Mientras el petróleo y gas impulsan
exportaciones y superávit, el sector
eléctrico enfrenta urgencias.
La recuperación demanda tarifas
eficientes, inversión privada y un mercado
competitivo.
El sector de petróleo y gas está en plena expansión. La meta del millón de barriles de petróleo de Vaca Muerta va camino a cumplirse con el significativo impacto que tendrá en la balanza comercial. Las obras para evacuar el petróleo están en curso de ejecución o licitadas (rehabilitación del gasoducto trasandino OTASA, duplicación del oleoducto de Oldelval, nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur). El petróleo de Vaca Muerta viene con gas asociado y hay que buscar nuevas demandas en la Argentina, en la región y en el mundo (GNL). Las principales empresas están aplicadas a esa búsqueda, y aunque el proyecto de YPF con Petronas entró en un cono de sombras, surgen proyectos alternativos para complementarlo o sustituirlo. Está terminada la primera etapa de la reversión del gasoducto del Norte y se evalúan exportaciones de gas a Brasil vía Bolivia, o potenciando el vínculo por Uruguayana mediante el cierre del anillo con un ducto que una Uruguayana con Porto Alegre.
El proyecto de PanAmerican con Golar de exportación de GNL a través de un barco de licuefacción sigue con fecha de largada para el 2027( ya se acoplaron con participación accionaria Pampa Energía e YPF) . Y continúa la lista de proyectos asociados al desarrollo intensivo de Vaca Muerta. Desde el off shore de Tierra del Fuego el proyecto Fénix entra en plena etapa de desarrollo y explotación, mientras Equinor y sus socios con la evaluación del pozo seco Argerich se proponen seguir investigando el potencial de la plataforma continental argentina. La exploración puede deparar otras buenas sorpresas y de haber descubrimientos comercialmente explotables la producción convencional dejaría de debatir la trayectoria de su curva de declinación. El Plan Andes de YPF sigue en etapa de negociación con las provincias, pero augura nuevos actores en la explotación de yacimientos marginales. A todas estas buenas noticias se suman proyecciones de un superávit de balanza comercial energético de unos 10.000 millones (casi duplica los 5.500 de este año) y una reducción de los subsidios de otro medio punto del producto (bajando a unos 3.000 millones de dólares), lo que tiene como contracara la recuperación de los precios y tarifas de gas y electricidad para que recuperen sus costos económicos y la implementación de una tarifa social focalizada. Por último, pero también de mucha importancia: empiezan a sumarse proyectos dentro del RIGI. Donde también hay proyectos eléctricos como el del parque solar El Quemado en la localidad de Las Heras, Mendoza.
Por contraposición todos los especialistas subrayan los serios problemas que atraviesa la industria eléctrica, con urgencias y pronósticos de fallas si el verano es caliente, y con la mochila de plomo de reconstruir un mercado después del estropicio que llevó adelante el populismo energético. Un sector descapitalizado, con algunas inversiones clave para enfrentar la emergencia, y con un debate estancado sobre la agenda para alcanzar los objetivos de una transformación estructural.
Hay que proceder a la reorganización industrial del mercado eléctrico con el cronograma y la secuencia necesaria para que los cortes de luz y la calidad del servicio dejen de ser noticia. Las condiciones de largada para reconstruir el mercado ya no son las de los años 90, y hay que recordar la metáfora de Heráclito: “Nadie se baña dos veces en el mismo río”. Metáfora sobre el devenir de la realidad y sobre las particularidades de cada cambio que lo vuelven único e irrepetible.
Antes del cambio de los 90 el sector eléctrico argentino estaba integrado verticalmente, y tenía una presencia excluyente de empresas del estado que canalizaban inversiones públicas con tarifas que no recuperaban costos. Los déficits de las empresas impactaban en las cuentas públicas. La privatización de las empresas fue concomitante con la desregulación del mercado. Con la ley 24065 se procedió a la desintegración vertical de la industria (unbundling) y a la conformación de un mercado mayorista donde interactuaban generadores con grandes usuarios y distribuidores, vinculados por un sistema de transporte troncal y regional (SADI). El despacho físico y económico tomaba como referencia un precio mayorista eléctrico que reflejaba los costos marginales de generar electrones.
A las tarifas finales se trasladaban precios estacionales para amortiguar la variabilidad. Las tarifas reguladas de transporte recuperaban costos operativos, y las ampliaciones del sistema dependían de la inversión privada y del financiamiento con fondos provenientes de cargos de congestión. Las distribuidoras recibían una tarifa que remuneraba su base de inversión y los costos operativos, y eran responsables de las inversiones para ampliar el sistema y mantener una calidad del servicio, o responder con multas por la energía no suministrada.
La organización del mercado de los 90 funcionó, y su operación fue planteando la necesidad de algunos ajustes: en las ampliaciones de transporte troncal las señales de mercado llegaban tarde y los cargos de congestión no alcanzaban para financiar las nuevas obras. La contractualización del mercado era baja, lo que impedía la articulación de contratos aguas arriba (entre generadores y productores de gas natural). Había restricciones de acceso al mercado mayorista, con un rol restringido para los comercializadores. Tampoco había una planificación orientativa de la evolución del sector, ni estándares de calidad comparados dentro de las reglas de mercado. Por eso, cuando cae la convertibilidad y estalla el sistema de precios, la transición se hace traumática, peor sin la previsión de un mecanismo de tarifa social.
Pero ante el desafío de mejorar, el populismo fue cambiando todo para asfixiar y destruir el mercado. Su reconstrucción depende ahora de: 1) Fijar un rumbo consistente y una estrategia de largo plazo; 2) Recomponer las señales de precios y tarifas; 3) Reparar el funcionamiento institucional.
El artículo 161 de la ley 27742 (Ley de Bases) da algunas pautas del rumbo a seguir. El objetivo es el funcionamiento competitivo y eficiente del mercado con un rol excluyente para la inversión privada.
Tras ese objetivo hay que proceder a la liberación secuencial de franjas de demanda a la libre comercialización (empezando por los grandes usuarios), permitir el acceso a la modalidad de contratos libres para nuevos emprendimientos, traspasar PPA (contratos de venta a CAMMESA) a algunas distribuidoras, y potenciar el rol de los comercializadores para dar opciones a los usuarios cautivos, incorporando tecnología de medición inteligente para promover la interacción de oferta y demanda.
Respecto a los precios hay necesidad de volver a un precio mayorista único que remunere el costo medio total de la oferta (con despacho físico marginal), y aprovechar la revisión tarifaria integral para terminar con el galimatías de la segmentación por ingreso y bloque de consumo.
Una sola tarifa residencial y una tarifa social focalizada en quienes la necesitan con límites de consumo subsidiado. Los costos de la generación se beneficiarán con un precio de gas doméstico a la baja por el desarrollo masivo de los recursos de Vaca Muerta. Hay inversiones en transporte que no pueden demorar y puede que requieran algún financiamiento público. Las otras inversiones habrá que emprenderlas con iniciativa privada, concesiones a 20 años, modalidad contractual BOT (construir, operar y transferir al final de la concesión) y repago a repartir entre generadores y demanda.
CAMMESA debe volver a su rol de comercializador mayorista organizando las transacciones para asegurar un despacho seguro y económico. Hay que analizar la conveniencia de integrar los despachos físicos de electricidad y gas, y hay que proceder a la unificación de los entes reguladores (artículo 162 de la ley de Bases). Tomará un tiempo, pero un sector eléctrico recapitalizado se sumará a un sector energético pujante.
*Ex Presidente de YPF- Ex Secretario
