El Gobierno decretó la privatización parcial de NASA. Críticas de la Oposición

El gobierno Nacional activó, a través del decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la generación de energía nuclear en el país operando las centrales Atucha I, Atucha II (PBA) ,y Embalse (CBA).

La Administración Milei argumentó que esta medida responde a la política de reducción del déficit fiscal y tiene como objetivo principal asegurar la financiación futura y la eficiencia operativa de la compañía mediante la incorporación de capitales privados.

En los considerandos del decreto se sostiene que la decisión de privatización se impulsa para obtener financiamiento complementario para proyectos estratégicos de gran envergadura y costo elevado.

NASA requiere fondos para la Extensión de Vida (por 30 años) de la Central Nuclear Atucha I, que comenzó a operar en 1974 y presentó una performance excelente en materia de producción. Su reincorporación al sistema energético esta prevista para el año 2027. También está planificada desde el gobierno anterior la construcción de la planta de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una obra muy necesaria desde la entrada en operación de la Central Atucha II.

La venta de acciones al sector privado será del cuarenta y cuatro por ciento (44 %) del capital social, a través de una licitación pública nacional e internacional. Por otro lado, un cinco por ciento (5 %) de las acciones será reservado para un Programa de Propiedad Participada, destinado a los empleados de la empresa.

El cincuenta y uno por ciento (51 %) del paquete accionario de NASA seguirá en manos del Estado Nacional, distribuido entre la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Esta última preservará el 20 por ciento que actualmente dispone, y que el gobierno pretendía que cediera.

La decisión de privatización impulsada por el gobierno a través de la Ley Bases 27.742 ha sido resistida por la oposición política en el Parlamento Nacional, en particular del peronismo, dado el carácter estratégico del desarrollo de la actividad nuclear en el país en un proceso iniciado por el Estado a principios de la década del 50.

Frente a esto, el gobierno admitió la obligatoriedad de que el Estado Nacional mantenga la participación mayoritaria en el capital social de NASA.

No obstante, desde el principal partido de la oposición se resistirá esta privatización al tiempo que se cuestiona al gobierno por la paralización de iniciativas que habían sido diseñadas con garantía de financiamiento de China, como la construcción de una cuarta central nuclear, también en la localidad bonaerense de Atucha.

También, la virtual paralización del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), primer reactor de potencia de diseño nacional, que a finales de 2023 presentaba un grado de avance del 85 % en la obra civil, y del 64 % en su realización integral. Se llevaban invertidos 750 millones de dólares y restaban unos 250 millones para su finalización. Desde octubre de 2024 hay cero (0) inversión, denuncian en el sector, y también advierten sobre el éxodo de científicos y técnicos en NASA y la CNEA.

El ex presidente de NASA, José Luis Antúnez, describió que "no es sólo una operadora de las centrales sino que se trata de una empresa integrada: Es dueña de los diseños de la Centrales Nucleares; es dueña del Ciclo de Combustibles (uranio natural); Es constructora de centrales (fue encargada de la terminación de Atucha II) e incluso realizó tareas de reparación en base a diseños propios, y concretó la extensión de vida de la Central Embalse".

"NASA no da pérdidas, es un crimen no terminar el CAREM, y es un atentado al patrimonio nacional", remarcó el especialista al exponer sobre la situación del sector.

Sobre estas decisiones del gobierno, el ex secretario de Planeamiento, Diego Hurtado, las consideró en sintonía con el interés de los Estados Unidos en tanto ése país quiere ser competitivo en un futuro mercado internacional de pequeños reactores modulares para suministrar energía, y en ése contexto resultaría adecuado desmantelar el proyecto argentino CAREM.

De paso, en fecha reciente Argentina se incorporó al programa estadounidense FIRST, que promueve la adopción de SMR (reactores modulares pequeños) bajo estándares de ése país, una decisión más de alineamiento geopolítico.

Mientras tanto, y a través del decreto privatizador, el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, ha sido designado como la Autoridad de Aplicación del proceso, y deberá dictar todas las normas operativas y complementarias que resulten necesarias, contando con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Agencia de Transformaciòn de Empresas Pùblicas.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá intervenir para expedirse sobre la factibilidad de la implementación del Programa de Propiedad Participada. El decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, o sea el 1 de octubre.