El ministerio de Economía culminó la serie de tres audiencias públicas en las que se analizaron las propuestas de actualización de los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y de segmentación de los usuarios de estos servicios para reformular la asignación de subsidios estatales en las facturas.
Las audiencias tienen carácter de NO vinculantes con relación a las decisiones que adoptará el gobierno nacional al respecto. Tal vez por ello, y después de treinta años de vigencia, parece haber decaído el interés en participar como expositores. El acto virtual fue opacado por la ausencia de las máximas autoridades del sector habida cuenta de las diferencias de criterio existente en el seno del gobierno, también en este tema.
De las presentaciones y exposiciones diversas ocurridas en los tres encuentros (virtuales) resultó un saldo complicado para las propuestas gubernamentales. No obstante, las declaraciones del ministro Martín Guzmán, y del propio Presidente Alberto Fernández, antes y después de las audiencias, permiten aseverar que regirán nuevas tarifas a partir de junio, y que el criterio de segmentación a aplicar dejará sin subsidio al decil más alto de los Usuarios Residenciales.
Esto último en base a criterios complementarios tales como las condiciones de hábitat, el nivel de ingresos, y de patrimonio. Con todo, desde Energía se admite que puede haber reclamos de los usuarios que sean desafectados del esquema de subsidios, en cuyo caso está previsto un procedimiento administrativo para rectificar y o ratificar la decisión.
Desde las empresas Distribuidoras de los servicios, que recibirán las instrucciones de segmentación, advirtieron a Energía que la puesta en práctica del nuevo esquema tarifario requerirá al menos dos meses de trabajo interno para adaptar sistemas informáticos y de facturación.
El subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, presidió la audiencia, Se refirió al informe de situación elaborado por la cartera a su cargo, y criticó el esquema vigente de subsidios por considerarlo "pro-rico", ya que es "uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica".
"Hoy el Estado cubre más del 75 % del costo del gas y de la electricidad que se factura" a nivel residencial, y "el 50 % de la población de mayores ingresos recibe el 60 % de los subsidios totales a la energía eléctrica", manifestó.
Detalló que el decil de mayor nivel de ingresos destina el 0,9 % al pago de los servicios de electricidad y el 2,2 % al del gas, y propuso "retirar gradualmente” los subsidios a esa porción de la población.
En la evaluación también consideró aspectos socioeconómicos como el nivel de consumo de energía, el de ingresos y el patrimonio tomando como referencia la base de datos del SINTyS.
Se consideran también variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización (barrios cerrados, countries, zonas residenciales específicas).
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
Muchos inscriptos como oradores en la audiencia faltaron a la última cita. Entre los que sí participaron se contaron diversas entidades defensoras de usuarios y consumidores, el CEPIS, la UIA, entidades como ADEERA, AGEERA, ADIGAS, varias Defensorías del Pueblo, la FATLyF, Edenor, pocos legisladores y menos intendentes.
Una objeción reiterada a la segmentación fue que se carecía de datos precisos referidos a los costos reales de producción de la energía (gas y electricidad), y que ello impide definir tarifas justas y niveles adecuados de subsidios a los sectores más vulnerables de la población. "Todo es una incógnita, con una única certeza, que es que todos recibirán facturas con incrementos", se afirmó, pensando también en sectores de usuarios que, sin ser del decil más alto, también verían reducido su nivel de subsidios con quitas parciales.
Hubo referencias, además, a la ausencia de campañas apelando al uso racional de la energía como modo de contener la demanda y reducir importaciones de GNL, mientras se espera avance la construcción de gasoductos.
En pocos días el gobierno activará sus decisiones en una secuencia de resoluciones que darán real dimensión económica y política a este asunto en un contexto de alta inflación .