Del sinceramiento tarifario a la debacle electoral

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El resultado electoral indica que la ciudadanía envió un fuerte mensaje
al poder político. Precios y tarifas estarán en el ojo de la tormenta de la próxima gestión. La incógnita es ¿Que destino seguirá el precio del gas en boca de pozo?

Aldo Bianchi Alzugaray

Con las PASO parece haber concluido un ciclo económico. Un breve repaso de la gestión nos lleva a recordar que tras su asunción, Mauricio Macri cumplió una de las pocas promesas electorales: el “sinceramiento tarifario”.

Elevó a rango de ministerio el área de energía —Ministerio de Energía y Minería, MINEM— y por primera vez en la historia y puso en marcha a
partir de los primeros meses de 2016 el ajuste tarifario más abrupto y veloz de la historia argentina.

La primera de las medida encaradas por el Ministerio, fue una repentina reducción de los subsidios a los consumidores, pero no así a los productores.

Se motorizó la producción y se comenzó a exportar. El objetivo principal fue mejorar los ingresos de las energéticas, trasladando a los consumidores los costos internacionalizados de la energía. La caída de la actividad económica y la señal de precios redujeron la demanda del mercado interno.

El camino

En marzo de 2016, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos fijados por la Ley Nº 25.561 se concluyó con acuerdos transitorios que incluyeron un nuevo régimen tarifario de transición (Resolución N.º28/2016)

De este modo se liquidó la UNIREN y también se incorporó a la tarifa el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión (Focegas) a cuenta de una readecuación tarifaria. Pese a los amagues del Gobierno y los reclamos de algunas ONG´s no trascendieron datos ciertos sobre el destino del FOCEGAS.

En junio de 2016, el ENARGAS fijó un límite del 400%, en el aumento final de la factura a los usuarios residenciales respecto del valor que hubiese debido facturar aplicando, al consumo de ese período, el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo de 2016. En su texto la resolución 3.843 rezaba “En caso de que las facturas ya hubieran sido emitidas y abonadas por los usuarios, la eventual diferencia resultante será compensada” .

Pero la resolución tuvo un error de cálculo: los topes porcentuales de incremento para los residenciales fueron mayores que los fijados en los
cuadros tarifarios. La improvisación en la fijación de tarifas sin cumplir con los procedimientos que establece la ley provocó la reacción de usuarios que interpusieron amparos ante la Justicia.

Los recursos concluyeron con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictaminó que, antes de aplicar los incrementos del cargo variable de la tarifa, se debía cumplir con el requisito de convocar a audiencia pública, mecanismo procedimental contemplado en la ley.

Cumpliendo con el mandato de la Justicia, el ENARGAS convocó a audiencia pública en septiembre de 2016 a fin de tratar el traslado a tarifas de los nuevos precios de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y los segmentos de transporte y distribución.

Se realizaron varias audiencias con una gran participación de usuarios, pero el MINEM tras escuchar a los interesados, mantuvo su postura, aunque decidió reducir el incremento previsto para el precio del gas natural en el PIST.

Boca de pozo

Energía estableció un sendero de precios para el incremento del gas natural en PIST, que lo llevaría de US$ 1,29 por millón de BTU (MMbtu) en diciembre de 2015 a los US$ 6,80 el MMbtu por millón de BTU a 2019 lo que implicaba un 426% de aumento.

El precio se estimó en función de la paridad de importación en 2016 del precio de importación del GNL y en las zonas donde se aplican tarifas diferenciales, la eliminación de subsidios y la aplicación del nuevo “costo de oportunidad” también sería escalonado con una finalización prevista para octubre de 2022.

El 28 de diciembre de 2016, el MINEM aprobó la Resolución Nº 312/2016, que buscó morigerar los efectos negativos que las medidas judiciales habían tenido sobre los ingresos de las empresas. Fue un leve freno a la política energética que se venía aplicando, con el foco en la reducción de los subsidios, el PEN dispuso una nueva asistencia económica a las distribuidoras por $ 3.450 millones, muy parecida a la de 2015, procurando financiar las inversiones comprometidas y la cancelación de deudas con los productores.

Durante los primeros 24 meses, el precio del gas en boca de pozo se incrementó en un 78,3 % mientras que las tarifas finales para usuarios residenciales lo hicieron en un promedio de 136%.

El nuevo esquema tarifario no resultó equitativo. Los usuarios de menor consumo pasaron a pagar más, mientras que para los usuarios de mayor consumo el valor final de la tarifa sufrió un aumento del 50,7% para los usuarios de consumo medio la suba resultó 161% y para los de consumo bajo resultó 196,7%.

Si el objetivo fue buscar una sola tarifa por subzona tarifaria para los usuarios residenciales de cada distribuidora —como el modelo marginalista del 90—, lo que se logró fue una regresión distributiva. En 2015 el valor en dólares del MMbtu para los usuarios de alto consumo era 248% superior a la de un usuario de bajo consumo y en 2017 esa diferencia pasó a ser de 77%. Pese al resultado electoral de octubre de 2017, el humor social ya comenzaba a resentirse.

Mercado

Es preciso recordar que el 70% de la demanda interna de gas natural en la Argentina es utilizada por la industria (las usinas demandan un 40% del total para generar energía eléctrica) y cuando hay restricciones, las generadoras suplen la misma con combustibles líquidos que provienen —también— del mercado desregulado. El 30 % restante de la oferta lo demandan usuarios residenciales, comercios y GNC, abastecida por el sector regulado, transporte y distribución. Por eso son la clave: las tarifas de gas natural y de energía eléctrica, dependen necesariamente del sector desregulado.

Salario vs. tarifas

Si bien las tarifas de gas natural se mantuvieron por debajo de las de la región, la evolución del salario fue negativa: en 2017 retrocedió 6,8% en dólares con respecto al inicio del gobierno de Cambiemos. Es decir que un trabajador que destinó 30 dólares en 2017 para pagar 200 m3 mensuales significa que pagó 161% más que en 2015 y destinó un 6,2% del salario, mientras que en 2015 ese porcentaje fue de 2,2%.

Los ajustes al alza del servicio público de distribución de gas natural desde diciembre de 2015 hasta ahora fue del 660%, y a lo largo de 2018, para los usuarios, las subas en gas rondaron el 77,6% (32% en abril y 34,5% en octubre).

El precio del gas en boca de pozo también impactó en la generación eléctrica donde el aumento fue 46,3% (18% en enero y 24,4% en agosto).

Estos dos ajustes potenciaron otro aumento: el servicio de agua que aumentó un 26% durante abril del año pasado para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Humor social

El largo y tortuoso camino en repecho de las tarifas, modificó el humor social. Ese cambio de opinión resultó una aplanadora electoral. Pero no fueron solamente las tarifas.

Alta inflación, disparada de la divisa, caída de las ventas, altas tasas de interés, aumento de la desocupación y desatención de los sectores más vulnerables formaron una silenciosa, contundente y
negativa opinión. El gobierno la percibió tarde y no pudo revertir la inercia cuando decidió postergar la aplicación de los ajustes hasta después de
las elecciones. Las provincias productoras hicieron rápido los números y más que rápido retiraron el apoyo al Gobierno nacional.

En abril Energía había anunciado que “durante los meses de invierno habrá un descuento del 22 por ciento en el precio del gas, que los usuarios pagarán en las facturas de los meses de verano, los de menor consumo”.

“Esto, se indicó, permitirá aplanar la factura final entre los meses de invierno y verano”, y “el costo de postergar estos pagos será absorbido por el Estado nacional. El aumento aplicado desde abril y escalonado en tres meses, (10 % en abril ; 9% por ciento en mayo y 8% en junio es el último del año”. Dijo Lopetegui y agregó “el aumento de octubre no lo vamos a hacer y en diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en enero".

El secretario recordó que “hay dos componentes para la tarifa: la cotización del dólar y el precio del gas; hay una diferencia en el dólar, pero algo se va a compensar con el precio del gas”. Dijo Lopetegui quien agregó que “el precio del gas en teoría debería bajar, ya que está a U$S 4,55 por millón de BTU mientras el precio del dólar estaba fijado a $ 41, y ahí sí hay diferencia” (por la constante devaluación).

Costo

La medida tendrá un costo para el Estado del orden de los $ 4.500 millones, considerando la compensación (subsidio) a las empresas distribuidoras por los meses en los cuales deberán financiarse por no percibir la facturación total.

De ese monto, $ 2.000 millones correspondieron a la decisión de aplicar la suba en cuotas, contra lo que sostiene la resolución del Enargas y los 2.500 millones restantes correspondieron al descuento temporario del 22 % que se aplica entre julio y octubre.

Las cuentas públicas se verán además muy afectadas por el incremento de los subsidios que resulta de la constante devaluación del peso en relación al dólar.

Rentabilidad empresaria

La política tarifaria aplicada por la gestión Cambiemos de “sinceramiento” tarifario que se inició en 2016 dio muy buenos resultados empresarios. Las ventas al mercado de las distribuidoras, aumentaron en promedio un 42,9% anual entre 2016 y 2017, volviendo a los valores de facturación —medido en dólares corrientes— muy similares al promedio de fines de la convertibilidad.

Y esto pese a una ralentización en la incorporación de nuevos usuarios y con un consumo del sistema en 2017, muy parecido al de 2015, a pesar de tener una caída de 6,1% en el consumo residencial. Metrogas, Naturgy y Camuzzi Pampeana, en 2017 entregaron el 50,2% del gas natural a usuarios residenciales y el 49,7% de todo el gas entregado por las nueve distribuidoras del país, mientras que abastecen al 62,1% de los usuarios residenciales y al 61,8% de todos los usuarios del país. Es preciso recordar que entre 2002 y 2011, las ventas se mantuvieron relativamente estables en dólares, con una alza promedio del 1,7%.

El motor de esos números fue el aumento de la demanda (1.700.000 nuevos usuarios) del sistema, que dio un 3,9% anual acumulado con un 47% de crecimiento de la demanda para todo el período, según puede desprenderse de la información del ENARGAS.

En el período 2012 y 2015 —que incluye un ajuste tarifario en el 2014— las ventas se incrementaron un 2% anual acumulada pese a la ralentización del ritmo de incorporación de nuevos usuarios que para ese período fue de 2,1% anual (contra un 2,9% del periodo anterior).

La rentabilidad promedio en dólares en el final de la convertibilidad para Metro, Naturgy (Gas Ban) y Cauzzi) fue de 15,7%, mientras en 2002 pasó a ser de 4,8%.

Lo que puede venir

Alberto Fernández ya anunció una revisión de la actual política tarifaria de los servicios públicos y habló de “desdolarizar” las tarifas.

Es preciso señalar que la tarifa se forma con tres componentes: la remuneración por transporte, la remuneración por distribución y el costo del gas natural en el PIST. Tanto la distribución como el transporte están regulados por el ENARGAS, mientras que el precio del gas natural, está desregulado.

Una de las facultades del regulador es autorizar —o no— el pass through, es decir el pase a tarifa del componente dolarizado. Los sectores regulados, no pueden obtener ganancias por la compra del producto que requieren para prestar el servicio.

En el pasado se “pisaron tarifas” lo que produjo un fenomenal desequilibrio de la balanza energética por la necesidad de importar miles de millones de dólares en GNL.

Energía&Negocios habló en off con algunos de los asesores de Alberto Fernández. “No vamos a cometer los mismos errores” señalan. “Comprendemos perfectamente la cuestión y tenemos presente los hechos del pasado”. Dicen también que en una etapa de fuerte restricción externa, el sector de hidrocarburos puede ser una de los motores de la economía.

Sin embargo, podrían implantar un congelamiento del precio del gas en boca de pozo, por un corto período en busca de un precio pactado con productores. La estrategia sería celebrar contratos de largo plazo con distribuidores con un precio de equilibrio que permita el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta, exportar sin desabastecer al mercado interno con precios competitivos.

Para darle seguridad a los inversores, no descartan la implementación de seguros de cambio con la banca pública y un fondo de estabilización. Los mismos asesores en estricto off, manifestaron que el precio del gas en boca de pozo podría ubicarse en US$ 2.8/3.0 . “Ese precio apalancado por un seguro de cambio o un hedge con títulos públicos da bien para Vaca Muerta” y agregaron “produciremos y exportaremos gas natural y GNL” .

“Además, queremos competencia por comparación e incentivos para las subastas” agregó la fuente. A priori, la situación no será confortable para los productores, sin embargo los informantes sostienen que si los productores comprenden la estrategia, podría tratarse de una oportunidad única.

VAD y VAT

El sector regulado podría sufrir una revisión de las tarifas. Según trascendió piensan en un “camino institucional” donde los entes serían mucho mas activos en materia regulatoria. Podrían recurrir a los Art. 46 y 47 de la 24.076, que habilitan al ENARGAS a una revisión de las tarifas de Transporte (VAT) y Distribución (VAD), que podría volver a ser ser integral, abriendo debidamente los costos y donde se revise la base tarifaria (valor capital) sobre la que fueron establecidas.

Las tarifas se revisan integralmente cada cinco años como requiere el sistema “price cap” de fijación de tarifas. “vamos hacer las cosas con las herramientas que otorga la ley” dijeron las fuentes. “Vamos a modificar el indice de ajuste del VAT y VAD porque no es posible que supere la indexación del salario de los argentinos.” sostuvieron.

Renovables

“Respecto de las políticas de energías renovables, también las vamos a revisar. No es posible que el despacho prioritario y lo que se remunera eleven los costos de generación del modo que lo están haciendo.” Manifestaron. Otra medida complementaria serían los incentivos para bajar consumos mediante créditos para eficiencia energética.

Tecnología termosolar para reducir el consumo y créditos para reposición del parque de artefactos a gas argentinos la mayoría ineficientes y obsoletos. “Esto movilizará muy fuertemente la industria pyme.” concluyeron las fuentes.

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