Con la inflación más alta de los últimos 25 meses —un acumulado anual del 30 por ciento— en conferencia de prensa Mauricio Macri volvió a sincerarse: "Queda claro que no ha sido tan fácil como pensamos al principio” en referencia a la promesa de campaña donde dijo que derrotar a la inflación sería "lo más fácil". Ratificó que esa lucha "es el objetivo principal". Horas antes se había anunciado que la inflación de junio trepó hasta el 3,7 por ciento.
Por Juan José Casas
El presidente Macri calificó la actual crisis económica como una "tormenta" —al menos ocho veces utilizó el término— y dijo que "no puede terminar en una crisis similar a la del pasado". Pero dijo también que "Hay cosas que no dominamos” y descargó la responsabilidad sobre personas y hechos del pasado, "los problemas que heredamos del gobierno anterior y de décadas anteriores" y de "enfrentar al mundo volátil en el que vivimos”.
Consultado sobre otro de los caballitos de batalla de la campaña, la reducción de ganancias a los trabajadores votada en la la reforma fiscal, dijo que "lo que tienen que pagar todos los argentinos es el Impuesto a las Ganancias, para compartir con todos los argentinos que no han tenido tanta suerte".
Medidas
En lógica, una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Los objetivos fijados por el gobierno de reducir el déficit fiscal y la inflación, a priori, parecen lógicos, pero se muestran contradictorios e incongruentes con las acciones encaradas.
El sector energético es uno de los principales motores de la economía e incide en todos sus índices. Es por eso que las medidas de liberalización del mercado de los combustibles líquidos y del mercado cambiario sumada a la reducción del presupuesto para obras públicas, no parecen ser un camino conducente para arribar al objetivo pretendido. No porque se trate de una mera aseveración, sino porque se trata de fórmulas que ya fracasaron en la Argentina y también en otros lares.
La inflación encuentra en el esquema liberalizador el principal su principal impulsor: los precios de los combustibles. El impacto del flete en los costos —en su inmensa mayoría camionero— es muy alto y determinante en la formación de casi todos los precios de productos y servicios.
En lo que va de julio, los precios de los combustibles fueron ajustados tres veces con aumentos entre el 8% y 12%, aún así, los refinadores manifestaron que aún hay un atraso que oscila entre el 24 y 31%. Estos guarismos aseguran contribuir per se, con un 1 o 2 puntos porcentuales de la inflación para el mes en curso.
Tal vez se nos esté escapando algo en el análisis. Pero lo que sí está claro es que la liberalización del mercado requiere de un trabajo fino y altamente especializado en materia regulatoria. Fundamentalmente por las características particulares de este mercado.
En mercados imperfectos y de escasa desafiabilidad, como el de los hidrocarburos, antes de emancipar a la mano invisible debe implementarse un mecanismo de determinación de los precios de paridad de importación que permita comparar el mercado local de productos terminados con los de similar calidad importados.
Ese mecanismo o índice, deberá establecer cuáles serán los mercados de referencia para los distintos productos.
Además, indefectiblemente deberá contener los costos teóricos de refino y comercialización, la remuneración de la infraestructura logística (portuaria, almacenaje, tarifas de poliducto) los tributos, el margen de distribución, el costo del flete y seguros, el costo por alije, el margen por actividad del importador, los costos financieros y administrativos y las tasas de fiscalización y control. También debería incluir el costo de financiación de las inversiones.
Aún cumpliendo con alguno de estos requisitos, no existe garantía de que la medida contribuya a reducir la inflación. Además el precio se ajusta como un rayo cuando el mercado internacional está en alza y disminuye con pereza cuando tiende a la baja.
Pero la suerte está echada y todo se encamina a alinear los precios de los surtidores con los valores del mercado internacional. Para acoplar, el plan es aplicar pequeños retoques de precios cada 10 ó 15 días que seguramente van poner de malhumor a usuarios y empresarios cuyas actividades están atadas al consumo de combustibles líquidos.
Para atemperar los valores finales en surtidor, el “Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono” podría resultar una herramienta adecuada. Sin embargo, por tratarse de un valor fijo, el atraso inflacionario y la discrecionalidad en su aplicación, seguramente no contribuirá adecuadamente a la reducción del déficit fiscal.
Como si fuera poco y si no hay ninguna modificación de último momento, Javier Iguacel deberá autorizar en agosto un ajuste promedio en la tarifa eléctrica del 60% y en octubre un 80% en la tarifa de distribución de gas natural residencial.
Transporte
Las tarifas de transporte derivan directamente del precio de los hidrocarburos. El ministerio del área ajustó un 20% las tarifas de servicios urbanos y de media distancia de la región metropolitana, lo que llevará el boleto mínimo de 10 a 12 pesos en los primeros días de agosto. Para noviembre, el incremento ascendería un 25% que elevará el boleto mínimo a 15 pesos y en el caso de los trenes el ajuste será de un 20%.
Otra idea surgida del ciclista Guillermo Dietrich, es la transferencia de los subsidios del transporte a las provincias. La mayoría de las provincias tienen serios problemas presupuestarios y no podrán afrontar los subsidios ajustando el precio en forma directa. Tampoco ésta parece ser una medida que tengan algún efecto positivo en la reducción de la inflación ni contribuyan a la reducción del déficit fiscal.
Otra incongruencia: la suspensión de la obra pública
En materia de obra pública la contradicción entre el objetivo y el método elegido es aún más clara que el del mercado de los hidrocarburos.
Sin el menor atisbo de dudas, los anuncios de menor actividad de la obra pública aumentarán el desempleo que, sumado a la disminución de otras actividades económicas y recortes en todas las áreas, producirá una caída del consumo que indefectiblemente dará como resultado una menor recaudación fiscal. Se calcula que las medidas implican dejar alrededor de 80.000 desempleados en el sector de la construcción.
Lo preocupante, además es que el 2019 es un año año electoral, pero ya se anunciaron que se cumplirán las obligaciones asumidas con el FMI de recortar unos 150.000 millones de pesos en los gastos de capital dirigidos a las inversiones en infraestructura.
La caída en la imagen de Mauricio Macri es alarmante y algunos de sus aliados están contribuyendo aún más a ese descenso. Los empresarios de la construcción —rubro familiar para Mauricio Macri— aglutinados en la Cámara Argentina de la Construcción, ya han mostrado su aversión a estas políticas y han puesto de relieve una grieta dentro de la entidad.
Esa “grieta” no sólo está alimentada por el recorte. Además de la poda de los fondos destinados a los programas de obras públicas, el descontento crece porque los certificados de obras que se obtenían en plazos normales —15 días— y se pagaban alrededor de los 60 días, desde principios de año pasaron a los 60-90 días y los plazos de pago pasaron a 120 y 150 días, fracturando la cadena de pago.
Pero la cuña que hizo crujir la rajadura fue la exclusión del ajuste presupuestario de la obra del soterramiento del tren Sarmiento, adjudicada al grupo integrado por Ghella (71%) y SACDE (29%). Cabe recordar que SACDE es la ex Iecsa que Marcelo Mindlin compró a Ángelo Calcaterra
La inversión estimada para la obra ronda los US$ 3.000 millones y significará para el Estado nacional un desembolso de alrededor de US$ 500 millones de dólares para el ejercicio.
Según una fuente del gremio empresario “Lo que resulta preocupante es que la obra arrastra un gran escándalo que involucra a Odebrecht, Iecsa y funcionarios de la administración kirchnerista”
y agregó “estos escándalos no contribuirán al mejoramiento de la imagen del gobierno ni a la comprensión de las medidas adoptadas”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi indagará en breve al primo hermano del presidente y también a Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), el mediador Jorge “Corcho” Rodríguez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Reducir el déficit fiscal
En general existe un opinión pacífica sobre las medidas económicas que deben tomarse para a reducción del déficit fiscal. Se sostiene que se debe tener un crecimiento económico sostenido, incrementando las exportaciones, reducir las importaciones y reducir también el gasto público improductivo.
Hasta aquí, todos los economistas están de acuerdo. Sin embargo, en la práctica, nada de ello se verifica. La fuente principal de ingresos, las exportaciones, están estancadas y los productores no tienen la obligación de liquidar. Las tasas de interés paralizaron a las pymes, responsables de la mayoría de los empleos. La otra fuente importante de ingresos, las retenciones, están siendo reducidas o eliminadas, privando al fisco de ingresos genuinos.
Como contrapartida, las importaciones crecieron, demandando divisas al Central que vio reducir sus tenencias. Se recurrió a una medida impopular, incluso entre buena parte de los integrantes de la Alianza Cambiemos: llamar al Fondo Monetario Internacional. Se ha entrado sin establecer cómo se va a salir, se ordenó reducir los subsidios, si, pero no habrá dinero para el desarrollo de la infraestructura, crecerá la deuda en una moneda que la Argentina no emite, mientras se reduce el mercado interno y se achica el consumo. Las medidas adoptadas ¿son congruentes con los objetivos?
