El gobierno volvió a postergar el ICL pero no el CO2 y hubo leves subas en naftas de YPF

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El Gobierno nacional decidió postergar, ahora hasta el 31 de marzo, la aplicación de cualquier actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que en principio debía activarse el 29 de febrero, luego de sucesivas suspensiones que datan desde el gobierno anterior.

Se trata del impuesto de mayor incidencia en el componente fiscal total del precio de los combustibles líquidos, que ronda el 45 % del litro de naftas y gasoils.

De dicho componente fiscal, un porcentaje menor corresponde al Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), cuya actualización sí fue habilitada por la AFIP a las petroleras, lo que explicó una variación de precios en surtidor de 0,24% por parte de YPF en el arranque de la semana para sus naftas pero no para sus gasoils, cuya incidencia la compañía decidió absorber.

Así las cosas, la nafta súper de YPF subió 13 centavos y quedó en 53,47 pesos por litro, en tanto que la Infinia lo hizo en 15 centavos, para ubicarse en 61,69 pesos, en estaciones de servicio de la CABA. Otras compañías estan analizando qué hacer al respecto.

La decisión de no modificar el ICL fue adoptada a través del decreto 196/2020 publicado en el Boletín Oficial y el gobierno explicó la determinación reiterando que encaró el “análisis integral de la actualización de los montos de los impuestos regulados por la ley 23.966 (referida al financiamiento del sistema previsional con estos recursos entre otros) para su futura adecuación”.

Esta postergación, además, posibilita al gobierno mantener su política de precios para las naftas y gasoils al consumidor los cuales, por otra parte, ya no presentarían retrasos considerables habida cuenta que ha bajado fuerte la cotización internacional del crudo en las últimas semanas, y casi no se ha modificado la cotización del dólar oficial.

En los considerandos del decreto 196 se ratifica lo sostenido por el gobierno en el 118/2019 y en el 103/2019 -de finales de diciembre- acerca de que “las medidas instrumentadas han obedecido a la necesidad de brindar una respuesta inmediata frente a las actuales circunstancias coyunturales (de alta inflación) y de estabilizar los precios de los combustibles”.

Lo que está en revisión es el criterio fijado por el gobierno anterior en el Decreto 501/18 según el cual la AFIP actualizaría los montos del impuesto en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, para lo cual se debe considerar en cada caso, la variación del Índice de Precios al Consumidor que suministre el INDEC “correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúe”.

Cabe consignar que a través del Decreto 607/19 y sus modificatorios 753/19, 798/19 y 103/19 se difirieron sucesivamente los efectos del incremento en los montos del impuesto sobre los combustibles líquidos, y que tal incremento tendría efectos en su totalidad desde el 1° de febrero de 2020, inclusive. Luego, a través del decreto 118/20 se postergó hasta el 1 de marzo, fecha que ahora ha variado al 31 de marzo.

A partir de la misma fecha también aplicaría el incremento en los montos del impuesto derivado de la actualización realizada en octubre de 2019 (Decretos 501/18 y 798/19),, modificado por el Decreto 103/19. Así las cosas, se verá que decisiones adoptará el gobierno a fin de mes.

Los precios de este rubro fueron congelados en el último tramo de la gestión macrista por razones electorales, y el nuevo gobierno encuadró a los combustibles en la política antiinflacionaria. De hecho no habilitó a YPF (de mayoría accionaria estatal y la de mayor participación en el mercado local) a modificar sus precios en el arranque de enero.

Hace varias semanas el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con directivos de empresas productoras y refinadoras de hidrocarburos  (YPF, PAE, Shell, Exxon, Tecpetrol, Pluspetrol) donde se informó sobre la decisión del gobierno nacional de presentar al Congreso de la Nación un proyecto de Ley que regulará la actividad de explotación de petróleo y gas en yacimientos convencionales, no convencionales, y off shore.

En principio se mencionó que dicho proyecto ingresaría al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, lo que finalmente no ocurrió.

En su discurso del 1 de marzo en el Congreso de la Nación, el Presidente ratificó la decisión gubernamental de enviar al Parlamento "un proyecto de ley que propueva y estimule la inversión, el desarrollo y la generación de empleos en el sector hidrocarburífero".

Hizo hincapié en la pretensión de "poner en valor a la industria del petróleo" apuntando al mercado interno y externo.

La norma, cuyo contenido está siendo elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Producción, aggiornará aspectos de la actual Ley de Hidrocarburos y establecerá criterios de precios para cubrir la demanda interna, y para  la exportación del crudo y del gas.

La falta de precisiones acerca de tal proyecto y de su fecha de presentación continúa aletargando las decisiones y ejecución de inversiones en la industria de los hidrocarburos.

En aquel encuentro el Presidente también ratificó a la petroleras la intención de no modificar por el momento los precios de los combustibles, que de hecho tienen un alto componente impositivo.

No obstante, solicitó a las empresas del rubro que formulen propuestas tendientes a modificar el actual criterio de actualización de estos precios (que combina precio internacional del Brent, variación del tipo de cambio dólar-peso, y de los biocombustibles utilizados como corte) sin que ello atente contra el objetivo mayor de contrarrestar la inflación.

Según trascendidos, en el arranque de febrero las empresas refinadoras-comercializadoras habrían formulado una propuesta, que el gobierno descartó.

Asimismo, en los últimos días trascendió el presunto interés de las productoras en que la Secretaría de Energía disponga un precio de referencia para el "Barril Criollo" de crudo, lo que redundaría en previsibilidad para la producción local, en un contexto internacional complicado. El esquema no es nuevo ya que se aplicó durante varios años del gobierno de Cristina Fernández. Todo está en evaluación.

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