El COVID-19 y los precios internacionales sacuden a la industria petrolera local

En el contexto de la pandemia global del COVID-19 las economías del primer mundo, del segundo, y ni que decir del tercer mundo, están siendo afectadas por la prioridad de enfrentar con escasas armas a este enemigo invisible y sigiloso   cuyo origen habrá que descular a fondo, pensando en preservar el futuro de quienes no se hayan quedado en el camino de esta batalla.

Salvo contadas y específicas excepciones, la mayoría de las industrias, el comercio y los servicios padecen las consecuencias de la progresión de la pandemia, los mercados financieros y de commodities no paran de caer, y desde economistas hasta filósofos piensan que, superada esta tragedia, en muchas cuestiones habrá que barajar y dar de nuevo.

En este contexto internacional la Argentina está afrontando un agravamiento de la ya muy difícil situación económica y social preexistente al COVID-19 de estanflación y alto endeudamiento, que heredó el seminuevo gobierno de Alberto Fernández.

Con trabajo a destajo AF coordina y decide medidas urgentes para el frente interno y externo. Fijó y comunicó prioridades.

En lo específico del sector energético rige la emergencia para la revisión tarifaria de los servicios de gas y de electricidad, encomendadas a los interventores de los entes reguladores. También, la inhibición a las empresas prestadoras de cortar el suministro a los sectores vulnerables de la población mientras dure la emergencia.

La industria de los hidrocarburos, en tanto, presenta un panorama complejo para el gobierno nacional, los de las provincias que detentan petróleo y gas en yacimientos convencionales y no convencionales, y para las empresas integradas y no integradas en cuanto a la cadena de producción, transporte, refino, y comercialización de crudo, gas y derivados.

Factores endógenos (devaluación - recesión –inflación) y exógenos (derrumbe de precios por exceso de stocks y menor demanda) deterioraron en los últimos años las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos en exploración, producción, transporte, procesamiento y exportación de estos insumos.

En otro “lunes negro” para los mercados, el barril del crudo Brent cotizó en torno a los 23 dólares y el del WTI en torno a los 20 dólares, los menores precios en muchos años.

Estos precios constituyen un freno brusco a cualquier proyecto nuevo de desarrollo de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, y obligan a revisar planes en este rubro.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP),  procura por estos días acordar con productores, transportadores, procesadores y comercializadores - más los gobiernos de las provincias que integran la OFEPHI, y los gremios petroleros- un esquema  de precios que permita al menos mantener la producción y el empleo en los pozos que se encuentran activos.

Sobre estas tratativas el gobierno mantiene un bajo perfil y trabaja sin plazo perentorio, al tiempo que exhorta a la responsabilidad social empresaria.  

En el marco de la emergencia sanitaria desde hace diez días se han paralizado las operaciones de perforación de pozos, y sólo se mantienen guardias para preservar el mantenimiento y la producción de los pozos activos. Gran parte del personal petrolero ha sido licenciado con goce de sueldo (sin complementos) mientras dure la cuarentena (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) dispuesta por el gobierno.

El esquema en tratativas debe permitir proyectar un nivel de ingresos por regalías a la provincias dueñas de los recursos, lo que ahora está en baja por la merma productiva, particularmente de gas natural.

Fuentes del sector consultadas por E&N describieron que se está trabajando en la vuelta al esquema de “precio sostén” para el denominado “Barril Criollo”.

Hace diez días la OFEPHI hizo llegar una nota a la Secretaría de Energía a favor de la vuelta de este esquema, y sostuvo que el precio del barril que se comercializa entre productores y refinadores locales debería ubicarse en torno a los 52 dólares.

El gobierno no respondió en los días siguientes, mientras ocurrió que las cotizaciones internacionales seguían cayendo. Hoy ése precio no tiene anclaje en la realidad.

Los productores de petróleo (y algunos gobernadores) procuran además que el gobierno nacional consideren una reducción a cero (0) de las retenciones a las exportaciones  de crudo considerando los actuales bajos niveles de precios internacionales.

En la actualidad estas exportaciones tienen una retención de 12 por ciento, y la Ley de Emergencia aprobada en diciembre plantea fijar una alícuota del 8 por ciento.

Desde las empresas se promueve que si el precio de referencia (Brent) va subiendo se vuelva a un esquema de retenciones en forma progresiva “hasta llegar al máximo de 8 por ciento si el precio del crudo alcanza los 70 dólares”.

En las últimas horas las conversaciones entre el gobierno (MDP)  y la industria petrolera giran en torno a la posibilidad de establecer un precio sostén para el barril de crudo en el mercado local de 35 dólares.  

Así las cosas, el gobierno se apresta a aplicar a partir de abril la suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se ha venido postergando desde el último trimestre de 2019 a la fecha.

Su aplicación representa unos 3 pesos por litro de nafta, será absorbida por los refinadores, de manera que no se reflejará en los precios al consumidor final. Esto será posible considerando los actuales precios de los combustibles en el mercado local, los cuales resultaron de aplicar una ecuación en la cual el precio del crudo internacional era (en setiembre último) superior al actual.

Las tratativas entre todos los actores de esta industria, el gobierno nacional, y los provinciales tienen como referencia, además, una muy fuerte caída de la demanda interna de los combustibles, del orden del 25 por ciento en el gas, de 50 por ciento para el gasoil, de 70 por ciento en las naftas, y de 90 por ciento para la nafta de aviación.

El eventual acuerdo entre las partes sería, en principio, por dos meses, mientras  se afrontará y  evaluará el transcurso de la pandemia, en sus dimensiones humana y económica.