Servicios públicos

Cambios en el modelo regulatorio energético

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El Gobierno de Javier Milei, tras decretar la emergencia energética, intervino los entes reguladores de gas y electricidad hasta el 31 de diciembre del corriente. La emergencia incluye tanto la generación (de interés público) como el transporte y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural (servicios públicos).

Para cumplir el objetivo fueron designados por 180 días los interventores Carlos María Casares -en el ENARGAS- y Darío Arrué, en el ENRE, ambos con facultades para supervisar las revisiones tarifarias y restaurar los directorios de ambos organismos (en 180 días), de acuerdo con lo establecido en las normas regulatorias.

La urgencia en las designaciones efectuadas por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, está motivada por la inminente revisión tarifaria integral (RTI) y el restablecimiento de la plena vigencia de los marcos regulatorios que contienen los mecanismos de fijación de precios y tarifas en condiciones competitivas, manteniendo los ingresos que permitan a las empresas amortizar inversiones.

Unificación

La novedad del paquete normativo enviado al Congreso, es la unificación de los organismos reguladores del gas y la electricidad, una compleja ambición que para adquirir consistencia requerirá de aprobación parlamentaria, habida cuenta de la complejidad normativa entrelazada con voluminosos contratos de licencia y concesión.

No se conoció aún la exposición de motivos que impulsan la amalgama de los reguladores. Todo indica que se busca una reestructuración de ambos organismos, por lo que la unificación en un solo ente, al estilo del Ofgem británico, facilitaría la tarea. Pero también es cierto que las tendencias en materia de regulación de los servicios públicos de energía están cambiando y teniendo en cuenta la íntima relación entre el precio del gas natural y el costo de generación, hablar de “energía” como un solo concepto para ambos consumos, no parece desatinado.

Subsidios

Según los trascendidos periodísticos, el Gobierno tendría en carpeta un nuevo esquema de subsidios que presentará en los próximos días, conformado por una canasta básica energética. La idea no resulta totalmente novedosa, pero podría ser la base conceptual para la unificación regulatoria.

La “canasta” representaría un tope de 10% de los ingresos de cada hogar destinados a satisfacer las demandas del acondicionamiento térmico, cocción y agua sanitaria. El guarismo no es caprichoso, ya que superado ese umbral, podría ingresarse en la zona de “pobreza energética”.

Lo que se subsidiaría es el excedente de ese tope: si una familia gasta un 12% de lo que gana por mes en energía, el Estado le subsidiará ese 2% adicional.  El cálculo se haría sobre todos los consumos de la vivienda, a partir de un determinado monto de consumo que el regulador determine como el mínimo indispensable para satisfacer las necesidades energéticas de la unidad habitacional.

Un 10% de los ingresos se computarían para el total de la demanda energética: 5% por consumos eléctricos y el otro 5% por el uso de gas natural, proporciones aplicables a la región centro, con las variaciones según las seis zonas bioclimáticas que se estarían estudiando a lo largo del país.  En caso de no tener gas por redes, se computará el 10% para electricidad.

Los consumos gasíferos tendrían un tope de 30 m3 mensuales para la temporada estival y 90 m3 para el invierno, tomando como referencia la zona centro.

Cabe recordar que el consumo por mes de un usuario de CABA es de 55 m3, aunque eso promedia los meses de verano con los de invierno.

Para el sector eléctrico no está definido el umbral, pero se calcula que el bloque será de unos 400 kw/h al mes.

La interrelación del precio del gas y la electricidad es determinante, podría decirse que el gas natural en Argentina fija el precio de generación.

Complejidades

A priori resultaría una tarea técnica y jurídicamente compleja, unir dos organismos con funciones, competencias y facultades tan diversas.

El gas natural se rige por la Ley 24.076 y sus operaciones son de carácter federal, mientras que el transporte y distribución eléctrica (sólo en CABA y gran Buenos Aires) se rige por la 24.065. Hay aquí un diferendo fundamental en cuanto al alcance de las competencias y facultades de cada uno de los entes.

Ambas leyes tienen sus respectivos decretos reglamentarios que junto con las reglas básicas de las licencias, los reglamentos del servicio, las normas técnicas y las resoluciones de cada organismo, integran el denominado “marco jurídico” tanto para el transporte y distribución de gas como de electricidad.

La distribución eléctrica se rige, tanto en la expansión de las redes, calidad del servicio, las tarifas y el control regulatorio, por la ley de cada provincia, con excepción de Edenor y Edesur.

El ámbito del gas natural presenta una mayor complejidad. Se trata de un servicio de alcance federal, donde la regulación no solo aborda aspectos económicos, sino también técnicos. Este asunto se complica aún más considerando que el ENARGAS, además de supervisar los aspectos económicos tarifarios, se encarga de desarrollar normativas y garantizar la seguridad del sistema, incluyendo al Gas Natural Comprimido (GNC), con casi dos millones de usuarios y dos mil y pico de estaciones de carga distribuidas a lo largo del país.

El servicio eléctrico y el gasífero revisten la condición común de “servicio público”, ambos son monopolios naturales y por tanto las funciones teóricas de los reguladores es simular condiciones de mercado a efectos de regular las tarifas, habilitar el Pass Trough y fijar tarifas en base al sistema de incentivo a la eficiencia mediante la fijación de precios máximos (Price cap).

GLP

Resulta llamativo que a la unificación regulatoria, no se incorpore el control del fraccionamiento y distribución del GLP, un mercado que requiere urgentemente el reordenamiento y control, porque es lamentable ver el estado de las garrafas, la falta de control tanto en peso como en calidad del producto y un pésimo servicio de distribución.

Cabe recordar que el Art. Nº 8 de la Ley 26.020 establece que se podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), las tareas de fiscalización y control técnico del mercado del GLP.

El mercado argentino demanda la mayoría del GLP fundamentalmente en los sectores más vulnerables en el uso residencial

Su producción es excedentaria -unos 2,5 millones de toneladas al año mientras que el mercado interno demanda 1,5 millones- y altamente estacional. La mayoría de la distribución tiene como destino los hogares más pobres y se realiza mediante subsidios contemplados en el denominado “Programa Hogar”, que consiste en un monto que se paga directamente a través de la Anses.

La tendencia mundial es a la electrificación, en particular sustituyendo el uso de GLP, un commodity con alta demanda internacional.

Pero este punto aún es controvertido: las instalaciones eléctricas internas de las viviendas de hogares vulnerables, requieren de una revisión técnica profunda y financiamiento para el acondicionamiento técnico e instalación de electrodomésticos eficientes.

Y desde ya, inversiones en líneas de transporte en media y baja tensión, subestaciones y transformadores para distribución, pero lo que falta estructuralmente es financiamiento, el nudo gordiano de la Argentina que nadie ha podido cortar aún.

Claro que la readecuación eléctrica podría realizarse a través de un plan que podría financiarse con el incremental producto de las exportaciones de GLP.

Nuevos paradigmas

En la argentina, el peso de los subsidios en el presupuesto constituye un problema que todos los sectores reconocen, pero que ni por izquierda ni por derecha se ha encontrado una solución viable.

Para poner en dimensión el asunto, es preciso recordar que en 2022, los subsidios a la energía alcanzaron los US$ 12.427 millones (el 2% del PIB), explicando el 82% del déficit fiscal primario del año, según datos de Presupuesto Abierto. En 2023 se redujeron sustancialmente (menores importaciones de barcos por la construcción del gasoducto PNK) alcanzando los US$ 8.395 millones, que se explican principalmente por transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. y Enarsa.

Al parecer para comprender la unificación de los entes reguladores, hay que posar la vista más allá de los subsidios, en un aspecto que ha tomada la mayor relevancia en materia energética: la descarbonización y la transición energética.

Cabe recordar, que a través de una serie de acuerdos internacionales, la Argentina se comprometió a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2050 y a disminuirlas un 19 % hacia 2030 (tomando como base 2007) apuntando a mantener un porcentaje de participación del 0,9 % respecto de las emisiones globales.

La descarbonización no es un tema menor: se trata de un objetivo casi obligatorio en el comercio mundial, donde la huella de carbono determinará las nuevas barreras arancelarias de casi todos los productos.

Ambiente y mercado

El avance en el establecimiento de un mercado de créditos de carbono requiere aún el más amplio desarrollo de las fuentes de energía renovables y sobre todo de las posibilidades de almacenamiento de esa energía intermitente para la incorporación al sistema de gas natural, donde el biometano y el hidrógeno podrían tallar fuerte.

Las leyes regulatorias de gas y electricidad son pioneras en materia ambiental y ambas ordenan velar por la protección del medio ambiente.

No obstante, en algunos aspectos -en particular tecnológicos- han quedado un tanto vetustas y la tendencia actual en materia regulatoria pone el foco no sólo la descarbonización, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también la tecnología puede contribuir decisivamente mediante la aplicación de la Internet de las cosas (IoT), medidores inteligentes, prepagos, etc.

En este sentido, la digitalización del sector energético contribuiría de forma decisiva, incluyendo la implementación de tecnologías digitales para gestionar de manera más eficiente la generación, distribución y consumo de energía.

Un ejemplo claro son los medidores “inteligentes” que podrían contribuir a modificar las curvas de la demanda si estuviesen disponibles tarifas diferenciadas para “pico” y “valle”.

En materia de descarbonización, son conocidos los estudios del ENARGAS en materia de “descarbonización el gas natural” mediante el corte del hidrocarburo circulante con gases análogos al metano (biometano, hidrógeno) de origen no fósil, facilitando la creación de un mercado de créditos de carbono. Claro que esto requerirá la incorporación y modificación de algunas normativas técnicas (NAG) y la reglamentación adicional de ciertos artículos de la ley.

Además, existen otros puntos clave de las nuevas tendencias regulatorias, como los mercados energéticos liberalizados para fomentar la competencia y la eficiencia, permitiendo la entrada de nuevos actores y la libertad de elección del proveedor de energía por parte de los consumidores.

La Ley 24.076 contemplaba un mercado de gas y capacidad de transporte pero la salida de la convertibilidad complicó definitivamente a la actividad.

Transporte

En materia de transporte de bienes y personas, la Argentina tiene un atraso importante. A pesar de la abundancia de gas –el gran combustible de transición- decenas de miles de camiones y ómnibus continúan utilizando gasoil, que en buena parte es importado.

Los subsidios al gasoil han sido el verdadero freno a la conversión del transporte de pasajeros y carga a GNC, donde en otras latitudes -incluso con gas importado- muestran como logro ambiental.

Del mismo modo es imperiosa la necesidad de gasificar al campo, ya sea con gas natural mediante gasoductos virtuales o con GNL o BioGNL, teniendo en cuenta  la caída en los valores de las tecnologías de licuefacción.

Formación del consumidor

Para llevar adelante la transformación regulatoria, resulta estratégicamente relevante el impulso a la formación para el consumo del usuario. No sólo en materia de uso eficiente de la energía sino en la promoción de ciertos hábitos y la incorporación de nuevos métodos constructivos del hábitat, teniendo en cuenta que el hogar constituye una unidad de consumo energético.

Este punto es complicado por el carácter federal del país donde el control está en manos de las provincias. Del mismo modo sucede en el caso eléctrico donde el desarrollo de redes eléctricas inteligentes (smart grids) resulta clave. La excepción son Edenor y Edesur.

No caben dudas de que las novedades tecnológicas contribuyen a una mejor, más eficiente y eficaz regulación y deben ser incorporadas aún a riesgo de modificar el modelo de negocios. En este sentido, la unificación de los entes reguladores debería contribuir definitivamente a la transición energética permitiendo la incorporación de nuevas fuentes de energía y los mercados de carbono.

El nuevo concepto “canasta básica energética” propuesto por esta gestión es un camino interesante desde el punto de vista teórico, pero no está demás recordar que en la práctica, desde hace décadas, los técnicos argentinos buscan infructuosamente implementar una segmentación eficiente, eficaz y justa.

La exploración de alternativas al modelo regulatorio actual se encuentran en permanente evolución y afortundamente la Argentina cuenta con cuadros técnicos altamente calificados en la materia, preparados para los nuevos desafíos.


Equipo técnico de Energía&Negocios

 


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