Hacienda subió precios petroleros buscando administrar la transición

Por Santiago Magrone

A un mes de haber dispuesto el congelamiento por 90 días para los precios de los combustibles y el crudo para el mercado interno (DNU 566/19), y a quince días de haberse autohabilitado a posibles modificaciones (DNU 601), el gobierno revisó a una suba del 4 por ciento en los precios de las naftas y gasoils, y del 5,58 % en el precio del barril de petróleo, lo cual rige desde el jueves 19, de acuerdo con una resolución que publicará en el Boletín Oficial.

Así las cosas, la Administración Macri habría pasado del congelamiento a una suerte de administración de precios en una industria que toma como referencia la cotización internacional del petróleo (Brent), que registró una fuerte suba a principios de semana, y débiles bajas en los últimos días, para ubicarse en torno a los 64 dólares el barril.

Un comunicado del Ministerio de Hacienda, que el sector petróleo esperaba, refirió que “el Decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre de 2019 habilita a la Secretaría de Energía a dictar, en la medida en que las circunstancias lo ameriten, los actos necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo”.

Dichas circunstancias, agregó la cartera a cargo de Hernán Lacunza, y de la cual depende la secretaría de Energía, “se vieron notablemente afectadas a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita”.

El precio del Brent aumentó 14% en un día, lo que representó la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%). Luego bajó 6 por ciento.

Hacienda argumentó que “estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país”. Varias empresas del sector se lo hicieron saber al secretario Gustavo Lopetegui.

Entonces, y “con el objetivo de atenuar estos impactos, el gobierno autorizó una suba del 4% en los combustibles,y un aumento del 5,58% en el precio del barril reconocido a los productores de petróleo”, dijo Hacienda.

Hace un par de semanas el gobierno había ratificado el congelamiento de precios por 90 días dispuesto dos semanas antes tomando como referencia los valores vigentes al 9 de agosto, pero modificó a la suba el tipo de cambio de referencia, de 45,19 a 46,69 pesos por dólar (3,3% más) para el barril de petróleo operado entre productoras y refinadoras, manteniendo un precio de referencia Brent de 59 dólares.

En esa misma fecha, y al margen del decreto 601, el  gobierno decidió que pagaría a los productores  “una transferencia” de 2,81 pesos por dólar, llevando entonces el dólar de $ 46,69 a $ 49,50 para todos los barriles entregados al mercado interno.

Ese monto agregó un 6 % de aumento al precio del barril, por lo que se acumulaba 9,54 % de mayor precio”, y el costo fiscal del subsidio se calculó en $ 1.550 millones de pesos. Ahora el nuevo precio del crudo local se ubica en torno a los 54 dólares y Energía seguirá facultada para “dictar las medidas necesarias para normalizar los precios del sector y/o modificar los valores de referencia y precios topes establecidos, y requerir transferencias del Tesoro Nacional para sostener el nivel de actividad”.

La decisión original del gobierno se anclaba en la intención de contener la inflación, por lo que la medida fue justificada además por la necesidad de “proteger al consumidor durante este período excepcional”.

En tanto,  Hacienda anunció hace un par de semanas que se liberaban “los precios del canal mayorista” para los combustibles, refiriendo que dicho canal “representa el 17 % del total del volumen (de combustibles), lo que sumado al 30 % de otros productos no congelados originalmente (naftas de aviación, buques, asfaltos, lubricantes y otros) hacen que el 47 % del volumen ya no caiga bajo el congelamiento”. El gesto no alcanzó.

Otro decreto gubernamental, el 607/2019 postergó la aplicación del incremento del impuesto a los combustibles líquidos desde el 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2019  (deben mantenerse los montos del impuesto al 31 de agosto), y puntualiza que para su actualización desde el 1 de diciembre “deberá considerarse el incremento total en los montos” postergados.

Desde el momento mismo en que el gobierno dispuso el congelamiento se produjeron cuestionamientos a la medida por parte de productoras petroleras, principalmente  operadoras de yacimientos no convencionales (Vaca Muerta), de refinadoras-comercializadoras por los menores ingresos, de gobernadores por la merma de regalías, y de los gremios petroleros advertidos por el posible freno de la actividad y el riesgo para los trabajadores de empresas de servicios petroleros.

A ello se sumó esta semana una denuncia judicial formulada contra Lopetegui por parte de la cámara empresarial de productores sucroalcoholeros (bioetanol).

La densidad de los cuestionamientos aumentó, y lo ocurrido esta semana con la fuerte suba del Brent movió a la Administración Macri, desbordada por la crisis económica, financiera y social, a tratar de descomprimir "un poco" la tensión al menos con la industria petrolera, habida cuenta que el retraso de los precios de los combustibles se calcula que ronda el 30 por ciento.

La devaluación post PASO, y su repercusión en la inflación (aún con precios de hidrocarburos administrados), tornan muy gravosa la situación social, y extenuante la transición hasta el cambio del gobierno nacional.