ADEERA precisó que ajuste tarifario a los GUDI no incide en los ingresos de las distribuidoras

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 Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, nucleadas en ADEERA, puntualizaron que “el próximo aumento tarifario para algunos usuarios industriales que determinó la Secretaría de Energía a través de la Resolución SE 131/21 es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía, concepto que las distribuidoras trasladan a las facturas en su justa medida y pagan con lo recaudado a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa)”.

A través de un comunicado, explicaron que “esta normativa no tiene ninguna incidencia en el negocio de la distribución de energía ya que la parte de la tarifa que corresponde al Distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución o VAD, no se modifica”. “En la mayoría de las jurisdicciones del país el VAD se encuentra congelado desde hace al menos 2 años”, graficaron.

ADEERA describó que “los usuarios de las distribuidoras no pagan en la tarifa el costo total de la energía, ya que el Estado subsidia entre el 60 y 40 % de ese costo según la categoría. En particular esta Resolución establece principalmente una quita de subsidios a usuarios industriales denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor) que son aquellos que no contratan su energía en el mercado mayorista y demandan hasta 300 KW de potencia”.

 Al respecto,  se indicó que en 2018 el gasto medio en energía eléctrica sobre la facturación bruta de las principales 500 grandes empresas del país representa  1,5 % para los usuarios de mayor demanda y 0,9 % para los usuarios GUDI, que son los principales afectados por esta Resolución.

Estos porcentajes en 2021 son menores porque la tarifa estuvo congelada desde 2019 y la inflación fue del orden del  40 % anual.  Además, en la comparación regional en América latina, las tarifas eléctricas del segmento comercial e industrial de Argentina son entre  22 % y 25 % más bajas que el promedio, afirmó ADEERA.

La entidad empresaria  destacó que “la producción y distribución de energía tiene un costo y no es “gratis” o “económico” como algunos consideran”.

Y sostuvo que  “se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la operación. Y este costo se paga ya sea a través de la tarifa o a través de subsidios, que se financian vía impuestos que pagan los ciudadanos, deuda que contrae el Estado o emisión monetaria”.

“El nivel de subsidios incide directamente en el presupuesto nacional y el déficit por no incrementar la tarifa termina generando más inflación a futuro”, aseveró la entidad, conformada por  47 distribuidoras de energía eléctrica, de origen público, privado y cooperativo, que brindan servicio en todo el país. En su conjunto operan 450.000 kilómetros  de redes, y distribuyen más de 120.000 GWh al año.

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