Tarifa social vs. segmentación de subsidios

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Por Alejandro Einstoss y Julián Rojo

El mes de mayo de 2021 encuentra al sector energético con un congelamiento de tarifas de más de 24 meses de extensión y con costos energéticos que marchan al ritmo de la inflación. Esta situación aceleró el crecimiento de los subsidios energéticos, que crecen al 40% respecto al 2020.

El riesgo que implica esta dinámica es que se torne difícil de manejar en un contexto socioeconómico sin margen para errores adicionales ni de financiamiento fiscal.

Los subsidios acumulados a mayo de 2021 alcanzan los USD 6.819 millones con presiones al alza impulsada por:

1) los mayores consumos del pico de invierno;

2) el aumento de las importaciones tanto en volumen, para cubrir el derrumbe de la producción local de gas natural (-10% anual), como en precios; y

3) en particular, por la continuidad del (semi) congelamiento de los precios de la energía.

Los subsidios eléctricos son los que se llevan la mayor parte a través de CAMMESA. Debido a que los costos de generación en los últimos 24 meses crecieron 120%, mientras que el precio promedio que paga la demanda solo lo hizo el 19%, (incluida la Resolución 131/2021 que comenzó a aplicarse en el mes de abril y sin la cual hubiese aumentado por debajo del 4%).

De esta forma la cobertura de subsidios pasó del el 28% en abril 2019, a superar el 60% en abril de 2021. Lo anterior se traduce en mayores transferencias a CAMMESA que, anualizadas, alcanzan los USD 4.900 millones, y crecen un 32% anual.

Las tarifas eléctricas del AMBA con atraso del 85%

Los aumentos publicados por el ENRE el viernes 30 de abril, recomponen los márgenes de las empresas de distribución de EDENOR y EDESUR a partir del primero de mayo de 2021. Esto representa una mejora del 21% en sus ingresos aunque no tiene impacto alguno en el precio de la energía. Por otra parte, un aumento en el precio de la energía del orden 40%, que tendría un impacto en factura final de alrededor del 20% adicional y que permitiría cumplir con los subsidios previstos en el presupuesto nacional 2021, debe descartar por el momento.

Las tarifas de EDENOR y EDESUR, congeladas por casi dos años, presentan un atraso del orden 108%, en función de los índices de actualización previstos en la revisión tarifaria del 2017. Por lo tanto, aun después del aumento que recompone los márgenes de las Distribuidoras, el atraso tarifario supera el 85%. y mantiene la incertidumbre en relación con el futuro de las inversiones y calidad de servicio.

Esta situación genera además una enorme disparidad tarifaria entre el AMBA y el resto del país, que hace que un usuario del interior pague en promedio, casi un 80% más que uno en el AMBA, una diferencia que no puede justificarse por la escala económica de prestar el servicio de distribución en el centro urbano mas grande del país.

El Gas natural

La situación que se plantea en el sector del gas natural es similar a la de la energía eléctrica. Los aumentos que se anuncian entorno al 7% para residenciales y 4% para la industria corresponden a recomposición de márgenes de distribuidores y transportistas. Sin embargo, estos aumentos aún no han sido reglamentados.

La recomposición de los márgenes regulados representa aproximadamente el 30% de la factura final e implicarán aumentos del 20% en los ingresos de las empresas de servicios que, aun así, también mantendrán un atraso tarifario superior al 80%.

La Secretaría de Energía ha señalado en su informe para las Audiencias Públicas que el 56% del costo del gas destinado a satisfacer la demanda abastecida por las distribuidoras está a cargo del Estado Nacional y que esta situación implica un costo fiscal de $110.000 millones y una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto 2021 del orden de los $52.000 millones, equivalente a un incremento del 40% respecto de las partidas previstas en el presupuesto original.

Por otra parte, la Secretaría señala con precisión que el aumento requerido en el precio del gas es del 42%, lo cual implica aumentos adicionales en la factura del gas en torno al 20%. Al igual que en el caso de la energía eléctrica, esto es poco probable en un escenario de cuarentena y con calendario electoral.

La Discusión relevante es sobre la tarifa social

En el actual contexto económico y social la discusión relevante debería pasar por cómo se reduce el peso de los subsidios en las cuentas públicas (inevitable en un programa de orden macroeconómico) de manera equitativa y socialmente aceptable.

Los límites impuestos por la coyuntura implican la convivencia, en el corto/mediano plazo, con altos niveles de transferencias al sector energético, sin embargo, la discusión es cuándo y de qué forma se comienza a implementar un régimen de subsidios que siga dos principios:

1) que reduzca, o al menos no profundice, el esfuerzo fiscal; y

2) que contemple las diferencias en los ingresos de los hogares y su situación socioeconómica. Una tarea nada menor.

El obstáculo más inmediato es que en nuestro país existen restricciones normativas y regulatorias explicitas en la aplicación de tarifas diferenciales según la capacidad de pago o patrimonial. Tanto las leyes que regulan la prestación de los servicios públicos de gas natural como de energía eléctrica son claras al respecto: “En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores.”

Sin embargo, se cuenta con un mecanismo en vigencia que además de cumplir con las recomendaciones en términos de buenas prácticas en la materia, ha mostrado un desempeño eficaz: la Tarifa Social.

La tarifa social es el mecanismo vigente que, mientras cumple la regulación, identifica y focaliza el universo de usuarios vulnerables a través del sistema SINTyS y ANSES, en base a criterios objetivos: ser titular de programas sociales, jubilado o pensionado con haberes mínimos, aquellos que reciben seguro por desempleo, o certificado de discapacidad, entre otros.

Este mecanismo implica descuentos en bloques de consumo de energía, e incluye criterios de exclusión del beneficio a partir de cruces con los registros de propiedad inmueble, automotor, embarcaciones de lujo, etc.
Sin dudas es un mecanismo de focalización perfectible en vistas a evitar errores de inclusión y exclusión. Sin embargo, es el instrumento disponible e inmediato que permite transformar ineficaces y opacos subsidios a la oferta en subsidios a la demanda focalizados en quienes lo requieren.

La tarifa social puede y debe mejorarse, por ejemplo, mediante la implementación complementaria de otros mecanismos de focalización como la Comprobación Previa de Medios de Vida de los solicitantes, georreferencias o criterios catastrales.

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