PETRÓLEO & GAS

Archivan causa contra ex funcionarios de Energía y Enargas por inexistencia de delito

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El Juez Ariel Lijo ordenó archivar una causa contra Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería de la Nación, Mauricio Ezequiel Roitman, ex Presidente del ENARGAS, Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, todos ex Directores de ENARGAS, Marcos Pourteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, y Marcela Paula Valdez, ex Gerente de Legales del ENARGAS, por el presunto abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas.

La causa había sido radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 en su momento a cargo del juez Sergio Torres (actual miembro de la Suprema Corte Bonaerense) y la investigación la llevó adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan.

La denuncia presentada por el ex Interventor del Ente Regulador de Gas, Federico Bernal contra el entonces Ministro de Energía, Juan José Aranguren y otros funcionarios, dice que fueron convocados los productores y distribuidores de gas natural, para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas y contratos a tipo de cambio variable en dólares, circunstancia que según la denuncia, no cumplía con las pautas de libre competencia y que se trató de un “hecho inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076”

El fallo concluye que: “Conforme surge del desarrollo efectuado, han sido reunidos en autos elementos suficientes como para considerar agotada la investigación, no avizorándose medidas pertinentes que permitan avanzar en la instrucción hacia la formalización de una imputación con base en los sucesos denunciados”.

El Juez Ariel Lijo, postulado para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo afirma “…entiendo que el relevamiento efectuado pone en evidencia que no ha existido aquí sospecha de criminalidad alguna en los términos que la jurisprudencia exige para el dictado del sobreseimiento sin necesidad de indagatoria previa.”

Por su parte, el fiscal Marijuán en su dictamen señaló que “(…) sumamente relevantes han sido para la investigación, los testimonios brindados por los expertos del sector, que dejaron en claro que la determinación de precios en dólares no fue inédita durante la vigencia de la ley 24.076, como así tampoco en el período de emergencia que inició en el año 2002 con la salida de la convertibilidad y la mayor intervención del Estado Nacional en la regulación del sector. Tampoco se desprende de sus testimonios que las empresas distribuidoras hubieran sufrido un perjuicio a partir de la implementación de las “Bases y Condiciones” durante la gestión de Juan José Aranguren como titular de la cartera de energía. Por el contrario, las descripciones realizadas brindaron un contexto de situación del sector a lo largo de los años desde la privatización en 1992, mostrando las consecuencias de las distintas políticas que se fueron aplicando y su incidencia en los precios del gas como así también en su abastecimiento”.


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