El Poder Ejecutivo publicó en el boletín oficial el Decreto 986/2018, marco regulatorio que reglamenta la Ley 27.424, aquella que habilita a los usuarios particulares inyectar en todo el territorio la energía eléctrica excedente que obtengan de la producción de equipos de energías renovables como paneles solares, tecnologías de biomasa y biogás, turbinas hidroeléctricas o aerogeneradores de baja potencia.
El 27 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.424, que creó el Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, iniciativa acompañada con aportes y gran ansiedad durante los diez años de vida institucional de CADER, al punto de convertirse en una de las prioridades de la gestión.
En el inicio del debate, entendimos como institución empresaria la necesidad de no incluir esta reglamentación en la Ley nacional 27.191, a sabiendas de que luego se trabajaría sobre un marco específico, tal como es la Ley 27424. Por esos días, discutimos internamente en CADER, así como dentro de la coalición que conforma la Asociación de Energías Renovables de Argentina (AERA). Como colectivo, participamos de la redacción de los primeros borradores de la ley, convocando a las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria para generar una normativa consensuada, que pudiera resultar aprobada por unanimidad en el Congreso.
Aquel texto original tenía como base fundamental estimular la utilización de energía renovable distribuida mediante el modelo de tarifa diferencial transitoria. Se pensó de esta manera hasta que los precios de la energía se normalizaran, es decir, alcanzaran igualdad de competencia frente a los subsidios que gozaban los combustibles fósiles. Consideramos que, una vez lograda esta instancia, sería necesario implementar un esquema de medición neta en energía.
Aquel borrador tuvo muchas intervenciones y terminó finalmente por adoptar un modelo de “medición neta” en dinero (net billing), que tiene como principal ventaja prácticamente no afectar el flujo de fondos de las distribuidoras o cooperativas eléctricas (multiplica el número de proveedores pero casi no afecta el flujo, salvo que la inyección del excedente sea muy significativa, algo poco probable por el desaliento tarifario). Pero también tiene dificultades, como, en el caso de los techos solares, que no alienta el uso total de la superficie disponible sino la fracción que permite cubrir el autoconsumo.
El instrumento resultante, aunque mejorable, es lo suficientemente útil como para que una virtuosa implementación de la autoridad de aplicación permita impulsar la actividad. Por nuestra parte, en cada espacio de debate en el que podemos hacerlo, sostenemos que la diversificación de la matriz no debería ser una mera sustitución tecnológica sino un cambio de paradigma. Esto implica la descentralización y cambio de escala, involucrando al ciudadano. Entendemos que deben ser los pilares centrales del proceso y no beneficios conexos. Por todo esto, el proceso de adopción del nuevo modelo y su implementación son clave para el éxito de la generación distribuida. En pocas palabras, significa hacerlo más rápido, más eficientemente y más barato.
Con el Decreto reglamentario y las sucesivas resoluciones oficiales que la Secretaría de Gobierno de Energía publicará en los próximos días, estarán dadas las condiciones para que usuarios residenciales, comerciales e industriales se interesen en la oportunidad de mejorar su economía y seguridad energética, aprovechando los beneficios que ofrecen las fuentes renovables.
Beneficios de la generación distribuida
Es importante destacar las virtudes de este modelo energético en base a las energías renovables:
- Ahorra divisas provenientes de la importación de combustibles fósiles;
- Disminuye la necesidad de inversión en transporte eléctrico;
- Regulariza la tensión de las redes de baja potencia.
- Garantiza la seguridad energética diversificando el uso de distintas tecnologías.
- Fomenta el desarrollo de empresas en las economías regionales.
- Requiere gran cantidad de mano de obra
- Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero.
- Racionaliza la demanda y genera conciencia en los usuarios sobre la eficiencia energética.
Estas ventajas, que no son las únicas, pueden y deben ser aprovechadas, sobre todo en un contexto de emergencia energética como el que atraviesa nuestro país, que obliga a desembolsar millones de dólares en la compra de combustibles en el exterior.
La relación entre el Estado nacional y los provinciales
Por lo antedicho, consideramos imprescindible encontrar la adecuada sinergia entre las distribuidoras, los gobiernos provinciales, los usuarios, el Gobierno nacional y todos los actores que participan de la cadena. Es que, mientras menos barreras surjan durante la instalación de equipos, más rápido evolucionará el mercado. En este sentido, el objetivo de 1.000 MW que plantea la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación para alcanzar en doce años puede superarse holgadamente, antes del tiempo previsto, con políticas integrales adecuadas.
En CADER nos dedicamos durante estos diez años de vida institucional a trabajar intensamente para lograr eficiencia en la cadena de proveedores y acompañamos los procesos de formación de recursos humanos. Demostramos con estudios profesionales la conveniencia económica de desplazar energía térmica distribuida, que termina siendo cara, contaminante e ineficiente. Un punto crucial que sigue siendo de interés es el financiamiento que facilite la inversión inicial. Por ello, conversamos con autoridades, y la banca pública y privada.
A lo largo del año 2018 la Ley de Generación Distribuida 27.424 fue analizada por las carteras de energía de todas las provincias, lo que permitió sacar a la luz el gran interés de diversos sectores comerciales e industriales por utilizar sistemas de energías renovables. E indirectamente, logró el interés por el tema de los funcionarios responsables en la materia, justo en el marco de la reducción de subsidios a la energía. En el paquete de interesados figuran los parques industriales, productores agropecuarios de todo el interior, comercios de grandes ciudades y el sector rural[ag1] . ¿Los motivos? La energía limpia les aporta una solución a dos problemas: el aumento del costo de la tarifa y el abastecimiento de energía eléctrica en forma independiente.
Experiencias en las provincias
Antes de la Ley 27.424, varias provincias dictaron sus propias normas locales de generación distribuida. Se destacan las de Mendoza (Ley 7459), Salta (Ley 7824 de Balance Neto), Santa Fe (Programa de Prosumidores), San Luis (Ley 921/14), Neuquén (Ley 3006), Misiones (Ley 97 de Balance Neto), Jujuy (Ley 6023), [ag2] que, en algunos casos, ya están siendo aplicadas. Los distintos regímenes provinciales pueden variar conceptualmente con relación a la Ley de Generación Distribuida.
Sistemas de control de calidad: la propuesta de CADER
Otro aspecto importante para trabajar es el proceso de control de calidad de las instalaciones. Por su escala, certificar las conexiones en forma individual resulta de imposible ejecución. Por eso, entendemos necesario establecer un sistema de instaladores homologados que puedan ser controlados bajo la técnica de muestreo, lo que permitiría establecer calificaciones en función del resultado alcanzado por cada instalador. Es un sistema que resultó exitoso en la provincia de Ontario, en Canadá, incluso con un bajo costo de transacción. Si el Estado y los organismos involucrados no estuvieran en condiciones de realizar la tarea –o simplemente decidieran no hacerlo, como sería deseable que sucediera–, CADER se ofrece a realizarlo o a participar con otras instituciones de un sistema transparente, sin barreras comerciales artificiales, con el propósito de conservar los niveles de calidad y seguridad deseados.
El cambio en marcha
Por los factores mencionados, entre otros, estamos ante una gran oportunidad de transformar la matriz energética. E incluso con la ventaja de poder aprovechar el gran recorrido que han llevado adelante países con potencial de recurso muy inferior al que presenta la Argentina. Este desafío de transformar a los usuarios en “prosumidores” está cada vez más a nuestro alcance. Solo falta terminar de encontrar el consenso para trabajar en una misma dirección, incluyendo en la mesa de debate a los distintos sectores públicos y privados.