El ENRE convocó a distribuidoras del AMBA y a transportadoras por las tarifas de transición

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad activó el procedimiento para la “adecuación transitoria de las tarifas” de distribución domiciliaria de electricidad por redes a cargo de las empresas EDENOR y EDESUR, operadoras en el Area Metropolitana de Buenos Aires, y convocó a ambas compañías a participar de dicho proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1020/2020.

Sobre esta misma base legal el ENRE también resolvió encarar un procedimiento similar para el caso de las tarifas del servicio público de transporte de electricidad “hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación”, y convocó a tal fin a las compañías de transporte de energía eléctrica en alta tensión TRANSENER S.A., TRANSBA (Buenos Aires), TRANSPA (Patagonia), TRANSCO (Comahue), TRANSNEA (Noreste), TRANSNOA (Noroeste), DISTROCUYO (Cuyo), y al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN).

Tales convocatorias fueron realizadas y oficializadas a través de las resoluciones 16 y 17/2020, y ambas establecen que el Ente “facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información”.

Hace un par de semanas las distribuidoras nucleadas en ADEERA reclamaron una próxima recomposición de sus tarifas advertidas de la decisión del gobierno de prorrogar el congelamiento (vigente desde 2019) hasta marzo próximo inclusive, para pasar luego al esquema de tarifas de transición mencionado.

Poco después hizo lo propio la cámara que nuclea a las usinas generadoras (AGEERA), pero esto corre por otro andarivel en la Secretaría de Energía, que analiza los costos de producción de la electricidad según las diversas fuentes y la situación del parque generador.

En los considerandos de las dos nuevas resoluciones, que llevan la firma de la interventora María Soledad Manin, el ENRE hizo hincapié en que el DNU 1020 determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, en virtud de lo establecido en la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública, vigente desde diciembre de 2019.

El artículo 5 de la citada ley facultó al PEN a “iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la ley 24.065 del Marco Regulatorio Eléctrico y demás normas concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias”.

Las resoluciones puntualizan que “en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá tender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes”. (por caso las audiencias públicas) .

Para las adecuaciones tarifarias (de la electricidad y también del gas), en una transición que podría extenderse por hasta dos años hasta arribar a una RTI integral, se deberán considerar la evolución de los costos de las empresas, las inversiones necesarias para el mantenimiento de los servicios concesionados, una "razonable" tasa de ganancia,  la situación de las diversas categorías de usuarios y usuarias en el contexto macroeconómico, y la disponibilidad del Estado respecto del subsidio parcial a estos rubros (alcance de la tarifa social, niveles de segmentación de usuarios).

“La participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa, constituye un factor de previsibilidad, y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable de garantizar el derecho a la información pública, y otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria”, señalan las dos resoluciones.

Además de convocar a las empresas a cargo de estos servicios, se citó a la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR), a las Defensorías del Pueblo de la Nación, de la CABA y Bonaerense, y notificó a las asociaciones ADEERA, ATEERA (Transportadoras) y a la de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE).

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