El gobierno impulsa cambios en la política tarifaria de Energía, interviene Entes y descarta el EMSE

El gobierno nacional procura la rápida aprobación parlamentaria del proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que, en materia tarifaria, posterga por un plazo máximo de seis meses cualquier modificación en  las tarifas de los servicios de suministro de  electricidad y gas para todo el país (hasta junio de 2020).

Asimismo, el proyecto que se tratará en la Cámara de Diputados esta semana dispone la intervención de los Entes reguladores ENRE y ENARGAS, y  también la vuelta de las empresas Edesur y Edenor a la jurisdicción regulatoria de la Nación, es decir que quedará sin efecto el traspaso a un ente regulatorio metropolitano (Ciudad y Provincia de Buenos Aires), que había dispuesto la Administración Macri.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló en conferencia de prensa aspectos esenciales del proyecto remitido al Congreso y, en relación a las tarifas, aseguró que el esquema planteado por la gestión anterior “agravó las situaciones que tenían que ser resueltas y contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina hoy”.

Por este motivo, afirmó que “estamos planteando un nuevo marco general integral para rediscutir el esquema vigente y vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el modelo tarifario por otro que tenga un balance adecuado entre la protección social, la producción y el fomento a la inversión en energía”. “Durante este plazo, se mantendrá la postergación de los aumentos tarifarios”, agregó.

En su artículo primero, el proyecto declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, y delega facultades en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Se refiere a la delegación de atribuciones para “la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva” y para “reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

También, para “crear condiciones y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.

Asimismo, el proyecto procura “promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas”. También se busca “crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal”.

En lo específico del sistema energético, el artículo 5 del proyecto establece el “mantenimiento de las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes  24.065, 24.076 (marcos regulatorios) y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020.

El artículo 6 del proyecto faculta al P.E. a “intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador deñ Gas, GAS) por el término de un (1) año.

Además, el artículo 7 “suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 27.467  (Presupuesto 2019) durante la vigencia de la emergencia” que se propone declarar, de manera tal que el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor  y Edesur.

Esta definición vino a coincidir con un pedido que formuló al Presidente Fernández el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien cuestionó la creación del EMSE, donde la Provincia aún no había designado integrantes y la CABA ya había nominado su representante, que además reunía facultades para presidirlo y administrar la política tarifaria de este servicio para todo el ámbito metropolitano.

El texto del proyecto precisó y consolidó las afirmaciones realizadas por el ahora presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral. “Las tarifas no se van a aumentar” y  “se va a terminar con la dolarización”.

En los últimos días el Presidente refirió que “los aumentos de tarifas diferidos por Mauricio Macri  (durante la campaña electoral) están suspendidos porque el ex presidente los postergó para después de las elecciones. “Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar”, subrayó.

Fernández puntualizó respecto a la política tarifaria de estos servicios que “a nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó.

Si el proyecto logra el aval en Diputados el jueves, sería tratado la semana siguiente en el Senado, donde el oficialismo cuenta con la mayoría de votos necesaria para convertirlo en Ley.

Incluso, no se descarta que el proyecto con media sanción de Diputados pueda ser tratado el viernes 20 siempre y cuando la oposición resuelva apoyarlo y así garantizar los dos tercios necesarios para que un proyecto no requiera del previo despacho en Comisión.