Duro informe de Auditoría del ENRE sobre la RTI dispuesta para Edenor y Edesur hasta 2021

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad recomendó al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos y avanzar en su reformulación.

En el marco de las facultades conferidas por la Ley 27.541 y el Decreto 277/2020, la intervención del ENRE elaboró un informe según el cual “las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni  justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas”.

El informe señala que el llamado “sinceramiento” y la “defensa de la transparencia” se tradujo en los hechos en la sanción de normas que buscaron dotar de institucionalidad a una política deliberada de reducción de subsidios y mejora de los ingresos de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica”.

El documento de auditoría elevado por la intervención del  ente regulador al Ministerio que conduce Matías Kulfas  presenta  un análisis sobre diversos puntos críticos de la RTI. Entre ellos, el estudio de sus principales parámetros técnicos, donde se hace especial énfasis en la metodología de cálculo de los requerimientos de ingresos para el quinquenio 2017-2021 y sus resultados para las empresas distribuidoras EDENOR y EDESUR.

En el informe se indica que “resulta relevante el análisis del modo en que se aplicaron los incrementos tarifarios definidos en la RTI y su impacto sobre las facturas de los usuarios finales”, y en tal sentido se sostiene que “lo establecido por la RTI tuvo que ser modificado desde el inicio por el gobierno de Cambiemos en tanto su aplicación efectiva resultó insostenible por sus efectos nocivos sobre los ingresos de los usuarios y de los sectores productivos”.

 También se  evaluó la calidad del servicio prestado por las distribuidoras y el régimen de penalizaciones implementado bajo la RTI.

 Asimismo, el informe analiza el desempeño económico-financiero de las empresas durante el período bajo estudio, haciendo foco en las estrategias de gestión adoptadas.

También se hace hincapié en la actuación del ENRE en cuanto a la flexibilidad en la aplicación de sanciones y el control sobre las inversiones de las empresas. Y detalla las deudas contraídas por las dos distribuidoras con el Estado argentino, que fueron condonadas en el año 2019.

La deuda total condonada a ambas empresas, se indica, fue de  13.570 millones de pesos, mientras que se les refinanciaron $ 18.450 MM.

El informe sostiene que el aumento de las facturas entre los años 2015 y 2019 fue en promedio 3.200 % para usuarios residenciales,  1.934 %  para comercios,  2.325 % para pequeñas industrias y 1.872 % para grandes industrias en términos nominales.

La intervención del ENRE  recomendó tomar como nula la RTI aplicada. En el informe se afirma que “la RTI carece de validez jurídica en tanto no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de los usuarios”.

La Ley marco 24.065 establece que los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores  serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, de forma tal que proveerán a aquellos que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones, y una tasa de retorno que guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia de la empresa.

Esta auditoría consta entre las tareas encargadas al interventor  del organismo, Federico Basualdo Richards, al momento de ser designado en el cargo. Ahora, el Ministerio dispondrá los pasos a seguir

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