En materia medioambiental, no es oro todo lo que reluce
En Costa Rica un 15% de la energía eléctrica producida es de fuente eólica. En 2018 el país alcanzó la mayor generación eólica de su historia, con 1.512 gigavatios/hora generados. En una década, Costa Rica quintuplicó su potencia eólica, al pasar de 70 megavatios en 2007 a 382 megavatios en 2017. La geotermia mantiene en un 43% mientras que la hidroenergía ocupa un 28%, mientras que la biomasa (leña, residuos vegetales como bagazo, cascarilla de café y otros) se ubica en un 25%.
Actualmente es el segundo país de América y decimosegundo del mundo en aporte porcentual del viento a su matriz eléctrica, de acuerdo con el estudio “Renewables 2017–Global Status Report”, elaborado por la organización francesa REN21.
Pero la población de Costa Rica, suele confundir el consumo eléctrico con el consumo energético. El consumo eléctrico solo constituye alrededor del 22% de la demanda energética de Costa Rica y si bien es cierto que se alcanza un 100% de consumo eléctrico de fuentes renovables, principalmente de plantas hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas, el 78% del consumo energético total es de origen fósil.
Como aditamento, la energía eólica es intermitente y Costa Rica ha debido aumentar las importaciones de hidrocarburos para respaldar y gestionar la intermitencia de esa fuente y en 2018 importó 20 millones barriles de refinados por 1.618 millones de dólares, según la estatal petrolera Recope.
El aumento de las importaciones comenzó a impactar en las cuentas públicas costarricences. Profesionales y técnicos han manifestado la necesidad de explotar los recursos hidrocarburiferos del subsuelo, pero se toparon con algunas barreras.
Recientemente, se lanzó un proyecto, denominado “Ley de Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales” que adjudicaría a Recope las actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural y cualquier otro tipo de hidrocarburos en territorio nacional.
La iniciativa pretende impulsar la competitividad en el sector industrial, pues el país se ha vuelto muy caro para producir prácticamente cualquier cosa, explicó Carlos Roldán, investigador del Tecnológico de Costa Rica y consultor en energías, quien propuso el proyecto.
La iniciativa del investigador requiere de un referéndum —deben derogarse algunas leyes— y para ello necesita la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones. Si triunfa Recope tendrá la iniciativa para impulsar la actividad petrolera en el país.
Costa Rica tendría un potencial equivalente a $270 mil millones en producción de petróleo y gas, según estudios citados por Roldán, un ingeniero químico del estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además el país ahorraría entre $1 mil millones y $2 mil millones al año en compra de petróleo. Esta bonanza permitiría solventar el déficit fiscal actual y dinamizar la economía.
Tras la puesta en discusión de la iniciativa, los costrricences descubrieron amargamente que el 30% del territorio de Costa Rica es “reserva natural” y fue declarado “Patrimonio de la Humanidad”. Los Ticos estaban orgullosos del galardón, hasta que se percataron de que patrimonio de la humanidad significa que ya no es patrimonio de lo costarricenses.
Es por eso que se requiere un referéndum para revocar las prohibiciones de de explorar y explotar petróleo impuestas por una supuesta tradición ambientalista.
En principio el tribunal electoral autorizó la recolección de firmas que permitiría la convocatoria del segundo referendo en la historia del país. Los organizadores deben lograr el apoyo de al menos 171.000 personas o un 5% del padrón electoral.
“Si los políticos nos privan de aprovechar nuestros recursos para nuestro bienestar, el pueblo tiene la oportunidad de decidir lo contrario”, justificó el promotor del proyecto,
“No podemos darnos el lujo de tener esta riqueza y no usarla”, agregó el investigador, quien, citando un informe privado, asegura que el país posee reservas de crudo de unos 4.000 millones de barriles. “Si Recope logra refinar, me parece muy bien, porque nada haríamos con el petróleo sin poder procesarlo. La gente puede apoyarlo porque dependemos del petróleo para movernos”, opinó Óscar de Lemos, administrador de una gasolinera en la capital, una de las 100 donde se recaban firmas hasta abril de 2020.
El gobierno de Carlos Alvarado, en cambio, defiende la moratoria que han dictado varias administraciones desde el año 2002 y que en febrero extendió hasta el 2050, como parte de un plan de reducción de emisiones de carbono.
El futuro del proyecto a favor de la exploración petrolera dependerá del apoyo popular. En 2017, un 70% se oponía, según una encuesta local. En décadas pasadas, razones medioambientales han frustrado al menos dos proyectos de exploración petrolera en la zona norte y caribeña del país.
