La Administración Macri arrancó su gestión con dos problemas económicos centrales: el control de la inflación y el desmadre energético.
El control de la inflación es sencillo de resolver, se dijo. Según chequeado.com, es una de las veinte promesas de campaña aún incumplidas, promesas que abrazaron millones de argentinos, con la esperanza de vivir con un poco de estabilidad.
Escribe Aldo Bianchi Alzugaray
Luego de más de tres años, la inflación se mantiene vigorosa y alcanzó el pico más alto de los últimos 27 años: 47,6% en el 2018, según el INDEC de Todesca. Los memoriosos recuerdan que la inflación pronosticada en la Ley de Presupuesto elaborada en 2017 estableció un objetivo del 15% para 2018.
El otro problema central es el energético. Hay un reconocimiento general, incluso por gran parte del “peronismo perdonable” —diría Oberdan Rocamora— de que las tarifas pagadas por los servicios energéticos resultaban absolutamente insuficientes para generar, producir, transportar, distribuir, expandir redes y reponer reservas hidrocarburíferas.
Por tanto, para funcionar, el sector energético requirió de gigantescos subsidios, todos provenientes del Tesoro nacional. El objetivo político de este gobierno en la materia, fue alivianar esa carga de las arcas nacionales.
El reparto de la torta
La renta petrolera es un concepto ricardiano que se aplica a la producción de un recurso natural. Como dice Daniel Montamat “La característica económica básica del negocio petrolero es calcular el valor de las reservas que razonablemente se espera encontrar, y compararlo con el riesgo y con el costo de explorarlas, de desarrollarlas, de producirlas y de comercializarlas”. Además, están las regalías, que no son impuestos a la extracción, sino un mecanismo por el cual el Estado obtiene parte de la renta, el denominado “government take”.
La búsqueda de Shale oil y Shale gas no requiere de los complejos trabajos de exploración que demandan los yacimientos convencionales, pero su extracción es mucho más costosa y necesita de un esquema productivo y financiero bien distinto al de las operaciones convencionales.
Para incentivar esa producción es necesario asegurarle a los inversores, un sistema impositivo y regulatorio conveniente, seductor para el capital y compatible con los objetivos de las políticas públicas que no son exclusivamente recaudatorios.
Rewind
Desde hace muchos años, es vox populi que Vaca Muerta es un megayacimiento: la salvación gasífera del Estado, de empresas y ciudadanos.
Mucho antes de ser ministro, Juanjo Aranguren estaba enterado de las posibilidades de Vaca Muerta. Aún así —y por las dudas— sus compañeros militantes de la Fundación Pensar, especialistas en la materia, le advirtieron de las altas probabilidades de que sucediese un shock de sobreproducción de hidrocarburos no convencionales y por ende, de la necesidad de incluir un mecanismo que regule la apropiación de renta extraordinaria del megayacimiento.
Ni las críticas mordaces a las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista ni las recomendaciones de los expertos, surtieron efecto alguno. Una vez ministro, nada impidió que tomara la decisión de mantener vivo el espíritu de los programas Gas Plus dictados por el también ex ministro Axel Kicilliof, que había fijado como fecha de defunción del Programa Gas Plus diciembre 2017.
Excursus: de los 10 años que le tocó a Aranguren presidir la filial de Shell en Argentina, el último fue uno de los más rentables para la compañía, gracias a las políticas aplicadas por la gestión Kicillof que le permitieron a Shell alcanzar beneficios extraordinarios.
Las advertencias se convirtieron en hechos y los subsidios permitieron el aumento de la producción sin que el Estado aumentase su “government take”.
En el ámbito petrolero, hasta los más amigos reconocen, por lo bajo, que es inadmisible que un connaisseur du métier petrolier al frente de la Administración pública redacte una resolución del calibre de la 46/17 y no contemple un simple mecanismo que regule equitativamente la distribución de una potencial renta extraordinaria y evite una injusta apropiación en desmedro de quienes subsidiaron el desarrollo del área. ¿Incapacidad? ¿Impericia? ¿Astucia?.
El valor de la palabra
El 30 de noviembre de 2016, en un encuentro de AEA, denominado “La energía como motor para el crecimiento” el industrial más importante de la Argentina, Paolo Rocca, respecto de los subsidios sostuvo: “Para mí se trata de una sustitución de importaciones, no de subsidios”.
Allí frente a todos, el ex ministro rechazó la postura de Rocca, “no creo en el spread (diferencia) entre gas producido y gas consumido” dijo. Luego agregó “Nosotros tenemos que laudar en el medio de los intereses de diversos sectores” y dobló la apuesta: “algunos ponen condiciones antes de invertir, en vez de generar primero las inversiones asumiendo el riesgo empresario”. Con su estilo áspero y tajante Aranguren concluyó que “los incentivos serán suspendidos”.
90 días después, el 6 de marzo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 46.
Pese a los rechazos, refutaciones y desmentidas previas, se fijó un valor de US$ 7,5 MM/btu para cualquier tipo de gas nuevo o incremental: sea éste convencional, tight, shale y off-shore.
Desgraciadamente, aún hoy se espera al nigromante que revele los valores desagregados que permitieron arribar a dicha cifra, uno de los mayores valores del mundo para GN.
Un datito que pone de manifiesto la incertidumbre regulatoria de aquel momento: quien éstas líneas escribe, durante ese verano, fue testigo de una apuesta entre dos funcionarios de Energía, ambos dependientes directos de Aranguren. La apuesta consistió en afirmar uno y negar el otro, que a partir de 2018 se suspenderían las transferencias presupuestarias para los productores gasíferos. Desconozco si el perdedor ha cumplido con la obligación, pero me consta que es un hombre de honor.
Conspiración
Los enormes subsidios y la habilidad empresaria de sacar ventajas de una Resolución pueden ser producto de una “captura del regulador”, de una conspiración corporativa instalada en el poder político o tan sólo una simple torpeza de gestión.
En defensa del ex ministro, el Nobel de economía Paul Krugman sugiere que, en estos casos, la mala praxis suele tener un vínculo estrecho con la torpeza administrativa más que con la conspiración orquestada.
Por estas horas asistimos a un sarao de denuncias cruzadas por la afectación de intereses públicos y privados y que muy posiblemente —bien podría ser tras una muy posible reelección presidencial— alguien habrá que ocupase de dilucidar los motivos que llevaron al Sr. Ministro a tender tan generosa mano en el manejo de fondos públicos mientras mantenía su hacienda, bienes y fortuna allende la fronteras, por una sincera desconfianza en el equipo que integraba.
De cara a las próximas elecciones, no caben dudas de que uno de los temas del debate interno de la Alianza Cambiemos será la gestión de este “outsider” de la política, que luego de trabajar durante casi treinta y siete años para dos coronas, devino en el primer ministro de Energía y Minería de la Nación, con la tarea de “reordenar” el sector energético, cometiendo errores y omisiones imperdonables.
Walking dead
El fracaso y la impotencia de las políticas implementadas por Cambiemos para superar el escollo inflacionario y el desajuste energético, encontraron solución en la más básica de las medidas políticas: el cambio de las autoridades de ambas carteras, en tres oportunidades.
El ideólogo de las “metas de inflación” se llamó a silencio. Su contraparte, Aranguren no eligió el camino del recogimiento y la meditación. Durante su gestión había logrado un récord en el gabinete nacional: le dio al Pro treinta y ocho tapas negativas. Ahora fuera del gobierno, no ceja en sus esfuerzos por superar su propio récord.
Con los cambios de rumbo implementados en el área energética a la vista —en particular el sector gasífero— Aranguren vuelve a las páginas de la crónica diaria, exhortando a favor de los incrementos de tarifa, en un ilusorio intento de justificar su actuación que para muchos fue irresponsable o negligente —según el cristal con que se mire— eso sí, todo claramente expuesto en la Resolución 46/2017.
Intragable para propios y extraños, ahora, ya fuera del gobierno alega que “la energía no es un derecho humano”. Dicho de este modo, en forma tan genérica, suena hasta coherente. Pero no se trata de una cuestión dialéctica propia de Wittgenstein, sino que hablamos del acceso al servicio eléctrico, una cuestión de salud pública —alimentaria y sanitaria— que excede el mero negocio mercantil.
Los más prestigiosos organismos internacionales concuerdan en que existe una “linea de pobreza energética”, y que la teoría económica, hace rato que habla de una necesidad energética básica que debe ser satisfecha.
Antes de las elecciones, durante la campaña el “outsider” por cinismo o desconocimiento garantizaba precio “cero” de la energía para hogares humildes. Luego, su actuación como servidor público contradijo sus ejercicios en Excel. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, reconocerá públicamente.
Una lástima, de haberlo sabido, los ciudadanos hubiésemos aprobado, sin hesitar, el pago de cualquier cursillo de políticas públicas antes que permitir el aprendizaje mediante el ensayo y error en el manejo de la Res Publicae.
Salvavidas de plomo
Mientras la política monetaria parece haber encontrado su rumbo —aunque más no sea dictada por el FMI— la política energética nos depara horizontes aún inciertos tras el fracaso del método de “prueba y error” aplicado durante casi tres años.
Agotado ese ciclo, se impone la cordura y un llamado por parte del Presidente a los expertos en materia energética. Muchos de ellos trabajaron para que la Alianza Cambiemos llegara a la Casa Rosada, pero sus conocimientos y valiosos aportes técnicos, políticos y de gestión hasta hoy fueron simplemente ignorados.
Mientras tanto en algún rincón de Buenos Aires, los operadores de campaña de Cambiemos ruegan al cielo para que el ex ministro cierre la boca y cese su “ayuda” en la campaña por la reelección.
