Gas Natural: trasladar al consumidor privado no sólo los frutos de la gestión estatal; también los contratos para optimizarlos

Lo razonable es transferir el Contrato de Abastecimiento (no sólo su costo), para dar oportunidad a que entre privados y en un marco de transparencia y competencia se optimicen las condiciones, reduciendo su impacto en tarifas.

En la Audiencia Pública 104/2024 ante el ENARGAS se discuten las tarifas de gas natural que deben abonar los consumidores de toda la Argentina. Se prevén incrementos relevantes en los tres segmentos que componen esta tarifa: (i) compra del gas natural; (ii) transporte de gas; (iii) valor agregado de distribución. A estos se suman una larga lista de impuestos que Nación, Provincias y Municipios aprovechan a “colar” en la factura.

Las tarifas de gas deben ser actualizadas sin dudas. Sus valores no alcanzan a cubrir los costos ni remotamente, lo que acarrea una serie de desequilibrios e injusticias que urge remediar. Bienvenidas las Audiencias Públicas, la transparencia en la información y el debate para encauzar este tema hacia una solución eficiente de modo ágil, justo y cuidando a los que más lo necesiten.

El primer costo es la propia compra del gas natural. Los consumidores argentinos lo adquirimos de tres vendedores: los productores de Argentina, el importado de Bolivia y el importado como GNL en las terminales de regasificación de Bahía Blanca y Escobar. En los últimos años, contrario a lo previsto en la Ley 24.076, estas compras las hizo el Estado a través de “empresas” no sujetas a “riesgo empresario”. Empresas que arrojan pérdidas de modo indefinido, que nadie controla ni exige otra cosa.

ENARSA en el año 2023 compró localmente a un promedio de US$ 3,98 MMBTU, para vender ese mismo volumen a US$ 1,14 MMBTU. E internacionalmente compró a US$ 14,21 para vender US$ 1,71. Resultado: Lo recaudado por tarifas sólo cubrió el 17% de las compras de gas natural y, registró una pérdida de US$ 1.739 Millones. Esa suma la pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, déficit e inflación.

Esta situación no es ni justa ni sostenible, debe regularizarse de modo urgente. La Secretaría de Energía propuso que el costo de compra de gas se traslade a tarifa en tres tramos entre febrero y abril de 2024, agregando un nuevo plan de subsidios tipo “canasta energética” para los más carenciados.

La propuesta podría mejorarse. No parece suficiente con transferir únicamente los costos incurridos por ENARSA a las distribuidoras, porque heredarían un problema “pseudo estatal” sin herramientas para optimizarlo. Lo razonable es que se transfieran los contratos de compra de gas. Ello les daría a las distribuidoras una herramienta fundamental para negociar mejores condiciones con sus proveedores y reducir los costos, beneficiando así a sus usuarios.

Esos contratos son mejorables, en beneficio de los consumidores. El sólo hecho de que el Estado sea contratante implica un extra-costo: que no cumplirá en tiempo y forma los pagos, cargando sobre el precio los costos asociados a esa mora. Nadie podría acusar a los proveedores por ello: la Secretaría y ENARSA mostraron en la Audiencia Pública importantísimas deudas con ellos.

Se suma un hecho constatable: los precios que se negocian en el mercado de gas entre privados, son inferiores a los que paga ENARSA. Es muy probable que, con negociaciones entre privados, haya espacio para importantes mejoras en beneficio de los consumidores.

Transferir los contratos y habilitar mecanismos de mejora en beneficio de los usuarios será más justo, más transparente y más adecuado con el pronto regreso a un mercado privado, libre, dinámico y eficiente.

• CEO SAESA Internacional