IEASA transfirió la usina Brigadier López a Central Puerto por U$ 326 millones
Santiago Magrone 
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La estatal IEASA (Ex Enarsa) suscribió el contrato de transferencia de la Termoeléctrica Brigadier López (CTBL) a Central Puerto S.A. por 326 millones de dólares.
Se trata del contrato por el cual se transfiere el fondo de comercio y de ejecución de las obras de cierre de ciclo de la CTBL en el cual se detalla que de los 326 millones involucrados, Central Puerto desembolsó 165 millones, en tanto que asumió una deuda pendiente por 161 millones de dólares.
Por otro lado, la empresa asumió la obligación de completar la obra de cierre de ciclo combinado de la usina generadora para lo cual se estima una inversión de aproximadamente 120 millones de dólares. En una versión original de esta operación se había calculado que esta inversión sería de unos 50 millones.
El contrato establece que IEASA cede y transfiere a Central Puerto el Fondo de Comercio y todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el mismo. Asimismo, Central Puerto se hará cargo de la continuidad laboral de los empleados de la central de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El contrato tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 882/17 que dispuso la desinversión por parte de IEASA de las centrales Brigadier López y Ensenada de Barragán.
La Central Brigadier López está ubicada en el parque industrial de la localidad de Sauce Viejo, sobre la Ruta Nacional 11, en Santa Fe, a 20 km de la ciudad de Santa Fe. Tiene una potencia instalada de 280 MW y fue habilitada para operar comercialmente en agosto del 2012.
El Grupo Central Puerto es la segunda generadora del mercado eléctrico local, y tiene entre sus accionistas a Nicolás Caputo, a Eduardo Escasany, y al fondo de inversión norteamericano Lone Star, representado en Argentina por Luis María Blaquier y Enrique Boilini, ex directores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) durante el primer año de gestión del actual gobierno.
Las dos generadoras térmicas formaron parte de un programa de ampliación de la capacidad instalada para producir electricidad que data del gobierno anterior y fueron financiadas con un préstamo del FGS.
El proceso de privatización de estas centrales, anunciado a finales de 2017, resultó controvertido ya que se registraron objeciones al monto de tasación de ambas usinas cuando el gobierno activó la privatización.
De hecho, el presidente Mauricio Macri y los ex ministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel fueron denunciados por legisladores de la oposición por lo que consideraron un intento de privatizar a precio vil estas usinas.
