Finalmente se concretó el llamado “Acuerdo de transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” firmado por las tres jurisdicciones: Nación, Provincia y Ciudad.
El acuerdo significa, que las áreas de distribución de Edenor y Edesur pasarán a control regulatorio y tarifario de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dejará de regular las tarifas eléctricas en AMBA y se concentrará en el transporte en alta tensión.
En el documento del acuerdo quedó plasmada la necesidad de la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CABA. Cabe recordar que ambas jurisdicciones ya tienen órganos reguladores: la Provincia tiene al Órgano de Control Eléctrico de Buenos Aires (OCEBA) y la Ciudad el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSP)
Los fundamentos para tal decisión no están plasmados en documento alguno, pero tiene varias aristas que inducen a pensar en las razones de fondo de la medida.
La movida parece ser la mejor forma que encontró el Ejecutivo de finalizar con los subsidios a la demanda de energía —la denominada Tarifa Social— que reciben todos los usuarios del país, en el marco del acuerdo de Déficit Cero comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar la política de endeudamiento acordada hasta unos US$ 57.100 millones.
Lamento provinciano
“Hay un reclamo lógico de las provincias del interior sobre los subsidios que recibe la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el presidente Macri a mediados del 2018.
Al parecer, el presidente fue mal informado. La denominada “Tarifa Social Federal” que reciben centenares de miles de usuarios —de todo el país sin discriminar empresa ni región— es una bonificación del precio de la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista a usuarios residenciales de condición vulnerable de todo el país.
Este punto debe ser remarcado: “de todo el país”. Se aplica en función de ciertos atributos sociales de los beneficiarios que previamente se verifican mediante el cruce de datos obrantes en las bases de datos del SINTyS donde identifica a los usuarios con ingresos inferiores o iguales a dos salarios mínimos.
La energía mayorista tiene un valor uniforme en todo el territorio y el Valor Agregado de Distribución, no está subsidiado y su determinación es facultad exclusiva de cada provincia.
Por eso el argumento del supuesto “reclamo provincial” no es válido. Sí existe una creencia provinciana —alimentada interesadamente por empresas y dirigencias políticas del interior— de que las tarifas de la Capital y el Gran Buenos Aires son subsidiadas por el Tesoro Nacional, sin considerar que la mayor concentración de la demanda del AMBA, naturalmente tiende a reducir los costos y por ende a tarifas más bajas.
Rara vez en el interior se discute la estructura de costos de las distribuidoras donde en algunas de ellas existen decenas de directores con altos salarios con el único objeto de financiar la actividad política.
Por estos días la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), —a pedido de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA)— elabora un informe sobre la estructura de costos de la distribuidora de la Provincia de Rio Negro. Sería muy bueno que ese informe se hiciese extensivo a todas las distribuidoras del país.
En síntesis, no hay subsidio a la distribución. Por tanto, el otorgamiento de un subsidio a la demanda podría implementarse con la sola voluntad política de la provincia y sin necesidad de transferir áreas de concesión.
Costo regulatorio
Semejante modificación regulatoria, siempre produce la preocupación de los sujetos regulados, sin embargo, en ésta ocasión los interesados no han hecho sentir su voz. La modificación de la estructura de control propuesta, parece llevar paz a las empresas y no la “inseguridad jurídica” como suele suceder cada vez que se modifican las reglas de juego.
En el supuesto caso de que aceptasen, las distribuidoras quedarán, necesariamente, sujetas a un órgano regulador bijurisdiccional que representará intereses que podrían ser contrapuestos. Basta pensar que en el futuro podrían convivir un gobierno peronista y otro radical separados por la General Paz para imaginar el tamaño del conflicto.
Si no fuera conveniente las distribuidoras podrían resistir esta modificación regulatoria apelando a la ley vigente y a los contratos de concesión. Pero no parecen estar preocupadas por tales modificaciones ni siquiera con lo que pueda suceder a la hora de fijar tarifas.
Mientras la provincia de Buenos Aires tiene su órgano de control (OCEBA), CABA deberá constituir el suyo. ¿Podría crearse un órgano interjurisdiccional? Si, porque tanto en el Gobierno nacional, Ciudad y Provincia gobierna la misma alianza de gobierno en las tres jurisdicciones y el trámite político podría ser relativamente sencillo. Pero en todos los casos se requeriría el acuerdo de las empresas concesionarias.
Los entes reguladores se financian con una Tasa de Fiscalización y Control, que en última instancia, paga el usuario y el aumento o reducción de esta tasa redundará en la calidad técnica del regulador y por ende en la calidad del servicio.
Los costos de sostener a más de un ente regulador se verán reflejados en incrementos de la factura que pagan los usuarios.
La división de la distribución de la forma propuesta, hace retrotraer la situación a la época anterior a Segba, donde la diversidad de jurisdicciones dificultaba la uniformidad tarifaria, la calidad del servicio y la expansión del sistema. El traspaso de jurisdicción dejará al Estado nacional sin una herramienta fundamental ¿Será una vuelta al pasado?
