Denuncian graves irregularidades en la ampliación de un gasoducto

Es un plan para la construcción de 2000 kilómetros; se detectaron posibles sobreprecios

El Ministerio de Energía ordenó suspender todas las obras de ampliación de gasoductos que estaban previstas por graves problemas en el fondo fiduciario que debía financiarlas. El problema es de tal magnitud que derivó en una denuncia penal por la que se está investigando si hubo irregularidades en el ambicioso plan que estaba básicamente bajo la órbita del extinto Ministerio de Planificación.

Este programa estaba destinado al tendido de 2000 kilómetros de ductos y a la construcción de una veintena de plantas compresoras, con un singular entramado de trabajo conjunto de funcionarios públicos y empresarios privados. La suspensión abrió las puertas a un pleito con la única contratista de esos multimillonarios emprendimientos, la constructora de Marcelo Odebrecht, que desconoció el mandato oficial y siguió adelante con la importación de los costosos insumos. Según la compañía del detenido empresario brasileño, nunca tuvieron notificación alguna de esa denuncia.

La mecha del conflicto la encendió Marcelo Blanco, titular de Nación Fideicomisos Sociedad Anónima (Nafisa), el fondo creado en el marco del Banco de la Nación Argentina para administrar los recursos del plan. El 31 de mayo reclamó a la Justicia investigar las decisiones que tomaron ex funcionarios en este megaprograma por presunto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

La denuncia, que quedó radicada en la Sala II del Juzgado Criminal y Correccional N° 1, a cargo de la juez María Servini de Cubría, se basa en las falencias de un críptico sistema de financiación, que fue observado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Se denomina "Open season 2006 - 2008", y podría considerarse que se trata del capítulo siguiente al plan de obras que dio lugar al caso Skanska, primera ampliación. Entre otras fallas, los órganos de control detectaron severas inconsistencias contables y rarezas administrativas que van desde la recepción definitiva de obras que no fueron concluidas hasta documentos contables que mezclan pesos con dólares.

Este caos operativo habría facilitado la aplicación de sobreprecios en las obras que, a juicio de los denunciantes, rozarían el 400%. Pese a ello, la constructora brasileña negó que se hubiera producido tal irregularidad.

"No hubo sobreprecios ni sobrecostos, y se puede observar que los valores promedio de las obras están alineados con los internacionales", se defendió un vocero de Odebrecht, tomando distancia de los auditores públicos, asesores legales del fondo fiduciario y fuentes privadas.

Pero hay otras razones argumentadas por Nafisa para suspender el programa de obras. En una nota del 29 de junio, dirigida a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, a cargo de José Luis Sureda, acusó la "imposibilidad actual de cumplir con su fin primordial", en referencia al Fideicomiso.

Argumentó que el fondo "carece de capacidad técnica para actuar como comitente de un contrato tan complejo", y asegura que ciertas obras "se encuentran suspendidas de hecho e inconclusas".

Después hace referencia a la complejidad del mecanismo de financiación utilizado, que permite un esquema de responsabilidades muy difusas. "Tanta opacidad hace pensar que el sistema fue diseñado para confundir a quien pretendiera desenmascarar alguna presunta maniobra dolosa", especulan en los despachos oficiales.

En 2006, la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS) realizaron un concurso para ampliar la capacidad de sus gasoductos a través de los denominados "loops" (caños paralelos al troncal) y plantas compresoras. Cammesa y la constructora Albanesi resultaron las adjudicatarias por ser las que asumían el compromiso de contratar el mayor volumen del carburante.

Estas firmas, a su vez, buscaron a quien hiciera los trabajos a través de una licitación. Odebrecht ganó la compulsa gracias a que prometió que aportaría financiamiento del Banco Nación de Desarrollo de Brasil (Bndes). Esta promesa no siempre fue honrada, lo que obligó en los hechos al Estado argentino a aportar recursos a través de Cammesa o del Banco Nación.

El repago definitivo de las obras debía hacerse a través de un cargo específico que iba a ser pagado por las usinas y las industrias que contrataran gas, es decir los grandes usuarios. Según los supuestos originales, en ocho años se iba a poder recaudar el equivalente a unos 2300 millones de dólares, un monto suficiente para soportar económicamente todo el ambicioso emprendimiento.

Pero las sucesivas ampliaciones del proyecto y el encarecimiento de los programas de obra Norte y Sur reformatearon la ecuación que al día de hoy no tiene términos precisos porque es difícil saber a ciencia cierta cuánto se invirtió y de qué bolsillo exactamente salió el dinero.

Al mismo tiempo, los pagadores del cargo específico, como YPF, Metrogas y la propia Albanesi, por diversas razones fueron recortando o suspendiendo su aporte, fogoneando la crisis del fondo fiduciario, cada vez más exigido.

Nación Fideicomiso SA manejó el dinero a través de otros fondos de obra subordinados, constituidos para cada región del país, dándole cuerpo a una fórmula financiera extremadamente compleja.

Siempre actuando por cuenta y obra de la Secretaría de Energía, Cammesa aportó liquidez de dos formas. Por un lado anticipó a valor presente de aquel cargo, que debía pagar en varios años. Por el otro adelantó capital, recibiendo a cambio un valor representativo de deuda (VDR). Un documento que no siempre fue extendido en tiempo y forma, en desmedro del aportante en última instancia: la caja pública.

TGN y TGS fueron gerenciadoras de las obras bajo su jurisdicción. Y en esta segunda ampliación de gasoductos tomaron el recaudo de consignar por escrito que no tendrían responsabilidad alguna en la fijación de valores y pagos. Fueron testigos privilegiados y ejecutores de un sistema que, en definitiva, se reclinaba en el control estatal.

Tal como observó la AGN, la Secretaría de Energía -que durante este proceso estuvo comandada por Daniel Cameron y Mariana Matranga- delegó como organizador muchas de sus atribuciones en el Enargas, erigido en el principal responsable de los movimientos, ahora en revisión.

El rol del órgano de control que presidió Antonio Pronsato desde 2007 fue clave. Definió qué obras hacer, a qué precio y cómo debían ajustarse los valores ahora sospechados, a través de mecanismos poco convencionales y con gran margen de arbitrariedad. Puede que ahí se dirija prioritariamente la lupa judicial.

Fuente: Cledis Candelaresi / La Nación