ECONOMÍA & POLÍTICA

La política y la economía obligaron a postergar plazos para el Gasoducto Vaca Muerta-Salliqueló

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En un contexto político, económico y financiero de alta volatilidad, la Secretaría de Energía oficializó una prórroga por 60 días -hasta el 12 de noviembre próximo-, de la fecha para presentar ofertas en la licitación nacional e internacional convocada mediante la resolución 437/2019 para construir el Gasoducto troncal desde Vaca Muerta a Salliqueló, proyecto que tiene un costo estimado de 800 millones de dólares.

Se trata de la primera de dos etapas de un proyecto que contempla llegar luego con el ducto hasta San Nicolás de los Arroyos (norte de Buenos Aires) y que implica una inversión adicional de U$ 1.200 millones.

La cartera a cargo de Gustavo Lopetegui justificó la decisión “en virtud de la solicitud de prórroga efectuadas por Pan American Sur SA a fin de elaborar los estudios y la documentación que satisfaga los requerimientos del pliego (el 21 de agosto), y por Transportadora de Gas del Sur SA a fin de contar con un mayor plazo para un mejor análisis y preparación de su propuesta (el 27 de agosto)”.

Bastante más acá de tal argumento, y tras conocerse la decisión gubernamental, diversas fuentes empresarias del sector consultadas por Energía&Negocios coincidieron en señalar que ésta obedece a la falta de condiciones políticas necesarias,”propias de un gobierno en retirada”, en alusión a un casi seguro cambio de escenario a partir de diciembre próximo y la necesidad de conocer que criterio aplicará el nuevo gobierno en el sector energético.

No obstante, las fuentes admitieron que ya antes de las elecciones PASO del 11 de agosto la Administración Macri afrontaba dificultades para conseguir el crédito necesario para este tipo de proyectos.

De hecho, el esquema previsto por Energía contemplaba financiar 400 millones de dólares con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES,  que los empresarios interesados en el ducto pusieran 200 millones, y que los 200 millones restantes fuera aportados por la agencia estadounidense de inversiones (OPIC).

La muy alta tasa de riesgo crediticio para el país, por el elevado nivel de endeudamiento y la inviabilidad de pagos, tornan imposible el acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura en general.

Así las cosas, las chances de que dentro de sesenta días pueda avanzarse en esta licitación parecen más bien remotas.

Mientras tanto, desde las principales empresas del sector se procuran contactos con referentes del Frente de Todos en el rubro energético. Uno de ellos, Guillermo Nielsen, las hizo saber que un gobierno de Alberto Fernández considera relevante el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales alojados en Vaca Muerta.

Pero necesitan precisiones acerca del rol que tendrán el sector privado y el Estado nacional en este rubro, definiciones que no estarán hasta después del 27 de octubre.

La construcción del nuevo gasoducto, sistema a cargo de una Transportadora de Gas del Centro,  fue pensada para evacuar en el invierno de 2021 la creciente producción de gas natural en la Cuenca Neuquina, expandir el abasto del mercado interno, y también para exportar vía ductos, y a mediano plazo como GNL.

La nueva instancia política demandará necesariamente un compás de espera hasta que el nuevo gobierno se haya activado y defina prioridades, también en este sector.

Mantener o modificar el proyecto del Gasoducto de Vaca Muerta-Salliqueló-San Nicolás, hacerlo con participación privada mediante un régimen especial de precios dolarizados por diecisiete años como el que se ha diseñado; realizarlo con financiamiento estatal siguiendo el modelo GNEA, o dejarlo de lado para reemplazarlo por la expansión paulatina de los sistema de gasoductos existentes (a cargo de TGN y TGS), son variables que ahora no deben descartarse.  

La herencia en esta industria comprenderá además a cuestiones tales como la política de precios para el petróleo local y para los combustibles (actualmente congelados por 90 días), y las tarifas de los servicios públicos (por caso del suministro de gas y electricidad) que un posible gobierno de AF analiza desdolarizar.

En la transición, diversos especialistas consultados auguran un aletargamiento en la producción de crudo y gas, convencional y no convencional, aunque procurando no entrar en colisión con los intereses de los gobernadores de las provincias petroleras ni con los gremios del rubro, para preservar la paz social y los convenios laborales específicos como el que rige para las operaciones en Vaca Muerta.


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