Energía en alza, dólares en fuga: la paradoja del superávit energético en tiempos de déficit externo
Argentina avanza hacia un perfil exportador en energía con un superávit creciente impulsado por Vaca Muerta, el GNL y menores importaciones. Sin embargo, esta promesa de equilibrio externo convive con un rojo alarmante en la cuenta corriente, marcado por la salida de dólares vía turismo y rentas. El país enfrenta el desafío de consolidar su estrategia energética en un contexto macroeconómico frágil y una transición verde en vía muerta.
La Argentina está logrando generar divisas netas por exportación energética(gracias a Vaca Muerta, exportaciones de gas y petróleo, y menores importaciones). La cuenta nacional “energía” en términos monetarios muestra un sólido superávit. En marzo de 2025, la balanza comercial energética arrojó un saldo positivo de US$ 527 millones(exportaciones: US$ 753 M; importaciones: US$ 226 M). En el primer bimestre de 2025, el superávit acumulado ascendió a US$ 1.321 millones, con US$ 1. ( exportaciones de US$ 847 M y una demanda importadora de US$ 230 M) . Según un artículo oficial, el primer cuatrimestre arrojó US$ 2.684 millones de saldo positivo (exportaciones por US$ 3.634 M versus importaciones por US$ 950 M). Además, se proyecta que el superávit energético para todo 2025 podría alcanzar entre US$ 5.000 M y US$ 8.000 M, según Reuters.
Contracara
El gobierno de Javier Milei esperaba encontrar en la energía una plataforma de relanzamiento internacional y una promesa de superávit externo sostenido. Pero la cuenta corriente dio un golpe de realidad: el déficit es de US$ 5.191 millones en el primer trimestre de 2025, frente a un superávit de US$ 176 millones en igual período de 2024, lo que implica un deterioro interanual de más de US$ 5.300 millones. El rojo se explica principalmente por un déficit récord en servicios de US$ 4.502 millones —con turismo al exterior por US$ 3.464 millones— y por pagos netos de rentas e intereses al exterior por US$ 3.333 millones. Aunque la balanza comercial de bienes fue superavitaria en US$ 2.060 millones, no alcanzó para compensar los déficits en los otros rubros.
Este fue el primer gran déficit externo desde que asumió Milei y duplicó lo estimado por el FMI para todo el año. La causa principal fue la apreciación real del peso, que impulsó el consumo de servicios en el exterior y las importaciones. El gobierno considera que el desbalance es “razonable y sano” en una economía en crecimiento (~6 % anual) y asegura que puede financiarse con ingreso de capitales y apoyo del FMI. Sin embargo, el desequilibrio externo revela una vulnerabilidad persistente, que pone presión sobre la balanza financiera.
La salida de dólares, entre otros rubros, por vía del turismo,especialmente por el consumo con tarjeta de argentinos en el exterior, “dólares turismo” registró en los primeros 16 meses (enero 2024 – abril 2025) un déficit acumulado de aproximadamente US$ 9.300 millones. Solo en abril de 2025, los egresos por “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” ascendieron a unos US$ 1.125 millones, mientras que los ingresos por turismo receptivo fueron de US$ 263 millones. Durante el primer trimestre de 2025, el saldo fue deficitario en US$ 3.464 millones, lo que representa un incremento de US$ 2.755 millones respecto al mismo período de 2024.
Un pacto energético con Europa: GNL desde Vaca Muerta
El 7 de junio, en el marco de su visita oficial a Roma, el presidente Milei y la premier italiana Giorgia Meloni oficiaron de testigos de honor de un acuerdo entre YPF y la compañía energética italiana ENI. El convenio contempla el desarrollo de un ambicioso proyecto para exportar GNL desde los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta hacia los mercados europeos, en un contexto global donde la seguridad energética se ha vuelto prioridad geopolítica.
El esquema prevé la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro (no está claro su financiamiento) y la instalación de dos plantas flotantes de licuefacción que serían ensambladas en astilleros chinos. La meta es alcanzar, hacia 2028, una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL, el equivalente al 40% de la producción nacional de gas actual. El volumen proyectado tiene un potencial de ingresos cercano a los US$ 5.000 millones anuales, consolidando un perfil exportador de largo aliento. La operación permitiría además vincular a la Argentina con los mercados europeos en condiciones de largo plazo, ofreciendo a Europa una fuente de gas alternativa en medio de su desenganche energético respecto de Rusia.
Una oportunidad estructural: superávit energético y cambio de régimen
La maduración de los desarrollos en Vaca Muerta ya había comenzado a traducirse en números elocuentes: en 2024, el país registró un superávit energético récord de US$ 5.668 millones, cifra inédita en décadas. Para 2025, se proyecta un saldo aún más abultado, del orden de los US$ 8.000 millones, en gran parte gracias a las exportaciones de gas a países vecinos como Chile y Brasil, además del ahorro por sustitución de importaciones.
Consciente del potencial transformador del sector, el gobierno ha anunciado que a partir de 2026 implementará una nueva metodología para la fijación de precios de exportación de gas natural, con el objetivo de hacerlos más competitivos. Actualmente, los precios se fijan en base al crudo Brent, lo que encarece el gas argentino en relación con otros productores. La intención oficial es desvincular esos precios del Brent y alinearlos con los del mercado interno regulado por el Plan Gas, lo que podría implicar una reducción del orden del 20% para exportaciones regionales. Esta medida apunta a consolidar el vínculo con compradores estratégicos como Brasil, que ya ha manifestado su interés en cerrar contratos de largo plazo para abastecer sus termoeléctricas.
Renovables en vilo
En paralelo a esta expansión del gas como vector estratégico, el sector de las energías renovables atraviesa una zona de penumbra normativa. La Ley 27.191 —sancionada en 2015 y que estableció un régimen de fomento con metas concretas— expira a fines de 2025. La norma obligaba a que el 20% del consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables antes de diciembre de ese año. A mediados de 2025, sin embargo, ese umbral apenas roza el 15 a 16% de la matriz eléctrica, y no existen señales claras de una prórroga o una nueva ley que continúe el esquema de incentivos.
Pese al impulso que la ley brindó en la última década —con más de 7.100 MWinstalados entre eólica, solar y biomasa—, los proyectos en carpeta comienzan a ralentizarse ante la falta de un horizonte normativo estable. Las empresas del sector, tanto locales como internacionales, observan con preocupación el riesgo de una discontinudad legal que podría desalentar nuevas inversiones. La paradoja no es menor: mientras el gas natural se proyecta como una palanca geopolítica, las energías limpias enfrentan un futuro incierto.
Infraestructura eléctrica: obras y deudas del pasado
El gobierno también ha puesto en marcha una serie de 15 obras prioritarias en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), destinadas a ampliar y modernizar la red de transporte eléctrico de alta tensión. La iniciativa busca resolver cuellos de botella históricos, especialmente en zonas de alta producción renovable que no pueden despachar toda su energía por limitaciones técnicas. Las obras son financiadas mediante inversión privada, con participación de CAMMESA y la Secretaría de Energía, y forman parte de un plan más amplio de "normalización" del sistema energético nacional.
Una visión de largo plazo aún incompleta
El dinamismo del sector energético argentino en este último tramo de junio deja entrever una voluntad gubernamental de insertar al país como actor relevante en el mercado energético global, particularmente en el negocio del GNL. Pero esa apuesta aún convive con fragilidades internas: una transición energética sin marco legal claro, una estructura de subsidios todavía presente y una infraestructura que, aunque en expansión, sigue arrastrando rezagos acumulados.
A corto plazo, las decisiones que se tomen en torno a la prórroga o reformulación de la Ley de Renovables, la reglamentación de los nuevos precios de exportación y las inversiones vinculadas al proyecto YPF–ENI serán determinantes para definir si la Argentina puede sostener una política energética equilibrada entre su vocación exportadora, la diversificación de fuentes y la sostenibilidad ambiental.