El gobierno actualizó el ICL para naftas y gasoils en un mercado en caída libre

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Luego de sucesivas postergaciones desde el último trimestre del 2019, el gobierno nacional decidió y activó desde el 1 de abril la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que aplica sobre las naftas y gasoils en base a la Ley 23.966.

La referida actualización se concretó a través de la resolución 4257 de la AFIP e implicó una suba de poco más de 3 pesos por litro en este gravamen, con la particularidad de que, esta vez, no se verá reflejada en los precios actuales al consumidor sino que será absorbida por las refinadoras.

Esto, como consecuencia de que no hubo baja a nivel local en los precios finales de estos derivados, a pesar de la caída que esta registrando el petróleo en el mercado internacional.

Para el resto de los derivados, por caso gasolina, solvente, aguarrás, y kerosene, los coeficientes y montos se habían venido actualizando, de manera que no registraban retraso.

Los montos ahora fijados tendrán vigencia hasta el 31 de mayo dado que deben ser reconsiderados en junio en base a un esquema trimestral.

En condiciones normales del mercado interno esta absorción parcial del ICL implicaría para YPF, principal operadora del mercado local, un costo de 250 millones de dólares hasta fin del año.

La decisión de aplicar ahora el ICL postergado obedece a necesidades fiscales en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, pero ocurre que esa misma emergencia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto ante la pandemia del COVID-19 derrumbó ingresos de las petroleras por una fuerte baja de la demanda.

Desde YPF se detalló recientemente una caída de 50 por ciento en las ventas de gasoil, de 70 por ciento en el expendio de naftas, y de 90 por ciento en nafta de aviación. A la merma de ingresos por falta de ventas, la petrolera de mayoría accionaria estatal suma ahora una carga fiscal que complicará aún más su situación económica y financiera.

La industria de los hidrocarburos, al igual que otras importantes del mundo, atraviesa una crisis por efecto de la pandemia. Caída de la demanda, exceso de oferta, capacidad de almacenamiento al límite, freno a la producción de yacimientos no convencionales, y pérdida de puestos de trabajo en el sector.

Los combustibles tienen en su estructura de precios local una carga fiscal del orden del 45 por ciento, conformada principalmente por el ICL, el impuesto al Dióxido de Carbono (que se actualizó en febrero), y el Impuesto al Valor Agregado.

Las postergaciones en la actualización impositiva sobre los combustibles obedeció en parte al congelamiento del precio de los combustibles dispuesta en agosto de 2019 por el gobierno anterior, en plena campaña electoral. A pesar de ello, autorizó un leve incremento en setiembre.

El nuevo gobierno vigente desde diciembre último optó por mantener sin cambios los precios de los combustibles, en el contexto de la Ley de Emergencia económica y social aprobada en diciembre, procurando con esto aportar a una baja paulatina de la inflación.

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