El Presidente ratificó revisión de tarifas para decidir si habrá cambios a mediados de año

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El presidente Alberto Fernández precisó que el Gobierno "no tiene en carpeta" un aumento de las tarifas de los servicios públicos, y aclaró que esa posibilidad solo "es objeto de estudio y revisión", al tiempo que exhortó a "que nadie se apure porque no sé si en junio vamos a estar en condiciones" de modificar las tarifas.

Con esta declaración el Jefe de Estado procuró contrarrestar publicaciones que, a partir de algunas declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, daban por confirmado que habrá incrementos en las tarifas de gas y de electricidad a mitad de año.

El Presidente incluyó en su declaración a las tarifas del transporte público, pero en este caso corrigiendo afirmaciones realizadas por el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien sí llegó a avanzar con cierto grado de detalle de fecha y porcentaje de aumento (mayo y 10 %).

En declaraciones periodísticas Alberto Fernandez sostuvo que "lo que más me preocupa es que algunos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente", y al respecto refirió que el tema tarifario "es actualmente objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuando ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

"Pero lo primero no es un aumento de tarifas. No tenemos en carpeta el aumento, pero sí tenemos bajo análisis qué pasó para saber exactamente de dónde partir", dijo el Presidente, quien agregó que "lo mismo pasa con el transporte, ¿por qué un aumento si están congelados los combustibles"?, interrogó, aunque existen otros rubros en el cálculo de costos del sector.

En rigor, en las horas previas a las declaraciones del Presidente el Gobierno nacional -vía el Jefe de Gabinete- ratificó que continúa realizando una revisión de los esquemas aplicados en la facturación de los servicios públicos –por caso gas y electricidad- y que se estimaba aplicar nuevos cuadros tarifarios a mediados de año, cuando concluya el plazo de seis meses otorgado por la denominada Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva, aprobada en diciembre último.

Santiago Cafiero afirmó en declaraciones periodísticas que en junio "probablemente" haya aumentos y señaló que estos se aplicarán "sobre los sectores que lo puedan soportar" económicamente, aunque no dio detalles de qué criterios se aplicarán para definir esta suerte de segmentación tarifaria.

Cafiero describió que "en el marco de la emergencia dispuesta por  la Ley lo que se previó es que durante 180 días se realizara una revisión, un estudio del nuevo cuadro tarifario”. “Se está haciendo ese estudio, que seguirá sosteniendo la tarifa social", dijo el funcionario, quien agregó que en este orden  “nosotros hemos cambiado las prioridades de gestión”.

La tarea recayó en la órbita del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, quien esta misma semana refirió que la cuestión tarifaria formó parte de las conversaciones que el gobierno mantuvo con la misión técnica del FMI que estuvo en el país, en el marco del análisis de la grave situación económica, social y financiera que atraviesa la Argentina.

En este contexto, el Jefe de Gabinete negó que la medida dispuesta en el marco de la referida ley haya implicado "un congelamiento" de las tarifas. Sostuvo que “se suspendieron los aumentos de las tarifas, pero no es un congelamiento".

En rigor, las tarifas de estos servicios no han sido modificadas desde las postrimerías de la Administración Macri. Por razones electoralistas el gobierno anterior incluso postergó parcialmente la facturación de los consumos invernales –usualmente mas altos-.

De hecho, en el caso del gas las distribuidoras están facturando a los usuarios desde diciembre y hasta abril el equivalente al 22 por ciento del Cargo Gas consumido entre junio y octubre de 2019. Las distribuidoras fueron compensadas financieramente por tal postergación.

En el sector de la electricidad, en tanto,  desde diciembre se viene agravando la situación de no pagos en tiempo y forma por parte de las distribuidoras –principalmente provinciales y cooperativas- a CAMMESA. Asimismo, esta compañía administradora del mercado mayorista registra retrasos en sus pagos a las generadoras por los subsidios parciales que rigen para estas tarifas.

El diseño del nuevo esquema tarifario afronta desafíos importantes: desdolarizar, definir un criterio justo para la segmentación, contener el nivel de subsidios por parte del Estado a los sectores sociales que lo necesitan, y garantizar a las compañías a cargo de estos servicios ingresos compatibles con los niveles de inversión necesarios para preservar la calidad de la prestación, más una rentabilidad “adecuada”.

En este contexto, se aguarda además que el gobierno defina los nombres de los interventores en los entes reguladores ENRE y ENARGAS y el perfil de gestión que se procura para estos organismos.

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