El ENARGAS precisó aspectos de la ampliación del Régimen de Zona Fría

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El Interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, precisó en el Congreso aspectos técnicos y económicos del proyecto de ley que extiende los alcances del Régimen de Zona Fría, que establece tarifas diferenciales en beneficio de quienes habitan zonas o regiones de bajas temperaturas.

En tal sentido, afirmó que “el único criterio utilizado para ampliar el régimen de zona fría (para la facturación del suministro de gas) se basa en la clasificación bioambiental del país definida por la norma IRAM 11603, vigente, que considera datos climáticos de diferentes estaciones del país, brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)”.

Dicho proyecto, que tras la aprobación en Diputados ya está a consideración del Senado de la Nación, evalúa las distintas zonas teniendo en cuenta los Grados Día (GD) para las necesidades de calefacción y clasifica las distintas zonas en base al denominado Grados Día -GD18, obtenido a partir de la sumatoria diaria de la diferencia de grados centígrados promedio para cada día del año, por debajo de los 18 °C.

Así, con temperaturas inferiores a 18°C, se entiende que se requiere de algún tipo de calefacción en la vivienda para lograr el nivel térmico recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En su exposición para explicar aspectos del proyecto, el funcionario detalló que “sobre la base de las mediciones de las distintas estaciones del SMN, y los diferentes GD18 obtenidos, la norma divide todo el territorio de la República Argentina en 6 zonas: desde la Zona I “muy cálida,” hasta la Zona VI “muy fría”. “El proyecto de ley se propone incluir a las zonas IIIa (templado cálido, con aproximadamente 1100 °C/año) y IV (templado frío, entre 1170 y 1950 °C/año).

 Al respecto, aclaró que la utilización de la zona templada cálida, que si bien por su nombre daría a entender que no se corresponde con una “zona fría”, los datos del SMN muestran que existe solo una diferencia de 70 °C/año con relación al menor valor de la zona templada fría.

La norma presenta en la “Tabla B.1 – Competencia jurisdiccional de las zonas bioambientales”, el listado de los Departamentos de las provincias que conforman cada zona/s y subzona/s bioambiental.

El proyecto de ley plantea el beneficio existente para la región de la Patagonia, la región de la Puna y Malargüe, incluyéndolos en las zonas bioclimáticas V y VI (fría y muy fría), con un nuevo plazo de 10 años que otorga previsibilidad. Además, incluye la zona bioambiental IV y la zona IIIa en el beneficio completo, que incorpora localidades y departamentos de 5 provincias. 

La ampliación del régimen vigente para la región patagónica, Puna y Malargüe incorpora a los hogares de otras zonas del país que por condiciones climáticas tienen una importante demanda de gas. “Lo antes indicado pone en igualdad de condiciones a segmentos postergados de la población, mejorando a su vez al régimen para dotarlo de mayor equidad y federalismo”, sostuvo Bernal.  

Del total de los nuevos beneficiarios y beneficiarias que se incorporan con este proyecto y que son aproximadamente 3,15 millones, el 55 % corresponden a fuerzas políticas diferentes a las del Frente de Todos. O sea, 1,7 millones pertenecen a las provincias de Córdoba y Mendoza, departamento General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil, entre otras.

Entre otras, la medida también comprende a San Nicolás, Olavarría, Junin, Pergamino,  Pinamar, Azul, Tres Arroyos, Coronel Rosales, Trenque Lauquen y 9 de Julio.  

El Interventor sostuvo que respecto de las tarifas para este servicio “se está trabajando en dos dimensiones solapadas”:

Explicó que el proyecto de ley de zona fría en tratamiento “contempla los distintos usos y la distinta intensidad en el uso del gas natural como energético en los hogares. Y ello deriva no de aspectos socioeconómicos, sino de factores estrictamente ambientales, climáticos y de la cumplimentación o no de derechos humanos”.

 Por el otro lado, la segunda dimensión es la socioeconómica, añadió, “el Presidente (de la Nación) pidió expresamente que los subsidios lleguen a quienes tienen que llegar y para eso se está trabajando en conjunto (los entes reguladores, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, ANSES, AFIP, SINTyS y RENAPER, entre otras áreas y jurisdicciones del Estado) en la elaboración de una segmentación de perfiles para mejorar y focalizar los subsidios energéticos”.

“El objetivo es priorizar a los sectores más vulnerables y eficientizar la asignación de subsidios. Además, producto del desguace que se verificó durante la gestión anterior de los programas específicos como la Tarifa Social y el Programa Hogar, debe ponerse el foco también en ampliar, no solo la cobertura, sino también el monto del subsidio correspondiente”. 

FONDO FIDUCIARIO

Acerca del fondo fiduciario específico que, desde 2002, financia a quienes hoy tienen tarifa diferencial por zona fría (casi 850 mil usuarios) y su ampliación para cubrir a los nuevos usuarios (3,1 millones), Bernal aseveró que “la ampliación de beneficios prevista en el proyecto de ley puede ser financiada enteramente con una variación del recargo actual de 4,46 %”.

“El fondo fiduciario se creó en 2002 y en ese entonces el recargo sobre el precio del gas en boca de pozo, que se aplica sobre las ventas de gas que se realizan en todo el territorio nacional, era de cuatro milésimos de peso por metro cúbico (0,004 $/m3). Con esa recaudación se financiaban las compensaciones.

En el año 2017, producto del incremento tarifario de la gestión Macri, el fondo fiduciario quedó muy descompensado, ya que los montos de las compensaciones crecieron exponencialmente al ritmo de los aumentos siderales del precio del gas y de la fijación de las tarifas producto de la RTI efectuada”.

Entonces, a fines de 2017, el gobierno de Cambiemos redefinió el recargo para solventar el régimen de zona fría como un porcentaje del precio del gas en boca de pozo, encubriendo un aumento muy importante desde aproximadamente 0,1% (el equivalente de esos 0,004 $/m3) hasta 2,58%.

Con el nuevo recargo, el régimen se autofinanció, aunque a expensas de reducir los aportes directos del Tesoro y cargarle esa diferencia a todos los usuarios y las usuarias del servicio público.

 Posteriormente, y al ritmo de los sucesivos aumentos tarifarios, el recargo debió corregirse al alza (aumentarlo), primero a 2,96% a fines de 2018 y luego a 4,46% en mayo de 2019. Y no solo eso, sino que en cada oportunidad el entonces oficialismo aprovechó para recortar el beneficio de la tarifa diferencial, primero a un 60 % del cuadro tarifario pleno, mientras que en octubre de 2018 al 50 % del cuadro pleno (valor actual).

 Por cierto, el 4,46 % del recargo de 2019 es el valor vigente. Por ejemplo, tomando el caso de un usuario R1 de la subzona tarifaria Buenos Aires Norte (Naturgy BAN), que consuma 20 m3, hoy paga $ 6,68; y en el origen pagaba $ 0,08, lo significa un incremento en pesos de 6,60.  

“Si se tienen en cuenta los precios del gas y la aplicación del régimen tarifario de transición, se requeriría un total de entre 26.000 y 29.000 millones de pesos para fondear el régimen vigente más la ampliación, lo cual podría conseguirse con un recargo del 5,44 por ciento”, refirió Bernal.

Y agregó que “ello así, dado que los 849.965 beneficiarios actuales son cubiertos con 13.029 millones, quedando un excedente de 10.688 millones de pesos; y dado que cubrir la ampliación (3,1 millones de nuevos beneficiarios) requiere un adicional de 15.900 millones, de los cuales 10.688 ya son cubiertos por el citado excedente, quedan solamente por cubrir (recaudar) unos 5.211 millones”.

 Esos 5.211 millones por saldar son precisamente los que aporta el incremento del recargo del 4,46 % actual al 5,44 %. Consecuentemente, el régimen de zona fría seguiría autofinanciándose con lo recaudado por el recargo.

“En este proyecto de ley se propone incorporar más de 3 millones de nuevos beneficiarios, con un incremento de tan solo un punto porcentual, aprovechando el excedente citado para extender el beneficio a 3,1 millones de beneficiarios (cerca de 13 millones de personas o 28% de la población)”, concluyó.

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