ELECTRICIDAD

Tarifas residenciales de electricidad se ajustarán hasta 17% en junio por la actualización del PEST

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Los usuarios residenciales del suministro de electricidad por redes tendrán un incremento del orden del 17 % en sus facturas a partir de junio, y del 7 por ciento si están comprendidos por la denominada Tarifa Social, como consecuencia de una actualización del Precio Estacional de generación vigente desde marzo último, se indicó en la audiencia pública convocada por el ministerio de Economía (a través de la secretaría de Energía) para ajustar el PEST.

Con la aplicación de estos porcentajes se completará una suba de 21,27% para los usuarios con Tarifa Social, y de 42,7 % para el resto de los residenciales, equivalentes al 40 y al 80 % de la variación anual registrada por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a diciembre del 2021.

Tal fue el criterio definido por Economía hace algunas semanas en procura de al menos contener el elevado nivel de los subsidios estatales a estas tarifas, y quedó ratificado en la audiencia a pesar de diferencias de criterio entre funcionarios del sector respecto a la política tarifaria.

De la audiencia no participaron ni el Secretario de Energía, Darío Martínez, ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Fue presidida “por delegación” por el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras.

Un informe de la Subsecretaría de Planeamiento Energético calculó que el nivel del subsidio que el Estado afronta en este trimestre es del 81,85 % del costo total de la electricidad con demanda residencial.

Un cuadro oficial presentado en el arranque de la audiencia detalla que “un usuario tipo con consumo promedio” que desde marzo paga 1.264 pesos ($ 1.033 en enero) pagará desde junio $ 1.475 antes de impuestos, y $ 1.876 factura final.

El mismo “usuario tipo”, comprendido por la Tarifa Social, paga desde marzo 662 pesos ($ 583 en enero), y pagará desde junio 707 pesos, antes de impuestos, y $ 901 factura final, se detalló.

Participaron representantes de organizaciones de Defensa del Consumidor, de varias Defensorías del Pueblo (nacional y provinciales), de entidades empresarias (UIA, y Pymes industriales y comerciales), gremiales (FATLyF), legisladores, de las asociaciones de empresas generadoras, y distribuidoras de electricidad (AGEERA, ADEERA), de las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur, de grandes usuarios (AGUEERA) y particulares.

Entre los planteos formulados se contaron, el rechazo a cualquier variación tarifaria, el reclamo de datos precisos referidos a los costos de producción de la electricidad, la aclaración de que estas subas no tienen por destino a las distribuidoras de la energía eléctrica, las advertencia al gobierno de la insuficiencia de ingresos por parte de estas últimas y su creciente endeudamiento con CAMMESA (por la compra de energía).

“En los últimos años el ajuste del VAD fue inferior a la inflación, no obstante las distribuidoras privilegiaron la prestación del servicio frente a otras obligaciones”, explicaron.

Se reclamó el tratamiento simultáneo del costo y precio de la energía generada (valuado en dólares) y del Valor Agregado de Transporte y de Distribución (VAT y VAD), que están pesificados. Y hubo planteos acerca de la incertidumbre referida a la concreción de la Revisión Tarifaria Integral, que debería definirse hacia fin de este año.

Desde la Industria se planteó la necesidad de “reducir hasta eliminar la dispersión de precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”. De las audiencias públicas convocadas por Economía resta para el jueves 12 la que tratará el tema de la segmentación en la aplicación de los subsidios entre las diversas categorías de usuarios, lo cual incluirá la eliminación de este beneficio estatal para el decil más alto de la población medido en términos socioeconómicos.

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