudio, de investigación y de gestión, se vinculen entre sí para resolver demandas de innovación que exige la economía verde.
En segunda instancia, el gobierno debe contribuir a que las barreras de financiamiento, riesgo y vinculación con otros actores generadores de innovación se reduzcan.
Finalmente, su papel está en facilitar la transferencia de los resultados de la innovación de tecnologías limpias, es decir el Estado debe generar incentivos para que las empresas exitosas de innovación, mayormente grandes, transfieran su know how de cómo innovar a aquellas más pequeñas -cadenas de valor – technological ladder-.
Esta visión dinámica que propone el CEDyAT se explica a partir de la base que el papel del Estado cambia con el progreso de la economía verde a nivel global.
Resulta relevante destacar que los factores de producción en una economía verde más importantes que un país posee -recursos humanos, desarrollo científico y tecnológico- no se heredan sino que se crean a partir de un trabajo continuo y coordinado entre Estado, empresas y sistema educativo.
El cluster de las Energías Renovables es un ejemplo de ello. La interacción entre gobiernos, fabricantes y tecnólogos es altamente provechosa dada la presencia de otro factor relevante, que es la proximidad geográfica. La interacción es mutuamente ventajosa pero no ocurre automáticamente, es ayudada por la proximidad pero se produce solamente porque las empresas y proveedores trabajan en ella.
Desde el Gobierno nacional se eligió a Mendoza para desarrollar el primer clúster de energías renovables, debido a que posee la capacidad instalada más grande del país en términos de bienes de capital y servicios para el sector energético. Así, la Argentina es el único país del hemisferio sur con tecnología eólica propia. Empresas como NRG Patagonia IMPSA en INVAP desarrollan y producen generadores eólicos de alta calidad y adaptados a los vientos locales. El desarrollo de las energías renovables no se limita a la eólica. En los últimos años los avances en fotovoltaica y termosolar fueron muy importantes. La provincia de San Juan cuenta con el parque de energía solar Cañada Honda, el mayor del país.
Desde su creación, permitió ahorrar más de u$s 10 millones en importaciones de combustibles fósiles. También, este proceso de “conciencia y acción” de la economía verde, se ve hoy en Santa Fe, la localidad de Armstrong lo experimenta con su nuevo parque solar fotovoltaico. En Misiones entró en operaciones el primer proyecto de biomasa forestal del programa “RenovAr”. En Córdoba, las autoridades de EPEC lanzaron un llamado a interesados en la ejecución de nuevos proyectos de generación de energías renovables. Esta provincia posee un potencial importantísimo en relación con otras jurisdicciones del país, no solo por los recursos eólicos y de biomasa sino también por la infraestructura de transporte, transformación y distribución eléctrica. Entre otras cuestiones positivas de la economía verde, el Gobierno Nacional fijó pautas para garantizar componentes nacionales en proyectos renovables.
Serán considerados nacionales aquellos componentes que tengan igual o menos de 40% de partes y piezas, conjuntos y subconjuntos de bienes importados. Un paso cualitativo ha sido la nueva ley de energías renovables, por la cual se habilita la auto-generación en los hogares, comercios e industrias. Por esas razones, resulta de vital importancia el papel del gobierno en la promoción de la economía verde. Su acción promueve el crecimiento de la industria nacional y la radicación de nuevas empresas en nuestro país, para abastecer el mercado local de energías renovables y para la exportación, con bienes de alto valor agregado, creando nuevas fuentes de trabajo. En Argentina muchas compañías están en busca de una oportunidad para diversificar su capacidad productiva, diversificar sus mercados, o transformarse al ritmo que la economía verde del siglo XXI demanda.
Y desde organismos como el CEDyAT (Unidad de Vinculación Tecnológica, impulsada por la Ley 23.877), siempre buscamos generar grupos asociativos y colaborativos entre el sector público, las empresas, el sector del conocimiento y la sociedad civil, para este fin.
(*) Director Ejecutivo del CEDyAT - UVT Ley 23.877. Disertante en la Cumbre de Economía Verde 2017
