Bernal denunció en la Justicia a Aranguren por maniobras con los precios del gas

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El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal,  denunció “por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública” (artículos 248 y 265 del Código Penal)  al ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren,  al  ex presidente del ENARGAS, Mauricio Roitman, y a otros seis ex funcionarios del  MINEM y del Ente regulador, en el marco de una investigación del proceso encarado a finales de 2017 para fijar las denominadas  “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” .

Según la denuncia de Bernal, Aranguren habría producido una deliberada concertación de precios de espaldas a la ley 24.076 (Marco Regulatorio del Gas).

"El perjuicio económico calculado por el ENARGAS asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones fueron contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes", indicó un comunicado oficial del Ente.

En la denuncia interpuesta, el actual interventor relata que el ex ministro habría convocado a todos los productores y distribuidores de gas para “establecer unas ‘bases y condiciones’ en la comercialización del gas fijando precios uniformes para cada una las cuencas”, con “contratos con un tipo de cambio variable en dólares”, conducta reñida con la libre competencia que promueve la Ley Marco.

La denuncia dice también que los precios fijados fueron uniformes, sin tener en cuenta los diferentes costos de extracción que tiene el hidrocarburo y que varía por cuenca y empresa.

El texto refiere que el objetivo fue asegurarse —con su pase a tarifa— un resguardo contra toda fluctuación, en una economía sumida en la inflación y la variación del mercado de cambios: “En definitiva, ese pacto aseguraba por dos años las ganancias de las empresas productoras de gas contra legem”, dice en la denuncia.

Más adelante, Bernal afirma que “surgirían luego, en una auténtica actividad fraudulenta, contratos individuales de ‘negociación’ del gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” (PIST)  que supuestamente “satisfarían los recaudos de la libre competencia previstos en la ley 24.076, todo con la anuencia anticipada del ENARGAS”.

La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal 12 a cargo del juez Sergio Gabriel Torres. La investigación recayó en la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional  9 de la Capital Federal, a cargo de Guillermo Marijuan.

El interventor  Bernal había comunicado hace pocos días al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que presentaría  la denuncia penal, basándose en los resultados de  “una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evaluó los aspectos regulados por la Ley 27.541 en materia energética”.

La nómina de funcionarios denunciados comprende además a Marcos Pourteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos,  Daniel Perrone,  ex Vicepresidente del Directorio del ENARGAS;  a los ex directores de organismo Diego Guichón,  Carlos Casares y Griselda Lambertini,  y  a Marcela Valdez, ex Gerenta de Legales de Ente.

El Congreso de la Nación sancionó en diciembre último la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva,  cuyo artículo 1 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, disponiendo, por caso, el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas por 180 días (que ahora se prorrogó hasta fin de año). También, a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065 y 24.076 (marcos regulatorios eléctrico y gasífero) “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.

La Intervención sostiene que los funcionarios habrían incurrido en maniobras con los contratos individuales de negociación del gas en PIST que supuestamente satisfarían los recaudos de la libre competencia , pero surgidos de aquellas bases y condiciones, y con las garantías de precios en dólares.

El texto de la denuncia señala que “era tan evidente la maniobra ilegal que se estaba concertando a espaldas de la Ley, que frente a las presiones del Ministro Aranguren y su Secretario de Recursos Hidrocarburíferos para que el ENARGAS diera su visto bueno -por Resolución-  varios directores del Ente previnieron que no podrían hacerlo sin quedar sujetos a cuestionamientos administrativos y penales”.

“Por ello se optó por una medida de menor intensidad que fue una nota de aceptación de las políticas energéticas llevadas a cabo por el Ministerio con los protagonistas del mercado de comercialización del gas”, refiere la denuncia , y resume que, “en otras palabras, se disimuló con una nota el aval y la conformidad con el pacto ilegal”.

Bernal sostiene entonces que “así quedamos los argentinos atados a una concertación 'contractual', con fijación de precios en dólares (variables según el tipo de cambio) que luego se trasladarían sin objeciones a la tarifa, por el plazo de dos (2) años y con precios únicos para cada una de las cuencas, algo inédito en la historia de la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076”.

El interventor remarca en el texto que “tan ilegal fue la maniobra consumada en noviembre del 2017 en las 'bases y condiciones' que se llegó al absurdo de inventar un término denominado 'periodo de transición', que supuestamente justificaba normativamente la concertación de las bases.  Incluso, en amparo de ese 'periodo de transición', se realizó la audiencia pública el año 2018 a fin de teñir de legalidad el acuerdo espurio".

Al respecto, se señala que “obviamente esa audiencia tuvo la intención de cumplir un requisito formal pero no de recoger insumos para el control legal que debía realizar el ENARGAS, organismo que ya tenía decidido pasar a tarifa el acuerdo ilegal surgido de las “Bases...”

Bernal puntualizó en la denuncia que “este sistema, delictivo desde el inicio, tuvo su obvio corolario en octubre de 2018 al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar”.

 “Se pretendió, como era obvio, que la variación del valor de cambio fuera absorbido por el usuario en cuotas de su factura, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales, lo que derivó, finalmente, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios o de los contribuyentes, y beneficioso para las empresas productoras de gas , quedando allí cristalizada la maniobra que se denuncia”, puntualizó Bernal.

En este punto, la denuncia hace referencia a la Resolución 281/2018, consignando que en el marco de la Audiencia Pública 96, el representante de MetroGAS señaló que “se ha generado una gran diferencia respecto de las variaciones de cambio en el período de abril a septiembre. Y, en función de ello, se ha presentado la alternativa de financiar en veinticuatro (24) meses, los impactos de la devaluación, a partir de enero”.

Al respecto, incluso se consignó que “para ello va a ser necesario un cambio en las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución arbitrándose un procedimiento y mecanismo especial para esta situación porque la Licencia establece que el recupero se tiene que hacer en seis meses”.

Los representantes de distintas Defensorías y Asociaciones de Defensa de los consumidores, así como particulares interesados, sostuvieron el rechazo al traslado a tarifa de las diferencias diarias originadas en variaciones del tipo de cambio, recordó la Intervención.

La denuncia detalla que el Enargas  solicitó a la Secretaría de Gobierno de Energía, en el marco del ajuste estacional previsto en el rebalanceo tarifario,  su intervención en esta materia.

Así,  Energía emitió luego la resolución 20/2018 por la cual dispuso que “en forma transitoria y extraordinaria”, “para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el ENARGAS instruirá a las distribuidoras al recupero del crédito a favor de los productores, en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1 de enero de 2019”.

 En la denuncia el Interventor señala que debe advertirse “que quien promovió el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en veinticuatro (24) cuotas fue el ENARGAS, evidenciando su connivencia con el pacto y obviando sus obligaciones regladas de controlar y velar por el precio del gas con relación a los costos de las empresas y el bolsillo de los usuarios”.

“La conducta esperada del  ENARGAS, conforme reglas aplicables a la actuación del Ente, era rechazar  el traslado de la variación cambiaria a la tarifa y su absorción en veinticuatro (24) cuotas. En cambio, hizo todo lo contrario, esto es, auspiciar el pase a tarifa de la variación cambiaria, partirla en cuotas como un “favor” al usuario, y mantener el precio del gas en dólares en el periodo tarifario de octubre de 2018 a abril 2019”, describe Bernal.

El funcionario puntualiza luego que “la maniobra se perfecciona cuando el propio Estado Nacional absorbe la deuda en el decreto 1053/2018”.

Bernal señaló que “no se denuncia aquí una errónea política en materia de energía o gasífera, se denuncia una intervención ilegal de las autoridades del Ministerio de Energía y Minería y del ENARGAS para favorecer a empresas productoras de gas, actuando contra la ley y estableciendo un pacto no permitido por ella (Ley 24.076) para trasladarlo obligatoriamente a los usuarios”.

Pidió además que “se inicie pesquisa patrimonial de los imputados para proceder cautelarmente”. "Realizaremos peticiones económicas en los términos del artículo 29 del Código Penal para que sean soportadas por los imputados”, puntualizó.

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