Kulfas analiza con empresas y la Ofephi los alcances de la nueva versión del Plan Gas

Por Santiago Magrone

Si como se espera, y desea, la pandemia del COVID 19 comienza a ceder en julio, el gobierno nacional podrá retomar el rumbo que se propuso en el arranque de la gestión de Alberto Fernández, para reactivar la economía de la Argentina en recesión con inflación que heredó de la Administración Cambiemos.

Ello requerirá también que en las próximas semanas el gobierno alcance la meta de una deuda externa reestructurada en montos y plazos con los acreedores privados, y luego con el FMI, prestador en 2018 de un monto inusitado (U$ 56 mil millones) al gobierno de Mauricio Macri.

Si el actual gobierno supera airosamente estas dos situaciones podrá retomar la idea de una suerte de Acuerdo Social y Productivo con la participación y el compromiso de gobernadores, entidades empresarias, organizaciones sindicales y sociales, partiendo de una base macroeconómica y social muy afectada por los efectos de la pandemia.

Es en este contexto que el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP), a cargo de Matías Kulfas, encara gestiones diversas para reactivar sectores claves de la industria (y el comercio) pensando en la etapa de post-emergencia.

Entre otros temas insoslayables, por estos días el MDP procura avanzar en la definición de un esquema de precios subsidiados por el Estado nacional que aliente la perforación y  la producción de gas natural por parte de las empresas operadoras en el rubro, y garantizarse así la provisión de este insumo para el año 2021, evitando el mayor costo fiscal de una posible importación de este insumo, si efectivamente se recupera la demanda por la mayor actividad económica.

El subsidio para el denominado Plan Gas IV está siendo considerado por el ministerio en el contexto del congelamiento (por 180 días) de las tarifas de los servicios públicos dispuesto por el gobierno incluso antes del desembarco del coronavirus en el país, cuando en diciembre último se declaró la emergencia económica y social.

Se trata de un esquema que garantizará a las operadoras un "precio estímulo" que, según estimaciones preliminares del gobierno, oscilaría entre los 3,20 y 3,50 dólares por millón de BTU, lo cual implicaría un subsidio aproximado a 1 dólar el MBTU por sobre el precio de mercado que pagan los consumidores residenciales y comerciales.

El tema ya fue analizado por Kulfas y el subsecretario de Combustibles, Juan José Carbajales, con el nuevo CEO de YPF, Sergio Affronti, habida cuenta que esta cuestión venía siendo trabajada en sus aspectos técnico-económicos en el seno de la petrolera de mayoría accionaria estatal desde diciembre. "YPF es central en esto", subrayan en el Ministerio, considerando que es principal productora.

Funcionarios del MDP también encararon conversaciones con empresarios petroleros de grandes compañías privadas, y para esta semana está prevista una reunión con la OFEPHI (provincias productoras de hidrocarburos).

Fuentes del sector privado consultadas por E&N consideraron que el precio estímulo debería rondar los 3,80 dólares por MBTU.

Desde el MDP consideran que "si bien hay que actuar rápido para recuperar niveles de producción de un año atrás, el costo de dicho incentivo fiscal deberá ser menor que el que supondría la importación de GNL para el invierno del año próximo".

El volumen del subsidio deberá ser analizado por Kulfas con su similar de Economía, Martín Guzman.

La contrapartida del precio estímulo "debe ser el compromiso empresario de incrementar inversiones y producción, para recuperar niveles perdidos desde el año pasado e incrementarlos, para un período de 3 o 4 años, lo que dará previsibilidad a todos los actores de esta industria, y a los usuarios ", se explicó a nivel gubernamental.

La ecuación en diseño considera contar con mas volumen de recursos hidrocarburíferos, preservar niveles de actividad y de empleo, y el ahorro de divisas, describió la fuente oficial.

Este tema está siendo seguido con atención por el ente regulador del gas (Enargas) dado que su función por la Ley marco 24.076 es asegurar la continuidad del servicio público, garantizando el abastecimiento al menor costo posible para el usuario, y asegurando el suministro a largo plazo.

El Enargas no tiene competencia directa en las cuestiones de producción, que pertenecen a la órbita exclusiva de la Secretaria de Energía y a la Subsecretaria de Hidrocarburos, pero  pueden llegar a afectar al servicio público.

La única vinculación que tiene el Enargas con la actividad de los productores es tangencial e indirecta y se circunscribe en la facultad que tiene el Ente de limitar -o no- el pase a tarifa del precio del gas adquirido por las licenciatarias del servicio.

Se estima que las existencias de gas actuales alcanzan para atravesar la mayor demanda estacional de este invierno, pero no la del 2021 si se supera la emergencia sanitaria y la economía se reactiva.

Entre las principales empresas productoras de gas en el país se cuentan Pan American Energy, Total y Tecpetrol. Fueron citadas por el MDP para tratar de avanzar con el esquema con el objetivo de resolverlo antes de fin de junio.

Fuentes del sector consultadas por E&N indicaron al respecto que “existen conversaciones acerca de un plan de incentivos a la producción, pero por ahora no hay nada en concreto”.

El esquema contempla un precio garantizado a los productores del gas bien diferente de los altos precios fijados en tiempos del gobierno anterior (resolución 46) en una escala descendente que partió de 7,50 dólares por MBTU y que cierra en 2021 en 6,50 dólares.

Ello derivó en 2019 en la reconsideración parcial de los alcances de la Resolución 46 por su alto costo, limitando el número de proyectos de producción comprendidos por la norma. Entre los beneficiarios de dicha resolución se cuenta Tecpetrol, cuyo titular, Paolo Rocca, habrá de entrevistarse en los próximos días con el Presidente.

Una de las cuestiones en estudio por Kulfas y su equipo es la forma de articulación del nuevo esquema con el que vence a finales del 2021.

Según trascendió, el precio estímulo se establecería en base a compras en subasta que realizaría CAMMESA de los volúmenes de gas necesarios para abastecer a generadoras de electricidad y a las distribuidoras residenciales, en contratos que comenzarán a regir en julio próximo, ya que los actualmente vigentes vencen a fin de junio.

El precio subsidiado estaría limitado a los volúmenes de producción incremental para lo cual las productoras deberían detallar sus respectivos planes de inversión a realizar por yacimiento, y los niveles de producción adicional calculados. Pero este criterio no esta consolidado ya que se sigue discutiendo la forma de aplicación.

Al igual que con el “Barril Criollo” definido por el gobierno, se procura sostener niveles de producción para satisfacer la demanda y eventualmente exportar excedentes, la actividad en la industria (incluídos los proveedores), y preservar empleos, lo que no ocurriría si se importaran mayores volúmenes de este insumo, a mayores costos.

Pero en el gas la reactivación sería más rápida que en el caso de los combustibles líquidos por cuanto las productoras y las refinadoras tienen aún un alto nivel de crudo almacenado, y la demanda sigue contenida, aunque con signos de lenta recuperación.

Tal como ocurrió con las medidas dispuestas con el precio del crudo, las que se preparan para el gas natural vienen siendo conversadas por gobierno nacional con las provincias productoras. De hecho, fue tema en el encuentro entre el Presidente Alberto Fernandez y el gobernador del Neuquén, Omar Gutierrez, la semana pasada, y también fue analizada por el ministro Kulfas con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Se trata de medidas "pensadas para dar una respuesta local a esta industria en un contexto internacional complicado, sostener el trabajo y las inversiones. La medida apunta a tener todo listo para que esto apalanque la economía a la salida de la crisis del coronavirus”, remarcan en el MDP.