Refinadoras aseguran que, pese al congelamiento, es normal su abasto de combustibles

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El subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, mantuvo una reunión con representantes de las empresas refinadoras-comercializadoras de naftas y gasoils para pasar revista a los datos en materia de producción y distribución de estos combustibles líquidos y analizar las condiciones de abastecimiento al mercado local.

Esto en el marco del congelamiento de precios de combustibles por 90 días dispuesto por el gobierno nacional hace un par de semanas a través del DNU 566/2019, que además establece para las empresas del rubro la obligación de garantizar el abastecimiento.

Casares se reunió con directivos de la “línea técnica” de YPF, Shell, Axion, y otras con menor participación en el mercado local (por caso Trafigura), pero al menos las tres más importantes le aseguraron que su procesamiento de combustibles y otros derivados es el habitual, y que no han tenido problemas de abasto a sus redes de estaciones de servicio y otras bocas de expendio.

En cuanto a su participación en el mercado interno, en julio YPF rondó el 56 por ciento en naftas y 57 % en gasoils; Shell el 21 en naftas y 19 en gasoil; Axion el 18 en naftas y 21 en gasoil.

A pesar del bajo perfil con la prensa, trascendió el desagrado que provocó esta medida dispuesta por el gobierno pocas horas después de la derrota electoral en la PASO,  y se interrogan acerca de si será posible que la secretaría de Energía revise al menos parcialmente los criterios y precios vigentes en el transcurso de los tres meses que regirá el DNU.

Mientras tanto, desde YPF, la petrolera integrada de mayoría accionaria estatal, han calculado en 120 millones de dólares mensuales el impacto negativo en los ingresos por este rubro de actividad.

Otro interrogante es cómo se saldrá de esta medida el día 91 considerando el esquema de precios libres que la Administración Macri activó a principios de 2018, alineado con  los precios internacionales del petróleo. En base a este esquema los precios locales están quedando retrasados al punto en que el litro de nafta se ubica ahora en torno a los 85 centavos de dólar, contra un promedio internacional de 1,10 dólar.

Incluso, no se descarta que el tema termine por ser resuelto por un posible nuevo gobierno de otro signo político. Y si fuera el caso de Alberto Fernandez, ya anticipó que dicho esquema será revisado (desdolarizado).

El congelamiento también comprende al precio del barril de crudo para los productores, lo que afecta las cuentas de las provincias con hidrocarburos por el menor ingreso vía regalías petroleras.

El DNU 566 establece que las entregas de petróleo crudo en el mercado local durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida deben ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de 45,19 pesos por dólar estadounidense ( hoy en 57 pesos) y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril.

Esto último, viene a sumarse a otros reclamos que realizan los gobernadores de casi todas las provincias por los menores recursos coparticipables que padecerán por la  eliminación del IVA sobre diversos productos, y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Medidas que el gobierno nacional dispuso si consultar a las provincias, afectando sus presupuestos.

En los últimos días un total de 16 provincias realizaron presentaciones judiciales buscando retrotraer las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que afectan fondos de la Coparticipación Federal de impuestos.

El Gobierno del Chubut (Mariano Arcioni) presentó a través de Fiscalía de Estado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los decretos 561 y 567 del Gobierno Central.

La presentación procura se declare la “inconstitucionalidad de los Decretos 561/2019 y 567/2019, como así también la nulidad de cualquier acto administrativo, condenando al Estado Nacional a restituir a la provincia una suma equivalente a la disminución en la masa a distribuir de los fondos coparticipables (ley 23.548).

Las presentaciones ante la Corte fueron realizadas tanto por Chubut como por las provincias de Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan.

Además, pidieron una cautelar "urgente" para que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no se retraigan los recursos de los fondos coparticipables.

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