Las claves para comprender la realidad del sector regulado de los servicios públicos de energía en un momento de crisis y las propuestas para encauzar exitosamente una próxima etapa que anuncia otro modelo económico
Escribe Alberto Montebello
En estos días de convulsión económica abundan los pases de factura entre candidatos, funcionarios y empresarios en todos los sectores y en particular, en el sector energético, tan proclive a la presión de los despachos oficiales.
No hay ni acuerdos ni lealtades dentro del espacio que hoy gobierna, y los otrora populistas parecen haberse vuelto más pro mercado que el propio gobierno.
Los gobernadores que apoyaban al gobierno, aparentemente asesorados por ex funcionarios, han arreciado sus críticas contra las medidas que, con toda lógica, tendían a congelar la situación hasta 5 minutos antes del resultado de las PASO.
Aparecen caricaturas (memes) del presidente pidiendo consejos a la oposición de cómo perfeccionar las medidas populistas de acá hasta el 27 de Octubre.
Sin embargo de triunfar en las elecciones, la actual gestión actualizará, a principios de 2020, todos los precios y tarifas siguiendo a rajatabla el modelo dolarizado con el que habían llegado hasta las PASO. Obviamente la sociedad ya conoce las intenciones del actual Presidente aunque se intenten disimular con medidas cosméticas y retórica pura.
Lo que no conocemos es lo que hará Fernández una vez ungido presidente. Y más importante aún es que sea él quien lo tenga más o menos en claro. Porque ya no se trata de ganar una elección, sino de poder gobernar un país con una economía incontrolable, con crisis externa y de financiamiento público recurrentes, que cíclicamente desata crisis cambiarias e inflacionarias, cada vez más agudas. Además, los bajos niveles de inversión resultan insuficientes para generar crecimiento económico y reducir la pobreza.
Parece haber un sendero más o menos viable por el que pretende transitar Fernández y esto lo ha expresado con claridad. Primera condición, estabilizar la economía para luego poder crecer. Segundo, pactar un acuerdo con el FMI, que una vez más ha demostrado que sus planes son recesivos e inviables.
Tercero, que la inflación no es un proceso mono causal y por tanto no es fácil de controlar, como la ha demostrado la experiencia internacional.
Cuarto, y aquí nos detendremos, que las tarifas de los servicios públicos deben fijarse acorde a la capacidad de pago de los consumidores.
Argentina ha pasado por un largo ciclo de congelamiento tarifario que ha dado pésimos resultados. Esa, desde luego, debe ser una lección aprendida, máxime cuando la falta de inversión acentuó el desbalance de divisas de la cuenta de energía, y hoy día cada dólar generado internamente es una luz en el camino hacia la salida de la crisis.
Pero es igualmente cierto que la escalada tarifaria que procuró recomponer rápidamente la ecuación del lado de la oferta, pero generó una enorme restricción presupuestaria a los usuarios, sometidos a un proceso de destrucción de empleo, en un contexto económico que privilegió la inversión especulativa.
De esta experiencia posiblemente se derive otra conclusión para el Plan Económico futuro, que se suma a la inviabilidad del ajuste tarifario instantáneo o a la gestión del FMI para coordinar acciones económicas ante la ausencia de un Plan vernáculo:
Argentina no puede tener una apertura plena de la cuenta de capital porque el carry trade (especulación con la tasa de interés) se lleva puesta la actividad económica.
Si queremos poner como modelos otros países de la región (como Chile) se debe tener en cuenta que ha mantenido un control de los flujos especulativos, que en el caso argentino debiera ser aún mayor, aunque ciertamente, manteniendo distancia de la concepción de cepo cambiario del final del kirchnerismo.
¿Es posible desdolarizar las tarifas?
La pregunta entonces es ¿como evitar que los impactos cambiarios afecten los precios de consumidores que cobran en pesos? Debemos tener presente que son actores privados globalizados quienes invierten indistintamente en Argentina o en otra parte del mundo, tomando el valor dólar y su retorno como referencia.
La respuesta no es independiente del punto de partida. El año 2020 encontrará a la Argentina en una fase expansiva de la producción de energía. Nota al pie: entre los acuerdos que vienen estableciéndose en la sociedad, tanto Kicillof como Aranguren-Iguacel parecen haber coincidido en que el modelo de desarrollo del No Convencional requirió altos subsidios para entrar en su fase de desarrollo, algo que EE.UU. consiguió con precios elevados de mercado entre los años 2005 y 2007.
Ahora bien, la situación global actual se caracteriza por mercados energéticos más integrados y con abundancia de gas natural (en 2018 se produjo el récord histórico de crecimiento de oferta de gas por el aporte del NC de EEUU, según Reporte de BP 2019), con costos locales marginales de explotación reflejados en la posibilidad de exportar LNG a un valor netback del orden de los 2.5/2.8 US$/MMBTU, siendo 2.8 US$/MMBTU el valor promedio del gas Henry Hub de los últimos 4 años, y que es una cifra sustancialmente menor que el que se había fijado en el mercado doméstico para el gas residencial, en abril 2019, cuando la expectativa de cotización del dólar era de 41$ (4.55 US$/MMBTU a ese tipo de cambio).
En definitiva, a la pregunta de si es posible desdolarizar las tarifas, la respuesta formal podría ser afirmativa, pero en rigor de verdad, para que la inversión en explotación de gas no se detenga la respuesta es no.
Y es mucho más NO que lo que era con el modelo de explotación convencional, que hundía capital para una explotación de largo aliento (el modelo caracterizado por el Oportunismo Contractual), dado que hoy día la explotación NC requiere inversión permanente pues en el momento que se deja de invertir, instantáneamente caería la producción y aumentaría el déficit energético con impacto en la balanza comercial y fiscal. Algo que Argentina tiene vedado si como dice su principal candidato a gobernar, el objetivo es la estabilidad y luego el crecimiento.
La pregunta entonces es cómo desdolarizar tarifas sin hacerlo. En otros términos, como evitar la excesiva volatilidad. Sencillo no es, pero en primer lugar, reconociendo la concentración del mercado gasífero, es necesario establecer un precio negociado de largo plazo que fije un compromiso entre productores y distribuidores, para asegurar la demanda prioritaria y la oferta asociada. Naturalmente que ningún precio de referencia podrá escapar a la referencia en moneda fuerte, y tampoco podrá hacerlo en forma sostenida si no se estabiliza la macroeconomía.
Una vez fijado ese precio de largo plazo, vinculado a su costo de largo plazo (que sería el resultado provisto por un mercado competitivo, si este fuera el caso), es el Estado quien deberá dar garantía de estabilidad cambiaria al productor. Y esa estabilidad sólo es posible a partir de un Plan Económico consistente.
Asimismo, no es viable ni deseable que las variables de indexación de las tarifas (principalmente los componentes no transables) superen la indexación de los salarios, ya que como bien lo dijo el candidato del Frente con Todos, las tarifas deben estar relacionadas al poder de compra de los ciudadanos (lo que ha sido establecido por la Corte Suprema en 2016 como límite a los aumentos tarifarios descomunales de ese año).
La idea de colateralizar el compromiso del Estado a partir de la tenencia de bonos de la deuda pública estatal en poder de las empresas, tal como lo ha planteado YPF, es un camino a explorar, y que puede ser apropiado. Otra idea, pero siempre en base a una macro estabilizada, o en vías a su estabilización, es la conformación de Fondos de Estabilización de precios de la energía, tal como aplican Chile y Perú. En este caso la apuesta desafiante es la de identificar el precio de equilibrio estacionario de largo plazo que sea capaz de arbitrar en un Fondo Anticíclico. Pero insistimos en que ello requiere estabilidad de precios o un sendero de desinflación.
Los mecanismos de subasta, que ya han comenzado a experimentarse, van sin duda en la dirección correcta, pero en ese caso hay que avanzar en generar verdadera competencia en sectores tan concentrados como los del gas natural y los combustibles líquidos. De hecho en 2018 se han escrito informes para la CNDC que señalaban las barreras a derribar en pos de generar mayor competencia en mercados altamente concentrados.
Finalmente, y no por ello de importancia menor: es fundamental que se promueva la reducción del consumo unitario, alentando el re equipamiento. Efectivamente el crédito para la eficiencia energética debe ser una meta prioritaria de la banca nacional, y los incentivos tarifarios deberían alinearse de alguna forma en pos del re equipamiento y la reducción del consumo específico.
En síntesis, entre las lecciones aprendidas en los últimos 50 años tenemos que:
1. No se puede desvincular completamente el precio local de la energía del costo económico;
2. No se puede bajar la inflación de golpe;
3. No se puede llevar de golpe el precio de la energía a valores internacionales;
4. Si se pueden generar mecanismos que fijen tarifas locales en pesos;
5. Las condiciones de inversión y sostenibilidad económica son el puntapié inicial para la consistencia de políticas sectoriales;
6. Si bien la deuda contraída con el FMI es legítima, y los desembolsos pendientes debieran ser parte de las fuentes de financiamiento, no resulta viable, a la luz de la experiencia histórica, que sea el FMI quien fije metas y prioridades dentro de un Plan de Estabilidad de largo plazo.
