PETRÓLEO & GAS

También la CEPH rechazó cobrar con bonos la deuda de Cammesa

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En una nota que lleva la firma de su presidente, Carlos Ormachea, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) expresó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, su rechazo a la propuesta de pago parcial con bonos de la deuda que CAMMESA tiene con los productores de gas, formulada por el gobierno.

Este rechazo se sumó al expresado por la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) esta misma semana.

En cualquier caso serán las empresas miembro de cada una de estas entidades las que resolverán si accionan judicialmente en el caso de que Economía ratifique su propuesta.
La CEPH nuclea a las mas importantes empresas productoras de petróleo y de gas que operan en el país, aunque YPF informó que "toda comunicación emitida por la Cámara NO incorpora la posición de la Compañía (de mayoría accionaria estatal) salvo que expresamente así lo indique".

El texto cursado por la Cámara hace hincapié en "la Resolución de la Secretaría de Energía 58/2024, que dispone la forma de pago de la deuda que actualmente mantiene CAMMESA con los productores de gas nucleados en esta Cámara por las entregas de gas natural de los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024".

"La Resolución dispone respecto de la Deuda que CAMMESA deberá determinar el monto correspondiente con cada Acreedor del MEM (según dicho término se define en la Resolución) para luego firmar acuerdos individuales con el objeto de abonar los meses de diciembre 2023 y enero 2024 mediante la entrega de bonos AE38, y el mes de febrero 2024 en efectivo".

"Al respecto, le informamos que la mayoría de los Productores nucleados en esta Cámara rechaza la modalidad de pago dispuesta. El rechazo en cuestión se funda en lo siguiente:

La Resolución afecta los derechos contractuales de los Productores al amparo de los contratos celebrados con CAMMESA en el marco del “PLAN DE REASEGURO Y POTENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FEDERAL DE HIDROCARBUROS, EL AUTOABASTECIMIENTO INTERNO, LAS EXPORTACIONES, LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS DEL PAÍS 2023-2028” (el “Plan Gas.Ar”), aprobado por el Decreto 892/2020 y modificado por el Decreto 730/2022, en clara afectación a su derecho constitucional de propiedad.

La alteración, de manera unilateral por parte de esa Secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones.

Se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector.

La conducta del Estado Nacional por medio de la Resolución y la instrucción que imparte a CAMMESA resulta violatoria de los contratos celebrados por los Productores, de los términos del Plan Gas.Ar, así como de la normativa aplicable. Ello debido a que CAMMESA adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023, cuando en simultáneo cuenta con fondos disponibles para hacer frente a parte de esa Deuda.

En este sentido, resulta altamente cuestionable y preocupante que la Resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica).

El Plan Gas.Ar ha generado las condiciones para que se lleven adelante inversiones a través de mecanismos de contractualización para las entregas de gas natural a mediano plazo, y ha generado un complejo de obligaciones y derechos en cabeza, tanto del Estado Nacional como de los Productores adjudicatarios.

Resulta preocupante que la Resolución no sólo omita los términos del Plan Gas.Ar, sino que adicionalmente no determine propuesta de pago alguna para las compensaciones que adeuda el Estado Nacional a los Productores bajo ese esquema, las cuales se encuentran pesificadas vencidas con mora en algunos casos por más de 18 meses.


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