Las autoridades de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA, ex ENARSA) realizaron una presentación judicial ante los Tribunales Federales denunciando la "ilegítima y arbitraria" suspensión de las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) , dispuesta por la gestión de la empresa en el año 2018 (Administración Macri).
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dictado del Decreto 267 de marzo de 2007, declaró de Interés Público Nacional la construcción del "Gasoducto del Noreste Argentino" (GNEA) cuyo objetivo es promover el abastecimiento de gas natural en las regiones del Noreste Argentino no cubiertas con dicho servicio, contribuir a asegurar el abastecimiento doméstico de energía, y aumentar la confiabilidad del sistema energético.
En ése momento se nominó a ENARSA -hoy IEASA- como responsable de la construcción, mantenimiento, operación y prestación del servicio de transporte de gas natural del GNEA, especificando la traza provisoria del Gasoducto. Dicha traza luego sería rediseñada, modificando a la baja su extensión y alcance original.
El GNEA constituye la columna vertebral del transporte de gas del Noreste Argentino recorriendo las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta. Se divide en troncal y ramales. El ducto troncal principal tiene una longitud de aproximadamente 1.500 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro, y que sumando los ramales alcanza un total de aproximadamente 3.000 km de longitud. La licitación de las obras se realizó en varios tramos.
IEASA describió que "iniciada la construcción del GNEA en el año 2015, el estado de avance de las obras, al mes de agosto de 2018, era de más del 90 % en la mayoría de sus tramos, quedando solo 6 meses de trabajos para finalizar todas las obras y brindar el servicio de gas natural a una vasta región de nuestro país que hoy tiene un acceso limitado e ineficiente a dicho servicio público".
En un comunicado se remarcó que "la denuncia presentada por la actual conducción de la empresa tiene su origen precisamente, a partir del mes de agosto del año 2018, cuando se suspendió de manera unilateral, ilegítima y arbitraria todos los trabajos de esas licitaciones en el avanzado estado en el que se encontraban todas las obras.
La denuncia, se indicó, "acredita con informes y documentación, que la suspensión de una de las obras de mayor magnitud e importancia que llevaba adelante el Estado Nacional, a través de IEASA, fue producto de una decisión ilegal, que causó pérdidas económicas al Estado Nacional y dejó sin la posibilidad de acceder al servicio del gas natural a miles de ciudadanos argentinos, sin ningún tipo de causa ni fundamento que pudiera invocarse para ello".
La actual gestión de IEASA, junto con el apoyo y asistencia de la Secretaría de Energía, han dado reinicio a las obras pendientes, con el objeto de poder brindar el servicio de gas natural a las comunidades alcanzadas por la traza del GNEA, dando de esta manera efectivo cumplimiento al interés público que motivo la construcción de este gasoducto, se puntualizó.